Opinión

Moral

"Dime de qué presumes y te diré de qué careces" dice un refrán olvidado por el gobierno federal. | Adolfo Gómez Vives

  • 28/03/2021
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Hablar de moral es hablar de valores en abstracto. De normas no escritas que pueden diferir de persona a persona. Su eventual inobservancia no puede ser motivo de sanción, porque no son creación de un poder legislativo.

Las normas morales pueden ser discutibles. Su aprehensión sólo puede darse a través de la persuasión, nunca de la manipulación o el engaño. Su relevancia social radica en que sus componentes axiológicos pretenden el desarrollo armónico de la sociedad. Por eso la ética la ve como su objeto de estudio.

La moral de la sociedad no es de la incumbencia del gobierno. Los valores que el gobierno debe preservar son de otro orden. Para eso están las normas jurídicas. Éstas contienen sus propios componentes axiológicos y su inobservancia sí deriva en sanciones de carácter administrativo o penal.

Que los gobernantes usen la palabra "moral" en sus discursos cotidianos no los convierte automáticamente en dechados de virtudes. Tampoco se gobierna desde la moral. Se gobierna desde la observancia estricta de las normas jurídicas y, al hacerlo, probablemente se cumplan criterios de valoración moral.

Los gobernantes no deberían hacer ni más ni menos que lo estrictamente establecido en las leyes. De eso va el principio de legalidad tan pisoteado por estos días. Que la Secretaría de la Defensa Nacional intervenga en la construcción de un tren, sucursales del Banco del Bienestar y un aeropuerto, atenta contra el principio de legalidad, pues no tiene atribuciones para ello. Para eso está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que delimita las competencias de cada dependencia del Ejecutivo.

Que el instituto armado esté detrás de la Guardia Nacional también es otro fraude, pues se vulnera el principio establecido en el primer párrafo del artículo 129 constitucional que textualmente dice: "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".

Más lamentable aún es el hecho de que un elevado porcentaje de gobernados vea con buenos ojos la posibilidad de que el gobierno pudiera ser encabezado por militares. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENDUCE) precisa que el 40.1% de los gobernados estaría "muy de acuerdo" o "algo de acuerdo" en que los militares asuman el poder.

Ocurre lo mismo con el deterioro de los servicios de salud que se viene presentando desde el inicio de esta administración. El desabasto de medicamentos es un hecho criminal que ha afectado de manera particular a menores enfermos de cáncer.

De acuerdo con el reporte de la plataforma Cero Desabasto 2020, elaborado por el Colectivo Cero Desabasto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) "encabeza las listas en la omisión de quimioterapias y en la falta de medicamentos para enfermedades oncológicas (ciclofosfamida), inmunosupresoras (biktarvy, stribild) y trastornos mentales (metilfenidato y valproato de magnesio), además de falta de insulina y clopidogrel para pacientes hipertensos y con diabetes".

Desde luego, sobresale también el elevado número de fallecimientos por la pandemia como consecuencia del manejo negligente y del discurso contradictorio entre el presidente de la República y su vocero Hugo López-Gatell Ramírez, por más que éste califique a aquél de "fuerza moral".

Las obligaciones fundamentales del subsecretario de Salud son la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Ambos conceptos forman parte del derecho humano a la protección de la salud, tutelado por el artículo 4o constitucional.

Y aunque le moleste, la difusión de las cifras de enfermos y fallecidos es un asunto de interés público que no puede ser ignorado por los medios. Su negligencia criminal ha provocado más de 200 mil decesos oficiales, lo que implica una cifra superior a las 550 mil defunciones, si tomamos en cuenta el factor de subregistro establecido por la propia Secretaría de Salud.

No hay respeto a la división de poderes ni a la legalidad, cuando se ataca al árbitro electoral pretendiendo con ello controlar a una de las instituciones garantes de la democracia. No puede agitarse la bandera de la moralidad en los ataques orquestados desde las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión.

No hay moral cuando se pretende imponer como candidato a un sujeto vinculado a la delincuencia organizada y con denuncias pendientes por delitos de abuso sexual. Y tampoco la tiene la candidata por Morena al gobierno de Nuevo León, relacionada con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, condenado a 120 años de cárcel por delitos sexuales.

Gobierno que presume de ser moral carece absolutamente de dichos valores.

Recortes

En marzo de 2018, más de 25 alumnas de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García denunciaron ser víctimas de acoso sexual en dicha institución. Ante la "tibia" reacción de las autoridades contra el alumno agresor, realizaron diversas manifestaciones que pretendían, entre otras cosas, que la escuela contara con un protocolo de atención a víctimas de ese delito. En una de esas reuniones, quien se ostentaba como "representante legal" de la Septién las amenazó con denunciarlas "por terrorismo". Hoy, ese sujeto de nombre, Raymundo Mucio Adame Villalobos encabeza a la Asociación Cultural Carlos Septién García, A.C., órgano de gobierno de dicha escuela. ¡Enhorabuena!

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