No coincido con quienes, con tal de cuestionar al régimen corrupto de Enrique Peña Nieto, cierran los ojos frente a la dramática situación que acontece en Venezuela o en otros países donde se violan flagrantemente y de manera sistemática e impune los derechos humanos.
Tanto en Venezuela como en México sus gobiernos comenten excesos y agresiones a la democracia, cada uno de diferentes proporciones. Por tanto, en ambos casos hay severos cuestionamientos.
El que se repruebe lo que acontece en Venezuela con Maduro no significa que se avalen los abusos, la corrupción y la impunidad del gobierno de Peña Nieto y el régimen priista, es perfectamente válido cuestionar a ambos regímenes.
Las violaciones a los derechos humanos y las agresiones a la democracia no pueden ser toleradas en función de la orientación ideológica de quién las comete o de las afinidades políticas. Sean gobiernos de derecha o de izquierda sí afectan a la democracia y los derechos humanos deben ser señalados. No hay dictaduras buenas o malas, tolerables o intolerables, cualquier régimen dictatorial más allá de su signo ideológico es reprobable, se trate de Pinochet o de Maduro.
No hay argumento ideológico válido para suprimir derechos e instituciones democráticas, como lo pretende hacer el gobernante venezolano que ante la mayoría opositora que tiene en el poder legislativo, decidió armar su propia asamblea constituyente con sus partidarios y encarcelar y reprimir a sus opositores, lo cual ha sido censurado por diferentes gobiernos y organismos internacionales.
La crisis venezolana no puede ser tampoco una coartada del gobierno federal mexicano para que tras una careta de supuestos demócratas pretendan ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Innegablemente en México siguen imperando los fraudes electorales, la compra del voto y la intervención de la delincuencia en los comicios. Ha habido elecciones presidenciales fraudulentas en 2006 y 2012, el Instituto Nacional Electoral actual en nada se parece al IFE que presidió José Woldenberg, hoy el órgano electoral nacional y la mayoría de los institutos electorales locales solamente avalan elecciones fraudulentas y castigan a los opositores incómodos al grupo hegemónico en el poder.
Recientemente en el Estado de México y en Coahuila nuevamente se vivieron fraudes a gran escala y toda la maquinaria gubernamental priista operó con impunidad y máxima tolerancia a las inequidades tricolores de parte de la autoridad electoral.
Por el lado de las violaciones graves a los derechos humanos, nuestro país vive una crisis humanitaria, con desapariciones forzadas, ejecuciones extra judiciales, desplazamiento forzado interno, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre muchos otros crímenes de lesa humanidad.
Sin duda, el caso Ayotzinapa es paradigmático de los abusos y excesos del Estado mexicano y es evidente que en el actual sexenio difícilmente se conocerá la verdad y se castigará a los responsables de esta brutalidad. Fue gracias a la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se desmontó la llamada “verdad histórica” del régimen y se dio impulso a la investigación de este caso brutal de desaparición forzada.
El gobierno mexicano, sin embargo, decidió frenar la participación del GIEI cuando le resultaron incómodos sus hallazgos, prefirió cerrarse que permitir que siguieran profundizando en el caso Ayotzinapa y sólo dio su aval a un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del propio GIEI, pero no a su permanencia.
Los mayúsculos casos de corrupción e incluso el espionaje del gobierno federal a opositores y críticos con software de intervención a dispositivos móviles, debería ameritar una investigación internacional, ante la falta de confianza en las autoridades del país. De igual manera en los casos de impunidad y de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país la opción es la Corte Penal Internacional, porque es claro que aquí no habrá justicia ni castigo a los culpables de múltiples delitos sin sanción.
Cuando las reformas estructurales en el país del Pacto por México se afectó también el funcionamiento del Congreso Federal. La Cámara de Diputados, por ejemplo, se amuralló con fuerzas policiales ante las manifestaciones de repudio a la reforma energética, y en la reforma educativa se sesionó en lugares alternos, como el centro social de un banco, para consumar la imposición.
Los derechos humanos son de jurisdicción universal, no se pueden invocar barreras nacionales para detener la observación y actuación internacional. Tanto Venezuela como México, cada uno en sus diferentes dimensiones, requieren de los ojos del mundo para frenar los abusos del poder, la corrupción y las agresiones a la democracia de sus gobiernos.
Es tiempo de colocar los derechos humanos como el centro de la agenda internacional y de defenderlos donde quiere que se vulneren.