Desde la campaña presidencial, López Obrador dejó clara su intención de llevar el desarrollo y los empleos “a todos los rincones de México”. Objetivo loable y socialmente deseable con el que nadie tendría por qué estar en desacuerdo. Pero entonces López Obrador anunció su plan para lograrlo, y una pequeña dosis de sensatez bastó para anunciarnos por adelantado la calidad de gobierno que nos esperaba si Morena ganaba la presidencia. Y henos aquí.
En palabras textuales del entonces candidato, el anuncio para detonar el desarrollo regional decía: “…debemos buscar crecimiento parejo a lo largo de todo el país, y por eso vamos a llevar a cabo este plan de descentralización; Educación va a estar en Puebla, Salud en Guerrero, Pemex en Campeche, CFE en Chiapas, Economía en Monterrey, SCT en San Luis Potosí, las secretarías van a estar en todo México, no en la capital”.
Siguiendo el estricto protocolo metodológico aplicado por el gobierno morenista para la definición de los grandes proyectos públicos (dos de los principios del protocolo son: privilegiar sin cuestionar la ocurrencia del día; y prohibido evaluar las inversiones públicas con base en su rentabilidad social de largo plazo), el que presentaron como un ambicioso plan de descentralización de la administración pública quedó reducido, desde su concepción y por los alcances del mismo, a un programa de mudanzas. Sí, a la mudanza de las oficinas de las dependencias públicas a donde las quisiera poner el entonces candidato.
Y en aquellos días algo hizo que el humor del candidato cambiara y entonces, aplicando con rigor el protocolo metodológico morenista, hizo un nuevo anuncio. Informó que Defensa y Marina ya no se trasladarían a Jalisco y Veracruz, sino que se quedarían en la CDMX; que el SAT se iría a Mexicali y no a Nuevo Laredo, y que Nafinsa se iría a Torreón y no a Guanajuato. Punto.
El programa de mudanzas fue imbuido desde el inicio con otras metas aspiracionales, pues además de llevar el crecimiento y los empleos a todos los rincones de México, lo presentaron como el catalizador que descentralizaría a la administración federal sacándola de la Ciudad de México.
Pero veamos, aunque resulte un poco ocioso hay varios temas que comentar. En cuanto a la ilusión de “llevar el crecimiento y los empleos a todos los rincones del país”, hay que decir que los efectos económicos multiplicadores de mudar las oficinas de las dependencias del ejecutivo, cuyo trabajo es básicamente administrativo, a otras ciudades serían muy pequeños en casi todos los casos. Podrían ser diferentes sólo en el hipotético caso en el que se lograra la mudanza de varios cientos de empleados a una ciudad relativamente pequeña, pues habría un choque de demanda de vivienda que elevaría los precios de venta y renta, lo cual beneficiaría a los propietarios, pero no generaría ni desarrollo económico ni crearía nuevos empleos.
Lo que sí genera un programa de mudanzas como este, son impactos psicoemocionales y sociales en las familias de los empleados desplazados. Cambiarse de ciudad por capricho de alguien más puede ser una experiencia estresante y negativa para muchas personas, especialmente para niñas, niños y adolescentes que tienen que dejar atrás amigas y compañeras de escuela en edades en las que las y los amigos son lo más importante, así como para familias que ya tienen su vida organizada con otros trabajos, con las escuelas de los hijos o que tienen que cuidar de parientes mayores o enfermos.
Por si no fuera suficiente, en este México profundamente polarizado por diferencias económicas, por el color de la piel, por preferencias sexuales, por razones de género, por regionalismos y hasta por preferencias políticas, la integración de las familias que llegan a otros lugares sería particularmente difícil.
Hace unas semanas se dio una noticia relacionada con esto. El hombre que asegura que trabaja como secretario de salud anunció diligentemente que, para cumplir con la orden del presidente, la secretaría había empezado a mudarse a un edificio en Acapulco, que fue donado por el gobierno de Guerrero, aunque la orden inicial era que se mudaran a Chilpancingo.
Poco importó para él y para su jefe que todavía estemos sufriendo los estragos de la pandemia, que de acuerdo con los especialistas independientes del gobierno estemos acercándonos a los 800 mil muertos por covid-19, que no se haya resuelto el crítico e inhumano desabasto de medicamentos y que el sistema de salud esté desquiciado y con muy severos rezagos de atención a miles de pacientes con enfermedades graves que no han podido ser atendidos por la emergencia de la pandemia.
Para ellos fue más importante cumplir con un capricho anunciado que no desperdiciar recursos públicos y no desconcentrar de sus tareas a decenas de funcionarios para organizar la mudanza, a pesar de la urgencia de necesitarlos para que se focalicen en las acciones necesarias para reorganizar y restablecer cuanto antes los servicios de salud.
La estimación de los costos económicos, sociales y ambientales de las decisiones que este gobierno dejará a la maltrecha sociedad mexicana tomará tiempo y muchos esfuerzos, pero esos costos serán sin duda colosales. Resulta claro que las decisiones de cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir la central avionera del norte, la refinería de dos Bocas, las contrarreformas en materia de energía y el tren maya se llevarán la mayor parte, pero hay otras decenas de acciones que también contribuyen al desperdicio sistemático de los recursos públicos, lo cual es criminal en un país con tantos millones de personas viviendo en la pobreza. Una de esas acciones es la no planeada, caprichosa, innecesaria e inútil mudanza de las oficinas públicas.