Como una economía emergente, México está tratando de proyectarse como una moderna "potencia media", una que cumpla con sus obligaciones internacionales con lazos firmes en los principios del multilateralismo. Esto es precisamente un ejemplo de a lo que el gobierno mexicano se ha comprometido en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde uno de los objetivos –siendo un actor con Responsabilidad Global– se refiere justamente a la consolidación del país como una "potencia emergente" en el escenario global. De hecho, México está jugando un papel principal en la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo; actualmente está fungiendo como co-presidente junto con Malawi y los Países Bajos.
Sin embargo, es posible observar una realidad en marcado contraste con la de un país que quiere "ampliar y fortalecer su presencia en el mundo" a través de sus cualidades económicas, culturales y turísticas, defendiendo el libre comercio y la movilidad del capital, y ejerciendo un liderazgo regional e internacional, pero que, paradójicamente, no opta por la aplicación decisiva de estrategias para lograr un desarrollo social acorde con el poder emergente que supuestamente aspira a convertirse.
En este contexto, es necesario analizar la prevalencia de algunos mitos respecto al "México Moderno" que se producen y reproducen tanto por los actores nacionales como extranjeros. Estos mitos dan combustible a los gobiernos de México para transmitir un mensaje equívoco al público extranjero en relación con los compromisos internacionales en materia de desarrollo, por ejemplo, que con el tiempo refuerzan lo dicho sobre los mitos de la nación. El primer mito: "El crecimiento relativamente estable de México en los últimos años ha provocado un aumento de la prosperidad".
De hecho, las crecientes desigualdades socioeconómicas son el mayor problema que contradice este mito. Los que ya se veían favorecidos por los más de 70 años de la política económica del gobierno del PRI se han vuelto aún más ricos; pero la clase media es ahora muy vulnerable: para muchas familias no tomaría mucho hundirse en la pobreza.
Con bastante éxito, México ha abogado por la cuestión de la sostenibilidad del medio ambiente en las negociaciones internacionales, por ejemplo, al actuar como anfitrión de la Cumbre Climática de la ONU, la COP16 en Cancún en noviembre/diciembre de 2010, y proponer un Fondo Verde multilateral para financiar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. En 2012, México tuvo la presidencia del G-20, así como la organización de la cumbre en Los Cabos, Baja California, con un enfoque especial en la "inclusión financiera para el crecimiento económico" y el "crecimiento verde", entre otros.
La paradoja es que mientras México manifiesta estar comprometido con la búsqueda de un programa verde y limpio en el escenario mundial, sus prácticas internas conducen a la clase de crecimiento y desarrollo que se encuentra en total contradicción con los objetivos y las declaraciones internacionales, aunado a los desastres naturales de los últimos años. En consecuencia, los últimos gobiernos de México han estado "más dispuestos, pero han sido menos capaces de" hablar con credibilidad sobre estas y otras cuestiones como la pobreza y la lucha contra las desigualdades socioeconómicas, la inseguridad, la corrupción y las políticas ambientales sostenibles.
El principal desafío, además de la falta de voluntad política, se encuentra en las injusticias estructurales de México, que están tan profundamente arraigadas en el desequilibrio persistente entre el Estado, los mercados y los ciudadanos, que cualquier intento brusco por parte del gobierno para regular las fuerzas del mercado se encontrarían con dificultades para alterar realmente este desequilibrio. Por otra parte, la corrupción es un fenómeno tan importante, que se requeriría un gran esfuerzo para la creación de perspectivas menos sombrías cuando se trata de lograr el Estado de Derecho, de luchar contra la corrupción, de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Y esto, no sólo para fortalecer la política democrática y la justicia social, sino también para mejorar la eficacia económica del Estado.
Una nación verdaderamente moderna, y un gobierno verdaderamente moderno, es uno que, en palabras y obras, pone en primer lugar a sus ciudadanos: en el contexto mexicano, esto se reconocería como la necesidad de garantizar servicios básicos de buena calificación, una mayor calidad en la educación, la vivienda, la asistencia social, y así sucesivamente. También se trataría de asegurar la igualdad política, la lucha contra todas las formas de discriminación, de que la gente se encuentre en un mercado de trabajo que funcione, de la reducción de la economía informal (y prevenir el crecimiento de las actividades económicas ilícitas), de la adquisición de esquemas dignos de pensiones y permisos de licencia por enfermedad, y de la instalación de un adecuado esquema de impuestos sobre la renta progresivos. En otras palabras, se trata de poner el bienestar de todos los mexicanos en el centro.
Si realmente se quiere "Mover a México", lo que hace falta es un proceso de desmitificación del "México Moderno" como una condición necesaria y un primer paso hacia la realización de una nación verdaderamente moderna, basada en sus propias premisas de modernidad. Esto, junto con una visión clara, un programa para transformar a México en una sociedad progresista, verdaderamente moderna, donde la noción de un contrato social entre el gobierno y los ciudadanos se pueda establecer a lo largo de las líneas de un Estado de bienestar que sea inclusivo, sostenible y transformador, al menos lo suficiente como para abordar seriamente las injusticias socioeconómicas fundamentales que dividen a los mexicanos.
*Dra. Rebecka Villanueva Ulfgard
Internacionalista. Obtuvo el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Linnaeus/Växjo, Suecia, en 2005. Sus investigaciones se centran en el estudio de las teorías de las relaciones internacionales y cooperación internacional, y las políticas instituciones de la Unión Europea. Desde agosto de 2008 es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde imparte cursos en la maestría en cooperación internacional para el desarrollo.
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