En mi columna del pasado 6 de marzo expuse algunas reflexiones sobre la policía que queremos. En ella hago énfasis en la necesidad de incentivar las acciones positivas de la autoridad, cambiar el marco institucional en favor de un sistema de candados que prevengan la corrupción, el abuso de autoridad y la impunidad contrapesos ciudadanos que sean testigos y garantes de la formalidad de los compromisos asumidos[1].
En él también expresé mi estima y apoyo a la labor que los policías hacen, reconociendo las injusticias de las que ellos mismos son víctimas.
Sigo creyendo y sigo pensando que México nos necesita a todos y por eso debemos proteger a los policías buenos y denunciar a los malos, impulsando e incentivando la cultura de la legalidad. Sólo así podremos generar ese cambio que requiere el país. Por eso hoy quiero destacar un evento que sucedió a un investigador del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) que desató una serie de testimonios sobre corrupción en la policía.
El pasado 25 de febrero uno de los investigadores del ONC, circulando con su motocicleta en el sur de la ciudad, fue detenido por un policía preventivo argumentando una infracción de tránsito que dicho investigador no cometió. El objetivo era solicitar una dádiva de 1,500.00 pesos. Tras amenazas de corralón, insinuaciones a la seguridad personal del investigador, el evento concluyó sin el pago de la mordida.
Mi indignación me llevó a escribir a través de redes sociales lo que acababa de ocurrir. La noticia llegó a periodistas, medios impresos y electrónicos que aprovecharon para entrevistarme sobre la corrupción, el nepotismo y abusos de autoridad de la policía del Distrito Federal. Agradezco el apoyo de los compañeros de medios de comunicación, de las organizaciones ciudadanas que me ayudaron en redes a dar voz a este evento. Evento que traté de hacer icónico no porque le haya sucedido a un amigo y colaborador, no porque sea un evento extraordinario desconocido a la mayoría de las personas, sino porque tengo la suerte de tener una voz pública y podía hacerla escuchar frente a los millones de voces de víctimas de nuestro país que, por más que griten, parece que no son escuchadas por las autoridades de este país.
Tras una muy tibia y tardía respuesta a través de Twitter de las autoridades capitalinas, busqué al Lic. Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública del DF (SSPDF); de nuevo, al llamar como Francisco Rivas no obtuve respuesta; gran diferencia de la respuesta que generó mi cargo.
Desde entonces el caso fue atraído por el área de asuntos internos de la SSPDF y el trato que hemos recibido de la autoridad ha sido educado y eficaz en mostrar cómo un evento así no se permite en la institución. Como siempre la duda: ¿Si no hubiese sido un caso del ONC el trato, velocidad en la atención, contundencia en mostrar el rechazo a estos actos hubiesen sido los mismos? Espero que sí, pero no lo sé.
Desde la publicación de este evento he recibido 61 mensajes a través de las redes sociales relatando casos similares en la ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Tijuana. Amigos y familiares han hecho lo mismo en persona, contando caso tras caso hasta llegar a sumar más de 30 en este año en nuestra capital.
En por lo menos tres cuartas partes de los casos la víctima de la extorsión reconoce haber cometido una infracción; en la gran mayoría de los casos, el relatante comenta haber pagado por temor a que algo peor le pudiese pasar, el deseo de terminar con el evento lo antes posible o el conocimiento de cuán engorrosos pueden ser los trámites para sacar un auto del corralón. Otro aspecto a destacar el desconocimiento de la víctima de si en efecto era cierto o no que hubiese cometido una infracción y el tipo y de la sanción.
Lo pagado como mordida va desde objetos (una pulsera de oro, un reloj, lentes) hasta dinero, siendo la cantidad máxima reportada de 2,300.00 pesos y la mínima de 10.00 pesos. Sí, exactamente ¡alguien consideró que su integridad personal valía 10 pesotes!
Ninguno de estos casos fue reportado a la autoridad. El común denominador fue el temor.
Insisto en mis propuestas hechas en el pasado artículo: Debemos exigir mejores condiciones laborales para nuestra policía (horarios de trabajo, trato digno de parte de los mandos, salarios, prestaciones, posibilidad de progreso), capacitación suficiente y sustantiva, cambios al marco institucional que rompan con la cultura de corrupción (que van desde los sistemas de control interno autónomos e independientes en decisiones y presupuestos hasta el fortalecer los sistemas de denuncia interna y externa; protocolos administrativos y de actuación claros y que se implementen consistentemente; cadenas de mando que rindan cuentas sobre uso de recursos y decisiones tomadas; transparencia y rendición de cuentas institucional en designación de recursos, etcétera); aunado a una promoción de derechos y obligaciones del ciudadano.
Es fundamental demostrar que la denuncia es efectiva y no pone en peligro a los denunciantes, sean estos internos o externos a la institución. A los ciudadanos nos queda la obligación de denunciar, informarnos, respetar normas e instituciones y promover la cultura de la legalidad.
Cuando alguien valora en 10 pesos (que pueden ser 100, 1,000 o 10,000) la cantidad es poco relevante, su cara, su integridad, su ética y dignidad personal cuando por dinero está dispuesto a prestarse a la recaudación de cuotas para los mandos o a callar los actos corruptos que ve, a dejar ir un delincuente, a testimoniar en falso, a inculpar a un inocente, una sociedad se encuentra en peligro: ¿Hasta dónde es la caída?
Hoy vivimos las consecuencias de ese peligro: Autoridades que secuestran, mienten a la sociedad, se coluden con la delincuencia, mandan a desaparecer personas, eliminan a los servidores públicos íntegros, violentan la ley, castigan inocentes. Sin embargo, hoy también vivimos el ejemplo de muchos ciudadanos y autoridades íntegros, comprometidos con el país, atentos al respeto de la norma y los derechos de los demás.
La solución está en todos y es responsabilidad de todos, el punto es generar esa masa crítica que muestre que los mexicanos buscamos el progreso dentro de la ley. Desde el ONC ofrecimos a la SSPDF el apoyo para el desarrollo e implementación de un proyecto de Cultura de la Legalidad que como organización estamos dispuestos a donar a la autoridad y donar a toda autoridad que asuma con seriedad el compromiso en esta materia; seguiremos esperando la respuesta de la autoridad que muestre que de verdad asume el compromiso por cumplir su deber ciudadano.
[1] http://lasillarota.com/autor/Francisco-Rivas-Rodriguez