Opinión

México y Ecuador: abordajes distintos

Cuando vemos lo que ocurre en Ecuador, y el uso de la fuerza desmedida, resaltamos aún más a un gobierno que no cae en estas provocaciones. | César Cravioto

  • 15/10/2019
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¿Qué preferimos, una nación como Ecuador donde se reprime a todos los que se han manifestado en días recientes y la violencia estatal es evidente, o un país como México donde hay libertad de expresión y el Estado no es represor?

México, en contraste con Ecuador, garantiza el derecho de manifestación y es ejemplo de la política de no criminalizar a aquellos que se oponen.

Así lo ha demostrado durante las marchas de colectivos y organizaciones feministas que salieron a las calles para protestar contra la violencia de género y los feminicidios, en las marchas para conmemorar la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Escuela Normal de Ayotzinapa, o la manifestación por el movimiento del 68.

Se ha criticado al gobierno por no detener a quienes en su momento violentaron edificios públicos, en tanto el gobierno ha argumentado que podría haber una escalada de violencia mayor si la fuerza pública interviene con represión.

La convicción de la actual administración es que tiene que haber justicia, y para ello se han abierto carpetas de investigación correspondientes y no habrá impunidad bajo un clima de paz para que se construya una ciudad segura y de derechos.

Entre los estatutos y fundamentos de MORENA está la trasformación democrática y del país por medios pacíficos, haciendo pleno uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades del poder, garantizados por la Constitución. Se ha demostrado, en los hechos, que hay libertad de expresión de puntos de vista divergentes lejos de actos autoritarios.

Cuando vemos lo que ocurre en Ecuador, y el uso de la fuerza desmedida, resaltamos aún más a un gobierno que no cae en estas provocaciones, y no responde con métodos violentos. Claudia Shienbaum, jefa de Gobierno, sostiene que siempre ha luchado por la justicia y el diálogo franco en todos los ámbitos.

La postura de la actual administración es que la violencia no se combate con más violencia, aunque ciertos grupos conservadores sostengan que hace falta mano dura, cuando lo que buscan es precisamente que se caiga en el uso de la fuerza, la cual, según la Cancillería, solo debe emplearse excepcionalmente y siempre regida por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

A diferencia de lo anterior, las manifestaciones en Ecuador fueron reprimidas con violencia. Comenzaron el pasado 3 de octubre, convocadas inicialmente por el gremio del transporte, por el alza del 123% en los combustibles.

Con la eliminación de los subsidios, las gasolinas pasaron de 1.85 dólares a 2.39 por galón, mientras que el dísel subió de 1.03 dólares a 2.29. Lo llamaron Decreto Ejecutivo 833 y fueron reformas del presidente de Ecuador, Lenín Moreno acordadas con el FMI.

El mismo 3 de octubre, los transportistas entraron en paro y el presidente Moreno decretó en principio un “estado de excepción”, con lo que aumentó el número de policías y militares en las calles con barricadas, gases y uso de armas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE se unió al paro, y anunció grandes movilizaciones antigubernamentales en todo el territorio hasta la derogatoria del decreto 833; otros movimientos indígenas se sumaron.

El estallido social había comenzado, y la espiral ascendente de movilización creció ante las medidas de austeridad económicas impuestas desde el gobierno.

El sábado 12, con miles de personas en las calles de Quito, Moreno decretó “toque de queda” en la capital, bajo el argumento de que “esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”.

Desde el lunes 7 hasta el 13 de octubre los manifestantes se mantuvieron en las calles de Quito, con un saldo de siete muertos, y más de mil detenidos y heridos, bajo lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado como “situaciones de violencia y represión alarmantes”.

La CONAIE reiteró su posición al decir: “Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 833 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo”.

Tras 11 días de protestas, y militantes muertos, heridos y detenidos, el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena con mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana acordaron dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo 833, que elimina el subsidio a combustibles, y resolvieron establecer una comisión para crear un nuevo decreto que sustituirá el 833.

Ante los hechos, ambos, -los que protestan legítimamente y la autoridad - mostraron su músculo: el del Gobierno ecuatoriano, un músculo de represión donde prevaleció el autoritarismo del Estado.

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