El gobierno mexicano está causando revuelo a nivel mundial, debido a la controversia por el inicio de una demanda presentada ante una Corte Federal en Boston, EU, en donde se señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas. Actualmente han proliferado diversas prácticas comerciales "negligentes e ilícitas, que han facilitado el flujo del tráfico ilegal de armas a México". Estas compañías se han beneficiado con la rentabilidad que produce la venta de armas que –en su mayoría– son adquiridas por los cárteles y grupos de delincuencia organizada. En consecuencia, el gobierno mexicano menciona que se cuentan con datos que indican que cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde EU, y tan sólo en el año 2019 fueron utilizadas para cometer más de 17 mil homicidios dolosos en México.
Dentro del derecho, la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos de América (o Enmienda II) protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Este derecho en particular establece que portar armas es un derecho individual que tienen todos los estadounidenses, pero también ha declarado que éste no es ilimitado y permite la regulación de la producción y compra de armas de fuego o de dispositivos similares. La Segunda Enmienda establece que ni el gobierno federal de Estados Unidos, ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas. Sin embargo, únicamente se prohíbe la posesión y uso de armas de fuego o municiones, a los delincuentes condenados y a las personas diagnosticadas como enfermos mentales.
No es la venta de armas como tal, ni interferir en un derecho ciudadano que tienen nuestros vecinos del norte como ciudadanos de ese país el problema. El verdadero problema es que estas empresas distribuidoras, y subdistribuidoras, crean los mecanismos administrativos para poder vender ese tipo de armas a personas y asociaciones de dudosa reputación, que están ligadas a grupos del crimen organizado en México.
Incluso la fabricación de cierto modelo de armas se hace con la idea e intención de poder, de forma fácil y sencilla, borrar los números de serie de las armas para evitar que se pueda investigar dónde fueron adquiridas y por quién. De igual manera, hay una falta de supervisión de estos distribuidores y subdistribuidores que venden armas a personas que están siendo investigadas o, en su defecto están reportadas, como aquellas que se dedican al tráfico ilegal de armas de fuego, pero que por la falta de supervisión oportuna realizan estas ventas, y a hasta unos meses o años después verifican la identidad de los compradores. La demanda ante esa negligencia criminal es corresponsabilidad de las empresas manufactureras de este tipo de armas de fuego, al no tener mecanismos de supervisión más estrictos con sus distribuidores. No es posible que para poder comprar una cajetilla de cigarros en la tienda tengas que identificarte pero, para comprar un arma no.
Como podemos observar, existe un trasfondo que es necesario esclarecer. La oferta y la demanda de la venta de armas en México y su distribución no ha sido de manera lícita. Desde el momento en que estas armas son traficadas sin el registro y, por supuesto, la falta de pago de impuestos afecta al fisco de Estados Unidos y México. Las únicas que salen beneficiadas son las citadas compañías.
Esta demanda será histórica, ya que propone el respeto a los derechos humanos de los mexicanos para vivir libres de violencia; ya que se afecta de manera directa el bien jurídico tutelado de la vida y de los bienes de quienes son víctimas del uso de este armamento. El lucro de las compañías referidas, no va enfocado a la cacería o como medio de defensa, sino más bien para dañar a un grupo de población o poblaciones humanas, desencadenando graves problemáticas sociales y económicas que afectan el interés público y social mexicano.
De ganar México la demanda, es importante que las compañías apliquen las siguientes normas:
1. Que se regule la venta y distribución de armas de grueso calibre.
2. Que no se pueda vender armamento a extranjeros sin la autorización correspondiente.
3. Que se refuercen las fronteras y las aduanas estadounidenses y mexicanas para detectar oportunamente envíos ilícitos de armamento.
4. Que todo individuo o empresa ligado a los cárteles y brazos armados mexicanos no sean considerados para poder adquirir este tipo de armamento, bajo ninguna circunstancia.
5. Que la Fiscalía General de la República y su policía de investigación, en coordinación con la SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional, coordinen estrategias para desmantelar los brazos armados y grupos de la delincuencia organizada que cuenten con armamento de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
Aplaudo la iniciativa del gobierno mexicano ya que nunca se había intentado una acción civil por parte de un gobierno extranjero en Estados Unidos de Norteamérica, demostrando que existe una estrategia de seguridad nacional. La estrategia ha sido prioridad en la agenda binacional de seguridad nacional de ambos países, donde el interés de los vecinos del norte es frenar el tráfico de drogas, como el fentanilo, a su territorio, y el flujo de migrantes ilegales provenientes de Centroamérica. México hace su parte y va a la raíz del problema, va contra las manufactureras que venden un producto tan peligroso de forma legal en su país, pero sin las debidas medidas de seguridad necesarias para que no ingrese de forma ilegal al nuestro; algo que ha ocasionado más de 17 mil muertes de mexicanos año con año.
Por último, desde que inició el sexenio, hemos podido observar que algo pasa con los vehículos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional. No es posible que sigan sucediendo tantos accidentes carreteros donde el personal militar termina lesionado o fallecido. Eso demuestra que solo se puede deber al hecho del exceso de trabajo, malas condiciones de los vehículos, poco mantenimiento o falta de pericia de los conductores (lo que considero menos probable). En este sexenio han salido lesionados y han muerto más elementos militares por accidentes vehiculares que por enfrentamientos con grupos criminales. Esto debe ser un llamado de atención al alto mando de que las cosas están fallando. Recordemos que lo más importante de una institución es su personal, que la engrandece con su trabajo y sacrificio todos los días.
Diagrama de flujo
