Opinión

Micropotencias de desarrollo; el caso Oaxaca

Conjuntar democracia participativa es la clave de la potencia oaxaqueña para generar proyectos y atraer recursos. | Jorge Faljo

  • 02/02/2020
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Oaxaca ha destacado en una peculiar competencia, la de obtener recursos de programas federales orientados al desarrollo social, rural y ambiental. Recuerdo un caso particular, de hace años, en el que funcionarios de la Comisión Nacional Forestal -Conafor-, encontraban que Oaxaca obtenía una tajada desproporcionadamente grande de los recursos de un programa de reforestación. Se llevaba algo así como la tercera parte del presupuesto destinado a todo el país. Lo que no parecía justificable y era difícil de explicar.

Parte de su preocupación era que pudiera pensarse que tenían un sesgo o simpatía desmedida por Oaxaca. No era así.

Los recursos de ese programa se distribuían mediante el mecanismo usual empleado por la mayor parte de las entidades y programas orientados al medio rural. Usado, por ejemplo, por las secretarías de agricultura, medio ambiente, reforma agraria, desarrollo social, la Conafor y otras.

El mecanismo ha sido lanzar una convocatoria en internet llamando a la presentación de proyectos. Estos, según la dependencia y programa, podrían ser productivos, de reforestación, enfocados en áreas naturales protegidas. Existen innumerables programas con este tipo de orientación general que podría llamarse de desarrollo rural.

El mecanismo institucional usual enfrenta problemas; para empezar no está al alcance de todos enterarse de una convocatoria en internet. A partir de ello hay que cumplir los requisitos de la invitación, pagar a un técnico o despacho para la elaboración de un proyecto que parezca viable, todo ello respaldado por los papeles legales de la comunidad, ejido o grupo. Esto requiere acuerdos y liderazgos adecuados dispuestos a correr el riesgo de que a fin de cuentas esos esfuerzos no fructifiquen.

Por ello en ocasiones los proyectos escasean o tienen una mala factura. Bajo este mecanismo se han inyectado ingentes recursos públicos en proyectos fracasados.

El reparto centralizado de recursos es controvertido, sobre todo desde la óptica de la burocracia local que con frecuencia considera que su mejor conocimiento de los personajes y organizaciones locales les permitiría una mejor asignación de recursos. Una opción que fue satanizada desde la administración de Vicente Fox al temer la burocracia local tuviera lealtades priistas y dirigiera los recursos a organizaciones de ese partido. Por ello decidió centralizar en extremo la asignación de recursos.

Pero volvamos al tema de inicio. El caso es que Oaxaca ha sido una potencia generadora de proyectos de desarrollo rural; los que pueden ser productivos, de reforestación y, en general los aprovechables por campesinos.

Lo que inquietaba a los directivos de un programa de reforestación, era ¿cómo es que Oaxaca, siguiendo las reglas del juego, lograba acaparar con sus proyectos una proporción desmedida de recursos? Esto es un mero ejemplo de una capacidad que considero significativa y que es aplicable tanto a este programa como a muchos otros, de diversas entidades públicas que también concursan sus recursos.

La explicación de fondo es que Oaxaca tiene 570 municipios y de ellos 418 se rigen por usos y costumbres indígenas. Lo cual contrasta con que los otros 30 estados del país tienen, entre todos, 1,888 municipios. Un promedio de 63 municipios por entidad.

Los municipios de Oaxaca se distinguen por su pequeñez demográfica; el promedio estatal es de 7 mil habitantes por municipio. Pero esta cifra es mucho menor para los 418 municipios de usos y costumbres. En el extremo 30 municipios tienen menos de 420 habitantes cada uno.

Estos municipios funcionan con sus propios mecanismos de toma de decisiones; sean asambleas comunitarias, consejos de ancianos y otros. El sistema en su conjunto permite una buena representación de cada pueblo indígena, incluso los grupos más pequeños.

Los micro municipios indígenas de Oaxaca tienen una doble característica: la toma de decisiones es muy cercana a los intereses de su población indígena y campesina; y gracias a que son estructuras de gobierno reconocidas, que reciben algunos recursos públicos, han desarrollado capacidades técnicas para, por ejemplo, elaborar proyectos (productivos, forestales y de otros tipos), que son competitivos en las convocatorias de las entidades federales.

Conjuntar democracia participativa es la clave de la potencia Oaxaqueña para generar proyectos y atraer recursos.

Desconcentrar la toma de decisiones públicas y acercarse a la población local es hoy en día el mantra de los organismos internacionales como Banco Mundial, CEPAL u OCDE. Va de la mano con el planteamiento de democracia participativa que hace el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración. La conclusión es que sea en los pueblos, comunidades, ejidos, municipios que ellos definan la ruta de su propio desarrollo.

El país no ha marchado en ese sentido en los últimos 40 años. La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, es un garbanzo de a libra. Esta Ley fue emitida en 1998, tras años de consultas, negociaciones y preparativos.

La tendencia nacional ha sido restar capacidades y poderes a las comunidades, ejidos y municipios y substituirlos por decisiones centralizadas. Es un esquema que muestra fallas múltiples: deterioro de la cohesión social, incapacidad para tomar acuerdos y hacerlos cumplir, deterioro del medio, creciente inseguridad y violencia.

Y es que el gobierno central, sea de derecha o izquierda, no puede substituir a los mecanismos de gobernanza local.

Es hora de revertir el camino. Así que, de plano, propongo oaxaqueñizar a todo el país. Promovamos, donde sea viable los micro municipios rurales; institucionalicemos estructuras de gobierno sub municipales, recuperemos y respaldemos al ejido y a las comunidades como nivel de gobierno.

De lo que se trata es de institucionalizar la descentralización de la toma de decisiones y las capacidades locales para diseñar su propia ruta de desarrollo. Hagamos viable la democracia participativa como motor del desarrollo y del cambio impulsado desde abajo.