Opinión

Migrantes, bomba de tiempo

Los migrantes caribeños, y centro y sudamericanos han comenzado a desesperarse y ya no quieren quedarse anclados en Tapachula. | José Luis Castillejos

  • 13/09/2021
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México vive hoy una de las crisis humanitarias más graves a nivel mundial, agudizada por la pandemia por el nuevo virus SARS-CoV-2.

La administración de Andrés Manuel López Obrador no sabe, literalmente, qué hacer y tiene una bomba de tiempo en sus manos.

En vez de una salida concertada con los gobiernos de los países de donde proceden los migrantes ha optado por la represión.

En los últimos días se ha registrado un excesivo uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

Están documentadas las agresiones hacia defensores y periodistas que están monitoreando y acompañando a las caravanas.

Adicionalmente organismos pro derechos humanos han denunciado la dilación en los procedimientos de solicitud de asilo y regularización migratoria.

Esta situación orilla a los migrantes a vivir en condiciones precarias provocando la segregación económica y social.

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) explicó, a través de un pronunciamiento, que la agenda de migración y protección internacional requieren que los

Estados prioricen en sus políticas los principios de solidaridad y de cooperación internacional para humanizar la gobernanza de la movilidad internacional.

Urgió retomar los principios de la Resolución 4/19 aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, que particularmente destaca que los movimientos migratorios requieren formas de protección diferenciada e individualizada.

Considerar aquellas experiencias locales identificadas como buenas prácticas como ejemplos para la atención, así como línea base para abonar a la construcción de propuestas integrales con enfoque de derechos y de forma intersectorial e intersecretarial, precisó.

Recordó la urgencia de establecer mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y los municipios para garantizar condiciones dignas en los albergues y lugares habilitados para la estancia de personas en contextos de movilidad, atendiendo a las diversas condicionantes que agravan su situación de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, pidió garantizar el acceso a oportunidades laborales, a la salud y educación de quienes se vean en la necesidad de tener una estancia prolongada en México.

Simultáneamente se deben generar mesas de trabajo para la construcción interdisciplinaria de políticas públicas que den atención de fondo a la crisis migratoria que actualmente se vive.

El organismo humanitario refrendó su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como para el trabajo conjunto, y contribuir al análisis y construcción de políticas públicas integrales dirigidas a garantizar los derechos de estos grupos de población y promover su inclusión e integración en México y la región.

La FMOPDH hace un llamado a las autoridades para garantizar los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y promover políticas para su inclusión e integración en México.

El tema migratorio y de protección internacional son dos de los principales temas de la agenda global de derechos humanos y en los últimos años ha cobrado mayor fuerza en los países de la América Latina y El Caribe, en donde México no ha sido la excepción, anotó.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) estima que al término del año, espera recibir 100 mil solicitudes de asilo, lo que significa una cifra histórica.

A su vez, la Unidad de Política Migratoria, ha registrado hasta julio de 2021 un total de 117,052 eventos de detención migratoria, lo que representa un 42% más que el total de detenciones realizadas durante 2020.

Estados Unidos ha continuado con su política de expulsión de personas migrantes no sólo mexicanas, sino de otras nacionalidades a México, bajo el argumento de mantener las medidas sanitarias ante la pandemia de covid-19 (conocida como Título 42). Ello sumado a la posibilidad de reactivarse el programa "Quédate en México", obligando a miles de solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en la frontera norte mexicana.

Este contexto es tan solo una muestra de las situaciones que abonan a la crisis que se está viviendo en el país, y que ha forzado a miles de personas a movilizarse hacia otras ciudades de la República Mexicana , para buscar soluciones a su situación jurídica, económica y social, en la que se ha observado una vulneración de sus derechos.

Ante los acontecimientos recientes en torno a personas en contextos de movilidad que se encuentran en la frontera sur, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) externa su preocupación y demanda políticas claras en la materia por parte del gobierno de AMLO.

Los Organismos Públicos de Derechos Humanos que integran la Federación instaron al gobierno federal, gobiernos locales y demás autoridades relacionadas en el tema a tomar cartas en el asunto en un tópico que se ha convertido en una bomba de tiempo.

El fenómeno migratorio rebasó a las autoridades. Los migrantes caribeños, y centro y sudamericanos han comenzado a desesperarse y ya no quieren quedarse anclados en Tapachula, a la espera del reconocimiento de su estatus migratorio.

En lugar de ello han optado por emprender largas y peligrosas caminatas y hoy ya se ven a haitianos, principalmente en municipios del centro de Chiapas como Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Chicoasén, Copainalá, entre otros en un intento por llegar a Tabasco, y de ahí irse por el Golfo de México.

Ignoran, sin embargo, los migrantes que en esa ruta los esperan mafias del narcotráfico de quienes serán carne de cañón para la extorsión y trata de personas.

Y en este río revuelto, los taxistas están haciendo su agosto, y bandas de traficantes que operan desde la frontera cobran un promedio de dos mil a cuatro mil dólares por llevar a los migrantes hasta la frontera norte.

Urge, en ese contexto,  aplicar una serie de medidas a fin de evitar problemas mayores, de resonancia mundial.  

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