En política todas las decisiones tienen consecuencias y algunas pueden llegar a ser incalculables. Esto es algo que parece no comprender el gobierno federal al asumir con simpleza escalofriante las decisiones de política exterior ante las amenazas del presidente Donald Trump.
Todo indica que con el “Acuerdo” nuestro gobierno falló en las cuatro fases de toda decisión de política exterior: la del análisis de la situación; la de la determinación de objetivos claros como resultado de una evaluación realista; la de la búsqueda de alternativas más allá de las coyunturas y del interés personal; y la de la elección de la estrategia más adecuada con base en el interés nacional. Por el contrario, se aceptaron medidas costosas y con grandes consecuencias para la vida nacional.
En primer lugar, se aceptó desplegar 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en nuestra frontera para el control migratorio, cuando ésta fuerza fue creada para combatir la inseguridad no la migración. A esta labor se sumarán el Ejército y la Marina, convirtiendo a México en el “Muro” de Estados Unidos, con graves vacíos legales e institucionales y con potenciales riesgos a los derechos humanos.
Es inconcebible que mientras que con el gobierno del presidente López Obrador se vive la peor crisis de seguridad desde que se tiene registro, con 11 mil 221 homicidios dolosos tan sólo en el primer cuatrimestre del año; la Guardia Nacional se utilice para otros fines que no sean esta situación de emergencia.
En segundo lugar, se aceptó que Estados Unidos envíe a nuestro país a miles de migrantes en tanto resuelve su situación, en un proceso que puede durar años y durante todo ese tiempo México deberá dar albergue, salud, trabajo y educación a todos los migrantes; lo cual implicará un costo altísimo.
Es increíble que mientras que en nuestros hospitales carecen de medicinas y que el 43% de los mexicanos viven en situación de pobreza (Coneval); el Gobierno acepte brindar por Estados Unidos los servicios a los cuales está obligado por sus propias leyes, cuando éste ocupa el primer lugar a nivel mundial de los países con mayor Producto Interno Bruto.
En tercer lugar, el gobierno no supo utilizar la interdependencia económica a nuestro favor. Si bien casi 8 de cada 10 productos fabricados en México tienen como destino Estados Unidos; en los primeros tres meses del 2019, México desbancó a China como su principal socio comercial. El comercio con México ascendió a 150,600 millones de dólares, mientras que con China descendió a 132,000 millones.[1]
Es por ello que en Estados Unidos muchos estaban en contra de los aranceles, pues afectarían a las empresas y consumidores norteamericanos. Ante esto asociaciones como la USA Chamber o la National Association of Manufacturers, hubieran podido ampararse debido a los daños que traerían los aranceles y a que la ley invocada para imponerlos está diseñada para castigar enemigos no para aliados económicos.
Tampoco se supo aprovechar los contrapesos de la política estadounidense. Congresistas de ambos partidos se habían manifestado en contra de la propuesta y podían detenerla, lo cual hubiera sido un fuerte revés político al presidente Trump.
Y no se supo ver el momento político. De no haber conseguido un acuerdo previo al 18 de junio, fecha en que Trump lanzará su campaña para la reelección, hubiera contado con un partido dividido y con el enojo de los consumidores. Y esto se hubiera agravado si México hubiera impuesto aranceles compensatorios (aplicados ya con éxito por los expresidentes Fox, Calderón y Peña Nieto).
Por otra parte, conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados “es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza” (art.52) por lo que el acuerdo firmado sería inválido. Si bien Estados Unidos no ha ratificado la Convención, su incumplimiento representa desprestigio internacional y ésta es considerada como derecho consuetudinario.
Tampoco se supo utilizar el multilateralismo. No se aprovecharon los foros internacionales como la ONU, UNCTAD, OECD o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Y el gobierno optó por una negociación bilateral en condiciones de desigualdad. Un claro ejemplo de esta falta de visión es la decisión del presidente de no asistir a la reunión del G20 y de en cambio enviar una carta.
Y finalmente, es también preocupante que se mantengan en secreto partes del acuerdo. Los funcionarios mexicanos lo niegan, pero el presidente Trump amenaza con hacerlas públicas en cualquier momento.
Ante este escenario es necesario que el gobierno rectifique y que mantenga una política exterior firme, con visión de estado, de largo plazo, sin sumisión u ocurrencias, y sin violentar nuestras leyes.
El presidente tiene la obligación constitucional de velar por la dignidad de nuestro país por lo que es indispensable una estrategia seria, con todas las medidas necesarias, para lograr relaciones bilaterales recíprocas, equitativas y justas, en beneficio de ambas naciones, en pleno respeto de los derechos humanos y sin cesión alguna de soberanía.
[1] https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1903yr.html