Opinión

Miedo a los independientes; la hipocresía democrática

En lugar de que los partidos entiendan el mensaje de irritación social y rechazo creciente en las urnas, la reacción es contraria.

  • 30/08/2015
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¿En qué se parecen los gobernadores César Duarte, de Chihuahua; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas; Mario López Valdez, de Sinaloa; Javier Duarte, de Veracruz, y Rafael Moreno Valle, de Puebla?

 

Además de su matriz priísta en términos de formación política -incluidos los casos de Sinaloa y Puebla aunque gobiernen bajo las siglas prestadas del PAN y del PRD-, los asemeja un talante autoritario con diversas manifestaciones y enfados hacia valores democráticos como la transparencia, la legalidad y no se diga, la honestidad en el manejo de los recursos públicos. De cada uno de estos gobernadores hay información suficiente sobre su conducta atrabiliaria y no son pocas las acusaciones sobre el uso indebido de sus atribuciones.

 

De reciente los une también una malquerencia hacia las candidaturas independientes. Con todo y que varios de estos gobernadores ya preparan el disfraz de independiente para alguno de sus compinches, con el propósito de diluir la irritación social en sus entidades -otro dato que los emparenta-, han ido a socavar desde los Congresos locales que controlan, las candidaturas independientes, con nuevos candados, trabas y disposiciones más restrictivas.

 

En sentido contrario a la Constitución General de la República, estos mandatarios han realizado su mejor y más descarado esfuerzo para cerrarle el paso a esta figura que emergió de la reforma constitucional en materia política aprobada por el Congreso en el 2011, publicada hasta el 9 de agosto de 2012, desarrollada en la legislación secundaria en el 2013 y recién estrenada en las pasadas elecciones del 7 de junio. En cada uno de los momentos estelares del largo vía crucis por reglamentar el derecho constitucional, todos los partidos se enredaron en la bandera del nuevo cauce para la participación ciudadana directa en las elecciones; todos proclamaron gustosos el fin del monopolio de los partidos en la postulación de candidaturas, y presentaron ante la sociedad ese logro como parte de un impulso colectivo de la madura pluralidad que habita en las cámaras del Congreso.

 

Muy pronto nos dimos cuenta que la madurez era pose; desde todos los flancos partidistas vino el arrepentimiento, o relució la hipocresía. La primera intentona fue quitar la voz a los representantes de los candidatos independientes ante los órganos electorales; ni más ni menos, se orquestó el absurdo en el Consejo General del INE.

 

Luego vinieron los resultados electorales y aunque en el conjunto de los cargos en disputa los independientes no pintaron, el triunfo de El Bronco en la gubernatura de Nuevo León, puso a temblar a varios de los espíritus facciosos.

 

En una primera etapa 17 personas se propusieron emprender la compleja empresa de ser candidatos independientes a gubernaturas; sin embargo, sólo se registraron en Baja California Sur, Campeche y Nuevo León.

 

Del mismo modo, 122 ciudadanos se apuntaron para participar en la elección de diputaciones federales. El INE aprobó a 52 personas que cumplieron los requisitos necesarios y debían obligadamente encontrar antes del 27 de febrero el apoyo de cuando menos el 2% de la Lista Nominal del Distrito por el que contenderían. Sólo 22 obtuvieron el registro.

 

Los candidatos independientes para diputaciones locales de mayoría relativa fueron 29 y estos estuvieron repartidos en 9 entidades.

 

Entre municipios y delegaciones del Distrito Federal participaron 71 candidatos independientes. Es decir, en total hubo 125 ciudadanos que compitieron por algún cargo sin el apoyo de un partido político.

 

Las condiciones de los candidatos independientes frente a los postulados por los partidos fueron inequitativas, la desproporción de apoyos y las dificultadas para alcanzar los recursos suficientes para competir, generaron una contienda desigual desde el principio. Por ello, en el pasado proceso electoral solamente ganaron 6 en diversos niveles.

 

El más sonado fue el de Jaime Rodríguez El Bronco, ganó la gubernatura de Nuevo León con 48.9%; Manuel  Clouthier Carrillo ganó la diputación federal por Culiacán, Sinaloa, con 42.3%; César Valdés ganó la alcaldía de García, Nuevo León, con 41%; Pedro Kumamoto ganó la diputación local por Zapopan, Jalisco, con 37.6%; Alberto Méndez ganó la alcaldía de Comonfort con 29.3% y Alfonso Martínez ganó la alcaldía de Morelia con 27.42 por ciento. 

 

Estos triunfos fueron suficientes para emprender contrarreformas legales en el ámbito local, donde se quiere sofocar esa vía democrática, con argumentos verdaderamente retrógrados. No se asoma una preocupación genuina o rescatable por fortalecer al sistema de partidos, sino el temor en esas facciones políticas que las han llevado a cabo que ven amenazado su coto de poder con estas candidaturas que para muchos ciudadanos, están siendo el instrumento para mostrar su rechazo con las deficiencias y los procesos antidemocráticos en la selección de candidatos por parte de los partidos. De ahí que se haya desatado la ola de trabas a los independientes.

 

En Chihuahua fue el pasado 29 de junio, cuando el Congreso del Estado aprobó la reforma promovida por el PRI que establece que todo aquel que quiera ser candidato independiente en el estado, deberá acreditar que no ha sido presidente del Comité Ejecutivo Nacional, estatal, municipal, dirigente, militante afiliado o su equivalente, de un partido político al menos durante los tres años anteriores a su candidatura.

 

Asimismo deberá acreditar no haber sido candidato de ninguna fuerza política a cualquier cargo de elección popular en las elecciones inmediatas anteriores.

 

Dicha iniciativa no sólo contó con el respaldo del PRI, también del Partido de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista de México, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza.

 

El Partido Acción Nacional se manifestó en contra y tomó la Tribuna, sin embargo la iniciativa fue aprobada por 25 votos a favor, 7 votos en contra y una abstención del priísta Eloy García Tarín.

 

A Chihuahua hay que sumar los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Puebla, que se han dado a la tarea de impulsar desde sus congresos más restricciones a esta figura ciudadana.

 

En la nueva Ley Electoral de Tamaulipas el pasado 12 de junio se dio cabida a las candidaturas independientes, sólo que con un detalle, que quienes aspiren obtengan el apoyo del 3% de los electores, cuando la legislación federal establece el 2 por ciento.

 

El 30 de junio en Sinaloa el Congreso reformó su legislación electoral para reducir el plazo de 90 a 40 días el plazo en que los aspirantes deben reunir las firmas de apoyo a su postulación, en dicho período deberá conseguirse la firma del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

 

Dichas modificaciones fueron aprobadas por el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Sinaloense, Nueva Alianza y Partido de la Revolución Democrática.

 

En Veracruz el mismo 30 de junio el Congreso del Estado aprobó un nuevo Código Electoral, en el que fijó límites de financiamiento público y privado a los candidatos independientes, de entrada el financiamiento público será equivalente a los recursos que recibe un partido de nuevo registro y dicho financiamiento se repartirá entre todos los candidatos independientes.

 

En cuanto al respaldo ciudadano deberán recibir el 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, por distrito, municipio o del estado, de acuerdo al cargo al que se aspire.

 

Asimismo se señala que: “Los ciudadanos que hayan participado en un proceso interno para la postulación de una candidatura a cargo de elección popular de un partido político o coalición en el mismo proceso electoral, no podrán ser registrados como candidatos independientes”.

 

El PAN anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Electoral aprobado en Veracruz, aunque tendrá un problema: La mayoría de los diputados panistas en el Congreso de Puebla aprobó una reforma peor.

 

Grotescamente en Puebla está una de las contrarreformas más duras en contra de las candidaturas independientes en la que se estableció un mínimo de 3% de firmas de apoyo de los ciudadanos inscritos en la lista nominal que deberán recolectarse en un plazo de 20 días.

 

Ahora bien, si el aspirante quisiera competir por una presidencia municipal en una demarcación con menos de 5 mil inscritos en el padrón, tendría que buscar el apoyo del 5 por ciento.

 

Al igual que en Chihuahua, en Puebla no podrán ser candidatos independientes quienes hayan sido presidentes de comité, dirigentes, militantes, afiliados al menos un año anterior a la elección, ni aquellos que fueron abanderados en cualquier proceso electoral federal o local anterior.

 

Los obstáculos rayan en lo absurdo, ya que si lo anteriormente mencionado no fuera suficiente, los electores que decidan apoyar a un independiente deberán acudir a comparecer a los órganos electorales respectivos: “Los ciudadanos que decidan manifestar su respaldo a un determinado aspirante a candidato independiente, deberán comparecer personalmente con copia y original de su credencial para votar vigente ante los funcionarios electorales que se designen y los representantes que, en su caso, acrediten los aspirantes a candidato independiente, en los inmuebles destinados para ello. El apoyo correspondiente se expresará mediante el llenado del formato que al efecto apruebe el Consejo General, mismo que deberá contener la firma o huella del manifestante”.

 

Dicha reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado fue aprobada el pasado 22 de agosto. Contrario a la tendencia que se presentó en los estados en los que el PRI fue pieza clave para el impulso y la aprobación de estas regresiones en la materia, en Puebla fue votada con 24 votos a favor emitidos principalmente por los diputados panistas, mientras que los 12 en contra fueron de la bancada de Movimiento Ciudadano, PRD y PRI.

 

La coordinadora de la bancada del PRI, Silvia Tanús Osorio ya había adelantado que su bancada sólo estaba de acuerdo en respaldar la propuesta de requerir un 3% de firmas de apoyo a los aspirantes y advirtió que en caso de incluirse los demás candados propuestos por el PAN, dicha ley podría impugnarse en tribunales.

 

Sobre lo aprobado en Puebla, nadie sintetiza mejor el carácter anticonstitucional de la reforma que el coordinador de la bancada blanquiazul, Jorge Aguilar Chedraui: “No queremos políticos resentidos con sus partidos, disfrazados de candidatos ciudadanos o independientes; las personas que quieran ser candidatos ciudadanos deben contar con verdadera representación territorial en los lugares por los cuales se quieran postular y al igual que cualquier otros candidato tienen derechos y obligaciones".

 

Estas restricciones marcan con toda claridad la profunda etapa de simulación política que vive México. En lugar de que los partidos políticos entiendan, asuman, descifren el mensaje de irritación social y rechazo creciente en las urnas por parte de los ciudadanos, y hagan las correcciones adecuadas, se sometan a procesos democráticos y transparentes, la reacción es exactamente al revés: castigar a los ciudadanos. Es una auténtica vergüenza.