Opinión

Militarización y destrucción institucional

La cuestionada militarización de la seguridad pública atenta contra derechos humanos y pone en evidencia la fragilidad de las instituciones del Estado.

  • 31/08/2020
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El 30 de mayo de 2019, el Diario Oficial de la Federación publicó la Declaración de Invalidez de la Ley de Seguridad Interior, que había entrado en vigor menos de tres años antes. Sus preceptos buscaban dar continuidad a la ilegalidad iniciada por Felipe Calderón Hinojosa, relativa a la participación del Ejército Mexicano en tareas de combate a la delincuencia organizada.

Meses antes, durante la campaña 2018 a la Presidencia de la República, el entonces candidato por el Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, habría de reiterar lo que venía diciendo desde la contienda de 2012: que sacaría al Ejército de las calles.

En un video que data del 6 de febrero de ese año, se le escucha a López Obrador decir textualmente: “tenemos que ir sacando al Ejército de las calles. El Ejército no está preparado para esta función; es otro su encargo: es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército. Es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército. Tenemos que ir regresando al Ejército, en la medida que se va profesionalizando la Policía. Ese es mi plan. Creo que nos va a llevar seis meses el ir regresando al Ejército para que sea la nueva policía federal la que se haga cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública”.

Pero las cosas, como se sabe, ocurrieron de otro modo. Ya en el poder, López Obrador ordenó la extinción de la Policía Federal y la consolidación de un mecanismo jurídicamente válido pero tramposo en su andamiaje, por el cual logró que el Ejército Mexicano realizara funciones de seguridad pública, a través de la creación de la Guardia Nacional, cuyos integrantes son mayoritariamente elementos transferidos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

Su personal carece de preparación policial; es decir, desconoce protocolos de uso de la fuerza, el funcionamiento del sistema penal acusatorio adversarial, respeto a los derechos humanos de las personas en conflicto con la ley, protección de la cadena de custodia, observancia del debido proceso, entre otras materias relativas al quehacer policial profesional. Su vinculación administrativa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es sólo una pantalla que oculta la lógica de mando dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, han venido advirtiendo de la posibilidad de que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional violen derechos humanos durante sus actuaciones en tareas de seguridad pública, en razón de la nula formación policial de sus elementos.

La opacidad ha sido otra constante de ambas corporaciones. Desde el inicio de esta administración, la Secretaría de la Defensa Nacional ha optado por recurrir a mecanismos de dilación y opacidad respecto de la información concerniente a la preparación de los elementos transferidos a la GN.

A las solicitudes de información números 0000700224018 y 0000700224118, referentes a la capacitación de sus elementos en temas como el conocimiento de los derechos humanos y el dominio del sistema penal, el instituto armado contestó, primero con ampliaciones de plazo y luego con respuestas que remiten al contenido de “programas de promoción y fortalecimiento de derechos humanos y derecho internacional humanitario”, pero sin atender la petición de fondo, relativa al número de cursos impartidos a sus elementos, en temas de derechos humanos y capacitación en el sistema penal acusatorio.

El video dado a conocer por el periodista de El Universal, Íñigo Arredondo, en el que se aprecia el actuar de elementos del Ejército Mexicano durante un enfrentamiento con supuestos integrantes de la delincuencia organizada, contiene elementos inquietantes —como lo es la ejecución de tres personas presuntamente secuestradas— hechos que deben ser investigados por el Ministerio Público Federal y no por la propia Secretaría de la Defensa quien, en todo caso, está obligada a rendir información veraz del actuar de sus elementos.

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, ha confirmado lo que se temía desde su ilegal arribo a dicha dependencia: mediante comunicado de prensa DGC/267/2020, le ha pedido a la Sedena “realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas”, cuando correspondía a este órgano autónomo el investigar la probable violación de derechos humanos.

La consigna de López Obrador: “al diablo con sus instituciones” cobra hoy día un peligrosísimo significado, pues en los hechos la militarización de la seguridad pública y sus resultados evidencian la perversa continuidad de las medidas creadas por Calderón Hinojosa.

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