Los michoacanos saben bien que los problemas de inseguridad en su entidad no son algo reciente. Para la opinión pública es un tema que sale a la luz en los últimos meses de la administración del presidente Fox, y marca la tónica del sexenio del presidente Calderón quien, como primera acción para enfrentar el problema decidió enviar a las fuerzas federales, policía y Ejército, a combatir la delincuencia imperante en la entidad. Fueron seis años de vidas perdidas y millones de pesos gastados, pero sin resolver el problema de fondo.
Esta administración inició su mandato con mensajes tranquilizadores sobre la situación de seguridad del país, con un cambio en la retórica de la materia, quedando relegado a un segundo plano en el discurso presidencial. Pese a esta nueva narrativa, en 2013 fue evidente que la situación en Michoacán el tema no se había resuelto. Homicidios, extorsiones y secuestros por un lado y el surgimiento de grupos de autodefensa por otro, evidenciaron alta incidencia delictiva y pérdida de control en la entidad.
Este 15 de enero se cumple un año desde que la Secretaría de Gobernación inició su estrategia para combatir lo que en ese momento parecía el mayor reto de la administración federal en materia de seguridad. A través de un decreto presidencial se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán con el fin de promover la coordinación de las autoridades municipales, estatales y federales, en los ámbitos político, social, económicos y de seguridad pública. Por lo menos en la intención, la idea era enfrentar el tema de una manera integral, no sólo como un problema de inseguridad sino como un tema de subdesarrollo y falta de oportunidades.
Otro aspecto que en su momento el titular de la Secretaría de Gobernación destacó era que el Comisionado del gobierno federal en Michoacán tendría como principal objetivo "reconstruir la relación entre la sociedad y el gobierno, haciendo cumplir las leyes, con instituciones eficientes, así como recuperar el Estado de derecho y combatir la impunidad[1]".
En un año hemos visto cómo los grupos de autodefensas se incorporaron a la autoridad como Policías Rurales, cómo ex-autoridades hoy enfrentan un proceso legal por corrupción y colusión con el crimen organizado, hemos escuchado al Comisionado expresar los logros y la recuperación de control de varios municipios. Por otro lado hemos sido testigos de cómo algunos de los líderes históricos del movimiento que llevó a los ciudadanos a defenderse de los delincuentes son encarcelados, hemos presenciado enfrentamientos entre sí, mientras la cabeza de los templarios sigue libre.
En datos duros y oficiales, los resultados son éstos:
Números que ponen en manifiesto el aumento de los homicidios, la significativa disminución en las denuncias de secuestro (aclarando que no porque disminuyan las denuncias hablamos de una marcada disminución de la incidencia efectiva del delito), y la invariabilidad en las denuncias de extorsión. Estos números representan el total de denuncias presentadas ante la autoridad por los delitos cometidos, pero no incluyen todos aquellos delitos que se cometen y no son denunciados y por tanto la autoridad desconoce, o aquellos que a pesar de su conocimiento quedan impunes. Una muestra de esta cruda realidad es la reciente y creciente evidencia de una gran serie de homicidios de los cuales sólo llegamos a tener conocimiento cuando se encuentra alguna fosa clandestina.
Queda mucho por entender sobre Michoacán, por ejemplo si los recursos prometidos por el gobierno federal se han aplicado adecuadamente a los programas de desarrollo social y económico si ya contamos con resultados tangibles, cómo se ha fortalecido a las instituciones, qué candados anticorrupción se han implementado, pero sobre todo qué se piensa hacer con las policías rurarles.
Desde el inicio de la aplicación de la estraregia de incorporar las autodefensas a nuevos cuerpos policiales hechizos señalé que había una evidente vulneración al Estado de Derecho, la autoridad decidía no respetar todas las normas que aplica para seleccionar e incorporar a cualquier persona a una corporación policial. Y no parece que exista un plan para resolver el tema. Los enfrentamientos entre grupos de policías rurales evidencian la necesidad de reconsiderar la estrategia y buscar un nuevo modelo más acorde con el respeto de la ley.
Como sociedad civil me parece obligado ofrecer nuestro apoyo para observar y analizar las estrategias propuestas, establecer indicadores de resultados y eficiente uso de recursos en beneficio de los michoacanos y de todos los mexicanos. Michoacán, al igual que Guerrero, Tamaulipas o las otras entidades golpeadas por la incidencia delictiva, la corrupción y la ineficacia de la gestión gubernamental en esta materia nos afecta a todos. Debemos levantar la voz y hacer lo propio para que todos los mexicanos podamos gozar de nuestros derechos en un ambiente de respeto de la ley, esto es lo que nos llevará a ser ese país próspero que tantas veces se nos ha prometido.
[1] Ver Nota: Segob establece comisión para rescatar Michoacán