Main logo

Minería informal de oro: Otra vertiente del crimen organizado (I)

Las organizaciones criminales se han acercado cada vez más al negocio de la minería.

Por
Escrito en OPINIÓN el

Un reciente informe da detalles de cómo el crimen organizado ha cooptado la minería informal de oro en América Latina, generando enormes riquezas ilícitas, así como violencia, corrupción y destrucción del medio ambiente de la región. Lamentablemente en México operan redes criminales que se han instalado en comunidades en donde la minería es un modo de vida.

 

El informe denominado “El crimen organizado y el oro extraído ilegalmente en América Latina” fue realizado por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional: Una red con cerca de 100 expertos mundiales y regionales independientes que trabajan en derechos humanos, democracia, gobernabilidad y cuestiones de desarrollo, donde el crimen organizado se ha vuelto cada vez más relevante.

 

Dos factores influyeron para que el crimen organizado viera como un negocio rentable a la minera ilegal: El alza de los precios del oro y la llamada guerra contra las drogas. De acuerdo con el informe, en Colombia y Perú las ganancias por la exportación ilegal de oro fueron tan rentables que excedían las obtenidas por el tráfico de cocaína.

 

En el caso de México, según cálculos de la ONG este negocio ilegal ha registrado un incremento en los últimos años, los especialistas estimaron que actualmente el 9% del oro extraído es controlado por cárteles y grupos del crimen organizado, una cifra nada despreciable, sobre todo si consideramos que en el año 2013, nuestro país obtuvo 5 mil 400 millones de dólares en ganancias por la exportación de oro legal. Es decir que ese año se obtuvieron alrededor de 486 millones de dólares como beneficio de la minería ilegal.

 

En los últimos años, las organizaciones criminales se han acercado cada vez más al negocio de la minería, en entidades como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas, el cobro de derecho de piso y robos a las empresas mineras, así como la extorsión y el secuestro de los trabajadores mineros es ya una realidad desde hace varios años, situación que ha elevado los costos por seguridad de empresas del sector y detenido algunos proyectos mineros.

 

La organización internacional señala que los principales cárteles de la droga que operan y mantienen este tipo de control en México son: Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Los Rojos y el cártel de Sinaloa. Éstos trabajan con distintos mecanismos que van desde la extorsión, el robo y el secuestro de empleados, hasta esquemas más sofisticados -en ocasiones- coludidos con las propias mineras, con las cuales por medio del comercio del oro lavan miles de millones de dólares provenientes de otras actividades ilícitas.

 

Las pérdidas del negocio de la minería ilegal no solamente son económicas, los costos medioambientales y humanos son irreparables, ya que al no estar regularizada esta práctica se conduce a la deforestación y a la contaminación con mercurio y cianuro de las fuentes de agua potable cercanas a los yacimientos, así como al desplazamiento forzado de la mano de obra y al tráfico sexual.

 

Finalmente entre las múltiples conclusiones del informe destacan los numerosos mecanismos nacionales e internacionales que se podrían implementar en contra de la minería ilegal de oro, y las posibles razones de por qué los gobiernos latinoamericanos no han logrado poner en práctica para controlar esta problemática, que en nuestro país va en aumento, con graves consecuencias para los asentamientos y comunidades instalados alrededor de las minas.

 

Los mecanismos disponibles para combatir la minería ilegal se pueden dividir en cuatro áreas generales: La legislación en los países importadores y exportadores, los acuerdos internacionales, las iniciativas del sector privado y los grupos de acción de la sociedad civil. Estos mecanismos cubren desde las leyes internas de los Estados hasta las convenciones de las Naciones Unidas y apuntan a las violaciones laborales y ambientales, la corrupción, el tráfico de mano de obra, el tráfico sexual, el lavado de dinero, la financiación de los grupos armados y la transparencia de la cadena de suministro.

 

Además de estas opciones punitivas, también incluyen programas de certificación de las minas como productoras responsables y que promocionan la venta de oro de manera ética, aplicando estrategias similares como el Proceso de Kimberley: aprobado por la ONU en 2003, mediante este programa se pretende combatir el tráfico de los llamados: “diamantes de sangre” que son aquellos diamantes obtenidos en una zona de guerra, mediante el uso de esclavos o personas en régimen de semiesclavitud.

 

Sin embargo, el informe señala que los esfuerzos para combatir la minería ilegal han sido contrarrestados por diversos motivos, tales como que los convenios internacionales no han sido firmados, o bien no son aplicados, o por los enormes retos logísticos que implica rastrear el oro a través de las cadenas de suministro, entre otras. Mientras tanto, las empresas mineras, sus empleados y las comunidades que les rodean siguen padeciendo los ataques del crimen organizado.

 

Leer: Minería informal de oro: Otra vertiente del crimen organizado (II)

 

simon@inprincipioeratverbum.com.mx

@simonvargasa

facebook.com/simonvargasa

Linkedin: simón-vargas-aguilar

www.inprincipioeratverbum.com.mx

*Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n

@OpinionLSR