Las premisas para un migrante son atroces. Ya sea por razones económicas, de seguridad (lo que lo podría convertir en refugiado), de reunificación familiar o por circunstancias míseras de vida, la persona que abandona su hogar lo hace por causas ajenas a su voluntad, en condiciones usualmente de urgencia y siempre, con la esperanza de encontrar la posibilidad de un futuro mejor.
La migración parte del supuesto que la realidad ha superado al ser humano y éste, en su afán por escapar a ella, decide emprender un viaje incierto hacia un lugar desconocido. Es violento por lo que implica para la persona que deja su hogar, no sólo por lo que queda detrás, sino por lo que existe hacia el frente. Los migrantes latinoamericanos que van a Estados Unidos, en primer término deben cruzar por México. Y son vulnerables, sino es que víctimas, del crimen organizado, de policías, extorsionadores y coyotes. Algunas mujeres centroamericanas, incluso toman pastillas anticonceptivas ante la certeza de una violación, como letra de cambio para el pasaje.
Al llegar a Estados Unidos, si es que lo logran, se encuentran con una realidad sino tan silvestre como en México, si con una política y actitud generalizada discriminatoria y hostil. Políticas de deportación masiva, abusos y brutalidad policiaca, discriminación, separación de familias y ausencia casi absoluta de servicios públicos. Si bien lo relevante es la dignidad humana, como piedra angular de cualquier sociedad, existe otro problema no menos relevante. La incapacidad para que un grupo de casi 11 millones de personas (50% son mexicanos), pueda protestar, impugnar o movilizarse por el trato que se les brinda o por exigir el respeto elemental a sus derechos humanos. No sólo se trata del trato institucionalmente indigno, es la incapacidad para hacer algo ante ello. Es la imposibilidad de defenderse u objetar; de reclamar, de pretender algo mejor.
Todo ello, se ha manifestado en las últimas semanas ante el homicidio de tres mexicanos en Estados Unidos, por parte de sus fuerzas del Estado. Antonio Zambrano Montes, Rubén García Villalpando y Javier Canepa Díaz fueron asesinados por policías de Pasco, Grapevine y Santa Ana. Y la comunidad inmigrante impasible. No por decisión sino por imposición. Las causas de las muertes, en los tres casos, apuntan a abusos de poder por parte de las autoridades. La muerte, no fue justificada ni proporcionada.
En una sociedad como la estadounidense, estos asesinatos hubieran sido causa suficiente para que la población se manifestara en las calles; para exigir justicia y responsabilidad penal a los policías culpables. Pero no. Los mexicanos en Estados Unidos quedaron impávidos, estoicos ante los hechos; silenciosos. Basta comparar el movimiento social que generó el asesinato de Michael Brown, en Missouri y la reacción del pueblo y las autoridades.
Cuando se trata de inmigrantes, pareciera ser que son desechables. No hay culpables ni responsabilidades. Y la comunidad, que no tiene derechos, tampoco puede protestar ni exigir, ante la inminencia de una deportación o un castigo con consecuencias más trascendentes. Es el mutismo impuesto, la eliminación de la dignidad por consecuencia. Ya no sólo es el trato indigno, sin la imposibilidad de hacer algo al respecto; una doble indignidad.
La tragedia de los migrantes comienza en sus comunidades de origen y en las condiciones de su vida. Es responsabilidad de nuestro país llevar a cabo políticas para remediar la fuga de personas que escapan de sus realidades (aun cuando a partir de 2007 la migración hacia Estados Unidos ha decrecido). Y sin embargo, del otro lado de la frontera no son más que personas alienadas, inexistentes para una realidad social, dispensables.
Ya no sólo es el atentado en contra de su dignidad, es también la incapacidad para hacer algo ante ello. Es el estoicismo impuesto al migrante.