El pasado 26 de noviembre se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Honduras, donde los dos contendientes principales son el actual presidente Juan Orlando Hernández y “el señor de la televisión”, Salvador Nasralla Salum.
El primero pretende repetir su mandato por un periodo más, lo anterior contando con la reforma al artículo 239 de la Constitución de ese país, misma que suprimió la prohibición de la reelección, condición que imperaba desde el año 1982; el segundo contendiente posee una larga trayectoria como conductor de concursos y comentarista deportivo de la televisión hondureña.
El apretado resultado de los comicios electorales celebrados en Honduras, hasta el momento, favorece por un mínimo margen al candidato oficialista, quien aventaja a su contraparte por poco más de 50 mil votos con aproximadamente el 99 por ciento del escrutinio efectuado, dicha circunstancia ?como en prácticamente cualquier contienda electoral? desencadenó una serie de denuncias mutuas por fraude y la proclamación unilateral de victoria por ambos candidatos, pese a que el Tribunal Electoral todavía no ha confirmado un ganador oficial.
En ese escenario se desencadenó una crisis política que se trasladó a las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las principales ciudades de Honduras, donde los partidarios de uno y de otro optaron por la confrontación violenta entre ambas partes para presionar e inclinar la balanza hacia cada uno de los bandos en conflicto.
Como era de esperarse, desde el poder, se orquestó la represión con el empleo de la fuerza pública, mientras tanto, la oposición sigue convocando a sus simpatizantes a manifestarse en la calle contra el gobierno en lo que han definido como una elección de Estado.
Es en este punto de conflicto, encono y violencia que destaca la postura que ante tal contingencia han asumido las fuerzas del orden público.
Huelga de brazos caídos
Resultado verdaderamente ejemplar la reacción de los cuerpos policiales, quienes se han negado a someter al pueblo hondureño, manifestándose en contra de las órdenes de represión política, convocando incluso a una “huelga de brazos caídos” para evitar tanto lacerar a los manifestantes, como cercenar sus derechos políticos. Todo ello sin dejar de asumir su papel fundamental como garantes de la máxima proteger y servir, en contraposición al cariz que dictadores y gobernantes inmorales les otorgan como instrumentos para agredir y reprimir a los ciudadanos ante situaciones electorales que no les favorecen.
Este mismo efecto se pudo observar con la policía de Cataluña, denominada los “Mozos de Escuadra”, quienes se negaron a reprimir a los votantes catalanes el 1 de octubre de este año en el referéndum independentista, pese a la orden del gobierno central español de impedir a cualquier costo la manifestación democrática de la ciudadanía, retirando urnas, cerrando casillas electorales, desalojando y dispersando con violencia a los votantes. Las fuerzas del orden catalanas se abstuvieron de participar en este compendio de tropelías, empero no dejaron de dirigir sus esfuerzos a mediar ante la cometida de los elementos de la policía nacional española.
La consecuencia post-electoral hasta ahora en Honduras ha sido de violencia y muerte, por lo menos 9 fallecidos y más de 500 heridos como resultado de las posiciones antagonistas exacerbadas, todo ello ante los ojos atónitos de los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, quienes piden calma, mesura y flexibilidad para solucionar lo más pronto posible las impugnaciones electorales ante el tribunal, debido a la falta clara de un ganador en la contienda.
Sin embargo, dichas apelaciones a la paz y la tranquilidad no parecen hacer eco entre las partes, quienes intensifican dicho conflicto electoral con declaraciones y acciones incendiarias, mientras el depuesto expresidente Manuel Zelaya denunció la militarización de las elecciones, el gobierno de Orlando Hernández sin miramientos decretó el toque de queda, por lo que los ciudadanos no pueden salir de casa después de las 6 de la tarde so pena de ser arrestados.
Una advertencia ante la Ley de Seguridad Interior
Lo que pasa en Honduras es sólo una advertencia de lo que puede ocurrir cuando se polariza la sociedad y se militarizan los procesos electorales.
En México la ley de seguridad interior es un mal presagio hacia ese terrible escenario, debido fundamentalmente a que se trata de la renuncia de las obligaciones en materia de seguridad por parte de las autoridades civiles, otorgando a los militares ampliamente esta tarea, todo ello, sin los mecanismos, sanciones y controles necesarios, revistiendo de legalidad su actuar, pero no necesariamente de legitimidad.
Todo ello resulta oportuno, ante la víspera de las elecciones presidenciales del año entrante, que una vez más prometen una férrea pelea al partido oficial por parte de los candidatos de oposición, empero las irregularidades y fraude sin límites en las elecciones en nuestro país siguen siendo el principal obstáculo para la realización de elecciones libres de contubernios y desconfianzas.
Tenemos entonces que en el marco de la aprobación de la ley de seguridad existe una clara simulación con causa ratificante, condonatoria y compensatoria hacia las fuerzas armadas que se han mantenido por viciosos mandatos presidenciales en las calles por casi doce años con saldos lamentables y con efecto fortificante para la clase gobernante mexicana, que ante el eventual descontento social o contingencia electoral puedan servir como instrumento de contención y represión para preservar el status quo a toda costa y sin miramientos de ningún tipo.
Ante ese posible panorama, podemos intuir que se asoma la peor crisis electoral de la historia moderna en nuestro país, sin embargo, la pregunta no deja de perfilarse en torno a cómo podrían actuar las fuerzas del orden en México y si estas estarán a la altura de las circunstancias como en Cataluña y Honduras.