Opinión

Militarización sin resistencias

A pesar de los riesgos de su involucramiento con la delincuencia organizada y la violación de derechos humanos, la militarización avanza. | Adolfo Gómez Vives

  • 02/11/2020
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El próximo sábado habrán transcurrido 29 años del asesinato de siete agentes de la extinta Policía Judicial Federal, perpetrado por elementos del Ejército Mexicano, en un lugar conocido como el Llano de La Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz.

Los policías Roberto Javier Olivo Trinker, Juan José Arteaga Pérez, Ernesto Medina Salazar, Oscar Hernández Sánchez, Miguel Márquez Santiago, Francisco Zuviri Morales y Abel Ángel Acosta Pedroza, habían egresado recientemente del Instituto de Capacitación de la Policía Judicial, cuando fueron acribillados, mientras los presuntos narcotraficantes “se les escaparon” a los elementos del Ejército Mexicano, que realizaban labores de destrucción de pistas clandestinas, sin coordinación con el Ministerio Público Federal, como correspondería.

El episodio del Llano de La Víbora es un referente obligado de los efectos negativos de la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.

Desde 1988, cuando el presidente de la República decidió inconstitucionalmente la incorporación de las fuerzas armadas al Sistema de Protección Civil, académicos y analistas hicieron patente su preocupación por las repercusiones que podría tener el involucramiento del Ejército en funciones que no forman parte de sus atribuciones y para las cuales sus elementos no tienen la preparación adecuada, pues la lógica militar difiere diametralmente de la policial y ministerial.

Asimismo, el involucramiento de algunos de sus elementos con el narcotráfico ha sido una constante. Allí está el caso de los Zetas, cuyos fundadores fueron elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, o el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de proteger al desaparecido narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mientras aquél era titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Y más recientemente, la aprehensión del general Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, acusado de propiciar el tráfico de estupefacientes y el “lavado” de dinero.

También están los señalamientos de violaciones a los derechos humanos, como en el caso Tlatlaya o la ejecución ocurrida el 3 de julio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuyo video fue dado a conocer por El Universal. Y más preocupante aún, el homicidio de una mujer, a manos de elementos de la Guardia Nacional, mientras se manifestaba en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua.

Sin embargo, lejos de replantearse la posibilidad de discutir y, eventualmente, limitar a la brevedad la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, al Ejército Mexicano se le siguen dando atribuciones que abiertamente contravienen el espíritu del artículo 129 constitucional, respecto de que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Es el caso de la publicación, en el Diario Oficial, el pasado 23 de octubre, del Acuerdo por el que se asignan a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, las funciones de Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso.

Lo preocupante del contenido de este acuerdo es que, en adelante, los elementos de la Guardia Nacional —que no son otra cosa sino el Ejército con otro uniforme— tendrán participación directa en los procesos penales, cuando se deba decidir si un imputado debe ser sometido a prisión preventiva oficiosa o si, por el contrario, puede ser sujeto de alguna medida cautelar.

La militarización en el país, a partir de la presente administración, ocurre de manera sigilosa y disfrazada, a través de la Guardia Nacional. Es momento de que la sociedad civil organizada y la oposición en el Congreso comiencen plantear mecanismos de presión, a efecto de revertir los efectos perniciosos de la presencia del Ejército en cuestiones tan delicadas como el proceso penal, frente a un gobierno que se empecina en pisotear la Constitución y las leyes que nos rigen.

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