En los años veinte del siglo pasado, México se convirtió en el segundo productor y exportador mundial de petróleo, sin embargo, paradójicamente, los precios que se debían pagar internamente por este combustible y sus derivados, eran exageradamente altos.
Ante tal situación el presidente de la República en turno, el general Álvaro Obregón, decidió crear el Departamento del Petróleo, con la intención de supervisar las actividades de las compañías petroleras y de proveer de combustible barato a los Ferrocarriles Nacionales y evitar así gastos excesivos.
Poco después se realizaron, por cuenta del gobierno, las primeras exploraciones en las regiones del Pánuco, Veracruz, y El Ébano, San Luis Potosí. Luego de obtener buenos resultados, se adquirió una terminal de almacenamiento de 229 mil barriles en las inmediaciones de Tampico. Estas exploraciones permitieron un excedente para surtir de combustible a empresas nacionales y privadas, como la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, entre otras.
Bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, se decidió continuar con estas tareas, por lo que se formó el Control de Administración del Petróleo Nacional. Lo más trascendente fue que esta nueva instancia incidiría en la refinación del petróleo encontrado. Se adquirió entonces por $50,000 la antigua terminal Itamex, en la margen del Río Pánuco, que derivaría en la primera refinería nacional. Era esta planta, de acuerdo a un informe de la época, un lote de fierros viejos; no obstante, gracias al empeño y laboriosidad de los ingenieros y obreros mexicanos, pudo refinar nuestro gobierno el primer petróleo. Se comprendió desde entonces que era fundamental proveer a los consumidores nacionales de combustibles baratos que permitieran el desarrollo del país.
Como es sabido, hacia 1938 la participación del Estado mexicano en la industria petrolera tuvo su momento de mayor importancia, al darse el proceso expropiatorio. Sobrevino entonces un boicot comercial de los países afectados por esta medida. En esas condiciones México, aceleró el plan para desarrollar una industria propia, dirigir la producción de petróleo y sus derivados hacia el mercado interno y reforzar una política de precios bajos, que apuntalara la creciente industrialización del país. En resumen se revirtió el esquema hasta entonces imperante de país exportador por uno de país consumidor.
Con la medida nacionalizadora, el país obtuvo un grupo pequeño y maltrecho de refinerías que a lo largo de los años debió renovar, como las de Azcapotzalco, Poza Rica y Minatitlán; al mismo tiempo se encargó de la construcción de otras tantas, por ejemplo una en Reynosa, otra en Salamanca, Tula y finalmente en Salina Cruz.
Lógicamente, la capacidad de refinación aumentó, pasando de 357,000 barriles diarios en 1959 a 760,000 en 1973 y más del millón y medio en 1977. Con ello, México pudo satisfacer casi la totalidad de la demanda interna de refinados: por ejemplo, en 1977 se importó sólo el 1.4% de la demanda interna, porcentaje que se mantuvo hasta 1982, cuando la capacidad nominal de refinación del país pasó a 1,620,500. México era entonces prácticamente autosuficiente ante la demanda interna de productos refinados, entre ellos gasolina, gas, turbosina, diesel, etc.
Como se puede observar, desde los años 20 del siglo pasado se inició una política nacionalista cuyos resultados, en el largo plazo fueron apuntalar la industrialización del país, proveer al consumidor de combustibles baratos y, lo principal, lograr la autonomía en un rubro económico estratégico.
Desde los años ochenta del siglo pasado esta política se fue revirtiendo. Los nuevos gobiernos adoptaron políticas económicas que, bajo la argumentación de la eficiencia administrativa, justificaron la reprivatización de diversos sectores de la economía. Sin embargo la industria petrolera, por su significado económico y político se mantuvo al margen. Se pensó que, como bastión del nacionalismo mexicano, Pemex y la industria petrolera no serían tocados.
Tal situación cambió radicalmente en el curso del último gobierno que estableció un nuevo paquete de medidas liberalizadoras de la economía, conocidas como reformas estructurales. Básicamente estas políticas han fomentado la apertura a la inversión privada, nacional o extranjera, en las distintas fases del proceso del petróleo: exploración, extracción, y refinación, en detrimento de la inversión estatal en esta industria.
El resultado ha sido la desactivación de la industria petrolera en prácticamente todos sus rubros. Por ejemplo en el presente año se ha producido un promedio 2,237 miles de barriles diarios, esto es por debajo de los niveles de 1990 y un 34 % menos de lo que se obtenía en 2004, año pico de la producción. Ello da una idea clara del estancamiento y retroceso que vive Pemex.
Igualmente graves han sido los resultados en el campo de la refinación. En ello ha sido definitivo el abandono, la falta de inversión y de construcción de nuevas instalaciones: un botón de muestra son las promesas incumplidas en tal sentido por los dos últimos presidentes de la república. Otro factor es la ineficiencia con que operan las seis refinerías nacionales (Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula), al punto que desde 2010 a la fecha han trabajado al 70% de su capacidad en promedio, ello derivado desde fallas en las instalaciones –debido a la falta de inversión y mantenimiento–, hasta sequías que limitan su funcionamiento. [Excélsior 21 de julio del 2016 “Refinerías operan a 70% de capacidad”, Sección Dinero, página 6. También “Ineficiencias en refinerías” Excélsior, sección Dinero, 21 de julio de 2016].
De tal forma, de acuerdo a datos de Pemex, entre 2004 y 2015 se dio una disminución en la refinación de petrolíferos al pasar de 1.59 a 1.27 millones de barriles diarios. La capacidad refinadora de Pemex a su mínima expresión reciente, al punto que, de acuerdo a datos de la OPEP, México sólo representa el 1.1% de la refinación mundial. [Véase la nota “Petróleos ¿Mexicanos? 2015”, en La Jornada, 23 de mayo del 2016, p. 26].
La consecuencia de tal situación es que México, un país eminentemente petrolero que antaño demostró su capacidad para producir sus propios combustibles, ahora se ha convertido en importador de gasolinas y otros productos petrolíferos.
Ejemplo de lo que se señala es que en el año 2010 se importaron 138.3 millones de barriles de gasolina, que para el 2015 fueron 155.7 millones de barriles. En el primer semestre de este 2016 las compras de gasolinas al exterior presentan incrementos preocupantes: en enero fueron importaron 420,896 barriles que en agosto se convirtieron en 534,072. La debacle está a la vista, hoy más del 60% de las gasolinas consumidas en el país provienen del exterior. [Ver “La Importación de gasolinas ha subido 3 por ciento anual desde 2010”, en La Jornada, 27 de julio del 2016, p. 24] [“Suben 9.3% las importaciones de gasolinas entre enero-junio”, en La Jornada, 1 de agosto del 2016, p.21 y en “Pemex bate récord en importación”, en Excélsior del 1 de agosto del 2016, p. 12].
Las consecuencias han sido funestas. Por una parte se observa como imparable el aumento constante en los precios de la gasolina, los cuales, por si fuera poco, presentan una carga fiscal que representa el 50% de su precio, por ejemplo la gasolina “Magna” que se vendía a $12.32 el litro en enero del 2014, pasó a $13.96 después del último “gasolinazo”. Otro efecto es una mayor dependencia de las importaciones y la entrega, a intereses particulares, de una rama productiva estratégica para la nación.
Por si fuera poco, las proyecciones de consumo interno indican un aumento importante, mientras la producción de petróleo y refinación disminuyen. Al respecto, la Secretaría de Energía ha dado a conocer que la demanda de gasolinas aumentará hasta en un 50% en los próximos años, al pasar a 1,147 mil barriles diarios consumidos para el año 2029. [“Demanda de gasolinas aumentará 50%, en Excélsior del 19 de mayo del 2016, sección Dinero, p. 6.].
Queda entonces considerar dos opciones hacia el futuro: continuar con las políticas actuales que han propiciado la desintegración de la industria petrolera, o retomar la ruta trazada hace ya casi cien años, en la dirección de construir una industria con sentido nacional. Seguramente que en ello la historia nos puede otorgar alguna luz.
*Héctor Luis Zarauz López, doctorado en Historia de México, por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (2005), ha realizado investigaciones sobre formaciones regionales en los años del porfiriato, también ha realizado también trabajos de historia económica. Otra de sus líneas de trabajo está vinculada a la historia del petróleo de lo que han derivado trabajos sobre sindicalismo, políticas estatales e historia de las empresas del Estado.