La militarización no es un tema nuevo. Desde 2006 las tropas salieron a las calles a combatir a la delincuencia organizada, sin embargo, pese a estar inmersos por más de 11 años en la “guerra contra el narco”, esta estrategia no ha podido disminuir el trasiego de drogas ilícitas ni la violencia del crimen organizado.
Los índices de violencia que se registran en México por el contrario se han disparado exponencialmente, lo que coloca a nuestro país en el panorama internacional como una de las naciones más peligrosas del mundo, con una tasa de homicidios que compite con la de países con conflictos abiertamente bélicos.
Varios expertos han señalado la peligrosidad de la Ley de Seguridad Interior aprobada en el Congreso de la Unión, desoyendo los reclamos de grupos de la sociedad civil, de la ONU e incluso de la CNDH, advirtiendo del autoritarismo, del auto atentado a los principios republicanos, pero, sobre todo, del riesgo de que se repitan crímenes como los de Tlatlaya o la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Con esta nueva Ley se abre la posibilidad de legitimar una nueva era de “guerra sucia” como la que se vivió en Guerrero en los años setentas y que bajo su amparo se silencien a las voces críticas que se atrevan a defender sus ideas y principios u oponerse al régimen.
Es innegable que ante los actuales índices de violencia y criminalidad que se registran en nuestro país se requiere una respuesta firme de las Instituciones del Estado y reglamentar la intervención en tareas de seguridad de nuestras Fuerzas Armadas, sin embargo la legislación aprobada, como lo he señalado en otra colaboración, dejo varios cabos sueltos, confusiones y un gran margen de discrecionalidad en el Ejecutivo federal que puede ocasionar excesos y acciones represivas, utilizando a la institución que cuenta con el mayor reconocimiento social.
En el Gobierno federal se han adoptado decisiones precipitadas y efectistas que se han caracterizado por la militarización, sin embargo, tales determinaciones no siempre se han adoptado al amparo de un proceso de reflexión estratégica y de cambio interno que comprenda e incida en todas las estructuras de decisión y operación del propio Gobierno, dando como resultado un incremento desmedido en los principales indicadores de violencia.
Por nuestra parte, creemos que, de nueva cuenta, la Administración Federal equivoca su estrategia, combatir la violencia sin planeación estratégica y con más violencia va contra toda lógica, es inconcuso que México requiere paz, pero el proceso de pacificación no se va a generar por sí mismo o por inercia y, mucho menos por acciones violentas desde el Gobierno.
El proceso de pacificación, contrario a lo planteado por la Ley de Seguridad Interior, debe seguir la lógica de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático desde lo municipal, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica, para alcanzar una autentica seguridad ciudadana, sin embargo, con esta nueva Ley se pretende todo lo contrario, ya que en lugar de establecer mecanismos de depuración y profesionalización de las policías Estatales y municipales, se pretende deslindar de toda responsabilidad imponiendo en su lugar un orden marcial.
En efecto, la estrategia de pacificación no debe tratar simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población e incrementar la seguridad ciudadana, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.
Bajo esta perspectiva, el proceso de pacificación debe iniciarse desde los gobiernos municipales, puesto que al ser estos la institución de mayor proximidad social resulta ser la adecuada para estructurar los mecanismos necesarios para abatir la violencia y la inseguridad; mediante acciones de políticas públicas, que construyan y refuercen la convivencia interpersonal, la prevención del delito y la contención de la violencia en la perspectiva de contar con una propuesta de largo plazo nacida y asumida por la ciudadanía.