Cada vez resulta más difícil explicar las actuales condiciones de alta inseguridad y violencia en el país. Mes tras mes, autoridades y analistas coincidimos en cómo la confrontación de cárteles y bandas del crimen organizado, el aumento de armas en el mercado negro, las debilidades institucionales, entre otros factores sociales como la marginación, la desigualdad económica y cultural, mantienen viva la violencia.
También existe una coincidencia en qué debe hacer el Estado para minimizar los retos y resolver estos problemas: Construcción de instituciones apegadas a derecho, plena implementación de las normas y protocolos que regulan la actuación, minimizar el poder económico de los delincuentes, retomar la rectoría del sistema penitenciario, etc.
Sin embargo, tras por lo menos una década de crisis de violencia en el país y acciones dirigidas a atender la necesaria reconstrucción de las instituciones, los avances son incipientes y las condiciones de vida para los ciudadanos son inaceptables.
Pese a las reformas puestas en marcha en el país, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Anticorrupción o la reforma del Sistema Penal, entre muchas otras, los efectos y resultados son incipientes, como incipientes son los avances en la implementación de las mismas.
Lo cierto es que la capacitación de los servidores públicos, los insumos y las capacidades institucionales están lejos de ser las esperadas tras una década y miles de millones de pesos de nuestros impuestos gastados.
La corrupción es el elemento común que puede dar razón de que las leyes no se cumplen y los insumos no logren ser suficientes. Si policías, ministerios públicos y peritos, carecen de infraestructura, equipamiento y competencias, es porque quien tiene las riendas de los recursos y decide cómo aplicarlos, lo ha hecho de manera discrecional, poco efectiva o abiertamente los ha desviado para otros fines.
Difícil pensar que lograremos erradicar delitos como secuestro o extorsión presencial, con servidores públicos mal pagados, mal tratados, mal capacitados y mal equipados. Imposible pensar en mejoras de seguridad y justicia si el Estado tolera las actuales condiciones de corrupción, violencia y violación a derechos humanos del sistema penitenciario.
De igual manera, si se busca una explicación del por qué ciertas autoridades no intervienen para extinguir el dominio de los bienes de algunos delincuentes, o toleran el crecimiento de las actividades delincuenciales de ciertos grupos en municipios o entidades, la podemos encontrar en la corrupción.
La corrupción no es etérea ni lejana a la vida de las personas, es cotidiana y puede observarse en las carencias institucionales de un país que, en contraste, se ostenta como una de las principales economías del mundo".
El combate específico a las varias acciones englobadas en actos de corrupción debe ser prioridad para un Estado que, sólo debido a la violencia criminal, ve aumentar cada año en más de veinte mil, el número de víctimas de homicidio doloso.
Pese a esto, dudo que el combate a la corrupción esté en el interés de los tomadores de decisiones. Por el contrario, su tolerancia de una u otra manera los hace cómplices del daño que vive nuestro país. Esa tolerancia que permite que un gobernador desvíe miles de millones de pesos, que permite se otorguen permisos y plazas de manera discrecional, que atiende la voluntad de los poderosos y no lo que mandata la ley.
Nuestras autoridades toleran la aplicación parcial y a modo de la ley, toleran que los recursos federales bajados a los estados no se apliquen de la manera en que está programado, con escandalosos resultados para la sociedad. Quien debe señalar y actuar, tolera y protege, y prefiere sentarse y festejar con personas que debería estar investigando por enriquecimiento inexplicable.
Si nos queda alguna duda, tomemos como ejemplo el caso de Carlos Romero Deschamps -aunque cabe mencionar que los ejemplos sobran-, ahora senador, líder sindical de Pemex, que exhibe una opulencia digna de jeque árabe, sin que nadie lo investigue. Muchos políticos de primer nivel prefieren acudir a la suntuosa boda de su hija, antes que exigirle que devuelva lo robado y así cruzan la línea que los hace omisos y, por lo tanto, cómplices.
La corrupción nos está matando, la corrupción impide que el esfuerzo y sacrificio de tantos servidores públicos, policías, ministerios públicos honestos, se cristalice.
Mientras la corrupción mata, los poderosos festejan y, por si fuera poco, olvidan nombrar un fiscal anticorrupción que ayude a que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione. Así, dudo que logremos mejorar las condiciones de seguridad y justicia del país a costa de tantas y tantas vidas.