Los vasos comunicantes, los canales de diálogo oportuno y preciso, las señales, los encuentros, las entrevistas, los llamados de atención, los reclamos y al final la advertencia.
¿Qué falló en el camino para que dos gobiernos consecutivos ignoraran, menospreciaran o malentendieran los llamados de los secretarios de la Defensa y de Marina advirtiendo que los soldados no eran policías, que los marinos estaban para otras labores y misiones, que la tropa de tierra no fue creada para investigar y perseguir delincuentes, sino para liquidar enemigos?
¿En dónde quedaron los mensajes y los emisarios hablando de los vacíos legales, de las lagunas jurídicas y de la verdadera insuficiencia, de la endeble cobertura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio a la fuerzas armadas a finales de los noventas para operar contra el narco con base en seis tesis de jurisprudencia que en realidad avalaban una dinámica contradictoria en la Constitución Política del país?
Lo demás, los daños colaterales, los abusos, las 112 Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitidas a la Sedena y las 22 a la Marina en el sexenio calderonista (más las 13 contra la Marina y 6 contra el Ejército en lo que va de este gobierno) no son menores, pero podrían pasar a segundo plano si el diferendo entre el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y el secretario de la Defensa no se enfría a la brevedad.
Esto debe ocurrir cuanto antes y de manera clara, abierta, para evitar que el justo reclamo desdibuje ya la delgadísima línea de la indisciplina.
El general Cienfuegos anticipó desde hace dos o tres años que las cosas se estaban complicando de fea manera para las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico.
Poco a poco fue abriendo el abanico del reclamo hasta llegar a una especie de ultimátum pragmático, en el que la metáfora de las dos manos alzadas al aire en señal de retorno inmediato a los cuarteles podría pasar también por la de una suerte de rendición anunciada ante la cual la clase política siempre hizo oídos sordos.
Cienfuegos no ha perdido la menor oportunidad para alertar y emitir la queja para colocar en la agenda de los medios el penoso caso del apoyo legal, jurídico y sustantivo para continuar en las calles combatiendo a la delincuencia organizada.
Las quejas del general en ese sentido no son nuevas. Han ocurrido desde el inicio del sexenio.
Por ejemplo, el 15 de marzo de este año el general Salvador Cienfuegos Zepeda declaró en Torreón, Coahuila, que la incursión de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico fue “un error” y que atacar este fenómeno debió ser un tema de los civiles.
El Ejército le entró y entonces debió resolver un problema que no nos tocaba, porque las corporaciones policiacas estaban corrompidas, añadía el titular de la Sedena en el marco de una reunión de Seguridad de la Zona Noreste.
En julio del año pasado, en entrevista con el diario Excélsior, el general Cienfuegos volvía al tema de la controvertida permanencia del ejército en las calles y lanzaba al aire una pregunta a todos los destinatarios posibles: ¿Quién quiere relevar al Ejército?
El secretario recordaba entonces que la labor de combatir a los cárteles y ver de qué forma se va dando el regreso de la tropa a sus cuarteles, es responsabilidad de toda la sociedad civil.
“Soy el primero en desear (la) vuelta a los cuarteles”, agregaba Cienfuegos.
En mayo de este año, el secretario concedió varias entrevistas en las que se quejó de varias cosas, entre ellas de los ataques y críticas constantes enderezados hacia la institución armada desde grupos de la sociedad civil y desde varios medios de comunicación dentro y fuera del país.
El general recordaba que se cumplían ya 10 años de que se había iniciado el patrullaje militar intenso en diversos puntos del territorio nacional e insistía en que los militares cumplían funciones para las que no estaban hechos.
El 30 de noviembre, en una charla con reporteros en las instalaciones de la 7ª Zona Militar, en Escobedo, Nuevo León, el general insistía en que había sido un error desde el principio estar en la lucha antidrogas y añadía que hoy todos estábamos pagando la factura por haber olvidado a los policías, por haber dejado de hacer cosas en estos años en el tema de la seguridad.
Ahí mismo Cienfuegos tocaba un tema alterno en el que nadie había reparado. Habló de las nuevas formas para apoyar con militares la reorganización policiaca. Le preguntaron al general si se firmarían convenios para que la Policía Militar se desplegara en zonas conflictivas de Monterrey.
El secretario dijo que eso ya no iba a ser posible, no como se hacía antes, mediante convenios, porque el nuevo Código de Procedimientos Penales no permite convenios y solo deja la puerta abierta para llegar a Acuerdos de cooperación. Ya no es como antes, recordaba Cienfuegos.
Ningún senador o diputado, ningún secretario del gabinete de seguridad puede decirse sorprendido por el endurecimiento en las declaraciones del general, porque esto venía creciendo.
Era inevitable el manotazo militar, tanto así que los legisladores reaccionaron a la primera. Saltaron en sus tibias y mullidas curules para hacerla tarea al cuarto para las doce, y el tema ahora es que no legislen presionados, al vapor, sobre las rodillas, tratando no de solucionar un gran problema, sino de dejar contento al general Cienfuegos (y de paso el taciturno almirante Vidal Soberón Sanz).
De nueva cuenta, ¿fallaron los contactos legislativos entre civiles y militares o estos en realidad sólo se activan y florecen cuando se trata de pedir dinero, de buscar incrementos presupuestales para seguir adelante con misiones que no le corresponden a soldados y marinos?
¿A qué se dedicaron durante estos cuatro años los senadores Fernando Torres Graciano (PAN), presidente de la Comisión de Defensa Nacional, y Ricardo Barroso Agramont (PRI), presidente de la Comisión de Marina?
¿Qué hicieron en sus ratos libres los diputados Virgilio Daniel Méndez Bazán (PRI), general de División en retiro y presidente de la Comisión de Defensa en San Lázaro, así como Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (Movimiento Ciudadano), presidente de la Comisión de Marina?
Aquí el caso es más tortuoso, porque la Sedena tiene en la Cámara de Diputados a un general de División que tiene relativamente poco tiempo de haber pasado a retiro (en 2014, cuando era ni más ni menos que Subsecretario de la Defensa Nacional) para convertirse en legislador (aunque sea de rebote) con la misión de impulsar ciertas iniciativas en favor de su alma mater.
Ni una cosa ni la otra pudo hacer el general Méndez Bazán, salvo empujar con su bancada una impopular y peligrosa iniciativa para militarizar en mala hora la fracturada y corrompida estructura policial del país.
El asunto se descompone más cuando recordamos que Méndez Bazán era íntimo amigo del padre del presidente Peña Nieto y que su cercanía con el hoy presidente le valió para llegar a la subsecretaría antes de pasar a retiro y de ahí a la bancada del PRI en San Lázaro.
El problema es que detrás del estallido de Cienfuegos no hay nada más; no existe una estructura policiaca a nivel nacional que vaya a retomar el control de la seguridad en ningún nivel, ni en el mediano ni en el largo plazo.
Sólo nos quedan los militares, con su despliegue inconstitucional, su manto jurídico de cristal, su creciente indisposición a efectuar operaciones de alto impacto -porque ahí les viene el fantasma de los derechos humanos (que no están entrenados doctrinariamente a respetar)- y mejor no le entran porque hasta en la cárcel andan terminando (lo dijo Cienfuegos).
¿Qué sigue?
¿Adecuar el marco jurídico para que la milicia siga haciendo lo que ha hecho pero con un verdadero aval constitucional?
¿Cuáles han sido los resultados del despliegue?
De acuerdo con El Universal, “en 10 años de guerra contra el narcotráfico el gobierno ha gastado un billón 138 mil 838 millones 971 mil 996 pesos para intentar garantizar la seguridad de la población, pero ha sido insuficiente para evitar que los civiles se vean afectados”.
Una investigación del diario señala además que “al tomar posesión como presidente, Felipe Calderón Hinojosa recibió un presupuesto de 56 mil 816 millones 900 mil 254 pesos, destinados a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina Armada de México (Semar) y a la entonces dependencia de Seguridad Pública (SSP)”.
En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que en esta década de guerra al narco se han registrado 173 mil 897 homicidios dolosos, de diciembre de 2006 a octubre de 2016.
Las filas militares también han sufrido el embate de una guerra sin planeación y sin sentido, en la que el narco se ha fragmentado, dividido, crecido y conserva intactas sus estructuras financieras de lavado, trasiego y ocultamiento de dinero por la vía de alianzas de las que nadie sabe nada porque ningún gobierno se ha atrevido a tocarlas.
En las Fuerzas Armadas, dice El Universal, “también se han registrado bajas: la Sedena reporta, del 1 de diciembre 2006 al 1 de diciembre de 2016, 490 muertos, y datos de la Semar informan que en 10 años de combate contra el narco han fallecido 77 de sus elementos”.
Respecto al número de desaparecidos, el último reporte del SESNSP reconoce 29 mil 136 personas no localizadas de 2007 a octubre de 2016; 28 mil 212 corresponden al fuero común y 924 al federal, añade el reporte del diario https://goo.gl/XH917I
-¿Cómo van a garrar esta guerra?, le pregunté alguna vez al general Guillermo Galván.
-¿Cuál guerra?, contestó.