De manera acuciosa, las organizaciones civiles Artículo 19-Oficina para México y Centroamérica y el Centro de Análisis e Investigación, Fundar A. C., han documentado el gasto gubernamental en publicidad oficial que tradicionalmente se usa para incidir en las líneas editoriales de los medios de comunicación, afectando gravemente el periodismo independiente, el derecho a la información y por ende la calidad del debate democrático.
En su más reciente informe, las organizaciones hallaron que en lo que va de este sexenio el presidente Peña Nieto ha gastado más de 37 mil millones de pesos, lo que significa un 71 por ciento más de lo aprobado en este rubro por parte del congreso. Esa cantidad ingente de recursos públicos equivale a lo que se ha destinado entre 2015 y 2016 para la atención y prevención de desastres naturales. La mayor parte de ese dinero han ido a parar a las arcas de las dos principales televisoras comerciales del país, Televisa y TV Azteca, y para el periódico El Universal en prensa.
Durante décadas ha habido una demanda social para poner límites al escandaloso gasto de nuestro dinero (sí, nuestro, porque lo aportamos vía impuestos) para que no sea utilizado para premiar o castigar a los medios de comunicación para dar coberturas informativas favorables a los intereses de los gobiernos en turno.
Esa presión social originó que Peña Nieto en sus promesas de campaña incluyera su reglamentación, pero se quedó en eso, en una promesa. Dos años más tarde, con la reforma constitucional en materia electoral del 2014, se incluyó el artículo tercero transitorio que mandataba al Congreso a elaborar y expedir la ley reglamentaria en materia de comunicación social marcada en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución que a la letra dice:
?La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La fecha límite para la ley reglamentaria era el 30 de abril de 2014, pero ambas cámaras del congreso fueron omisas para cumplir con tal obligación. Ante esta omisión legislativa, Artículo 19
interpuso en 2014 un juicio de amparo bajo la figura del interés legítimo por la violación al derecho a la libertad de expresión, en la medida que la publicidad oficial funge como un mecanismo de restricción indirecta al no tener normas que impongan límites a su uso indebido.El amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ser resuelto por la Primera Sala. De acuerdo al proyecto de sentencia se propone conceder la protección constitucional a la organización para efectos de que el Congreso de la Unión legisle en materia de publicidad oficial a más tardar el 30 de abril del próximo año.
De aprobarse en sus términos el proyecto de sentencia marcaría un avance histórico, ya que hasta el momento como ciudadanía no habíamos logrado mecanismos específicos para combatir la omisión legislativa en esta materia. El proyecto está listado para su votación este miércoles 15 de noviembre y plantea que la ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto de comunicación social en los distintos niveles e instancias de gobierno, constituyéndose en un mecanismo de restricción o limitación indirecta a la libertad de expresión.
Además, determina que la falta de reglas claras y transparentes bajo las cuales se asigna el gasto de comunicación social, propicia el uso de recursos fiscales de manera discriminatoria y desigual al favorecer a medios afines a las posiciones del gobierno y pueda negar el acceso a esos recursos (o simplemente se amenace con limitarlo) a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno, lo cual contraria lo determinado en el artículo 7º de la constitución y el 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos que determinan la prohibición de las restricciones indirectas a la libertad de expresión.
Sobre tales argumentos se reconoce que nuestro dinero puede ser utilizado por los distintos gobiernos para censurar a determinados medios de comunicación independientes y críticos, por eso se ha movilizado en redes el hashtag #MiLanaNoEsMordaza, y creo que refleja claramente el sentimiento de agravio que tenemos como sociedad por la utilización de los recursos públicos para moldear la agenda informativa y de la opinión pública de acuerdo a los intereses gubernamentales. En otros temas
El próximo 17 de noviembre la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) renovará su presidencia del Comité Directivo, gracias a Jorge Fernando Negrete por su labor durante dos años intensos de trabajo y bienvenida a Ana Lilia Vélez, reconocida académica de la Ibero Puebla, quien asumirá el nuevo cargo.
El jueves 23 de noviembre se llevará a cabo el Foro Libertad de expresión y derechos a la información en México y América Latina en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habrá dos mesas de análisis: Diversidad y Pluralismo mediático: Procesos de Concentración en América Latina con la presentación del Estudio sobre concentración infocomunicacional en América Latina elaborado por OBSERVACOM con los investigadores Guillermo Mastrini y Martín Becerra y Los Derechos de las Audiencias en México y América Latina, un Diagnóstico sobre los derechos de las audiencias en la región latinoamericana. Convocan la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y el Observatorio Latinoamericano, de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM). Allí nos vemos a las 9 de la mañana.