La militarización, primero de la seguridad pública y ahora de otros ámbitos de la administración pública, es un proceso expansivo que trastoca la relación cívico militar, donde estos últimos deben estar supeditados a los civiles.
La participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública tiene como fecha de inicio el año de 1996, con la entrada en vigor de la Ley general que establece las bases de la coordinación nacional de Seguridad Pública, y cierra un ciclo en noviembre de 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.
Desafortunadamente con el actual gobierno las cosas se agravan en lo que toca a la militarización.
El 26 de marzo de 2019 se publicó la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional (GN) y se estableció en el artículo 21 que “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional…”
Y de manera excepcional se determinó en el quinto artículo transitorio de la misma reforma que: “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
A la par se estableció un plazo de cinco años para desarrollar policías civiles profesionales y confiables en todo el país.
Respecto de lo primero, lo que ha sucedido durante el desarrollo de la GN es la integración de una institución formada por militares y administrada por los mismos. La GN es una institución militar que se aparta de lo establecido en la reforma.
Mientras que la excepción constitucional se volvió la regla a consecuencia del decreto, del 11 de mayo del 2020, mediante el cual el presidente López Obrador estableció que las Fuerzas Armadas serán policías hasta el 27 de marzo del 2024 e ignorando por completo la tarea de desarrollar las policías civiles que el país requiere.
A lo anterior se suma que el presidente sigue encomendando a las Fuerzas Armadas diversas tareas, que van desde la construcción de aeropuertos, el control de migrantes o bien se les escriture las obras parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Frente a esta militarización creciente, el Colectivo #SeguridadSinGuerra hizo un llamado de atención a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y la controversia constitucional interpuesta por la diputada Laura Rojas como presidenta de dicha cámara (https://bit.ly/3vYPjll) para que revise la constitucionalidad de estas medidas.
¿Las ministras y Ministros de la Suprema Corte estarán a la altura de este desafío?