En 1995, el gobierno mexicano –a través de la Policía Judicial estatal– asesinó a diecisiete campesinos en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Veintiún más resultaron heridos. El gobierno primero negó los hechos, luego manipuló imágenes y videos, acompañados de una versión oficial que atribuía la matanza a un enfrentamiento provocado por los manifestantes. Llegaron incluso al extremo de sembrar armas entre los cadáveres. Las mentiras hubieran pasado como ciertas si no hubiera sido por la presentación que hizo el periodista Ricardo Rocha de otro video –sin editar– que mostraba el crudo y brutal asesinato perpetrado por los agentes policiacos.
Casi veinte años después, la historia se repite. Primero en Chalchihuapan, Puebla. Ahí, una legítima manifestación por la desaparición de las oficinas del Registro Civil en la localidad, que obligaba a sus habitantes a hacer largos desplazamientos para la realización de trámites, fue violentamente dispersada por la policía estatal. En los hechos, un niño de nueve años fue asesinado.
El gobierno poblano, igual que lo ocurrido en 1995, manipuló los hechos y presentó una versión oficial que culpaba a los propios manifestantes por la muerte del menor. La versión fue ampliamente difundida por distintos medios de comunicación. El diario “El Universal” irresponsablemente dedicó un espacio especial de la página principal de su versión en línea para difundir un video elaborado por la procuraduría estatal en el que se presentaba una absurda reconstrucción digital de los hechos que –según su versión– habían ocasionado la muerte del menor.
Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhibió la vil manipulación del gobierno de Rafael Moreno Valle. El niño murió por causa de las agresiones de la policía estatal. Más aún: Se pretendió engañar a la opinión pública y a la justicia misma mediante la fabricación de peritajes y distintas evidencias que intentaron distorsionar la realidad. Nadie ha sido sancionado por estos hechos.
La vergüenza continúa: Recientemente, el Ejército Mexicano perpetró la ejecución extrajudicial de por los menos quince personas en Tlatlaya, Estado de México. La CNDH nuevamente ha exhibido el montaje gubernamental. A través de la manipulación de la escena del crimen, el sembrado de armas y llegando al extremo de usar la tortura para producir testimonios falsos, los gobiernos estatal y federal intentaron encubrir la masacre.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, puso la cereza en el grotesco pastel. El primero de julio pasado, el mandatario mexiquense felicitó a las fuerzas armadas por el “éxito” de su operación y a unas horas de lo ocurrido expresó una apología de la matanza sin contar con absolutamente ningún elemento de prueba: “El Ejército, en su legítima defensa, actúo y abatió a los delincuentes”.
Probablemente, la farsa producida en ese caso hubiera quedado impune si no hubiera sido –como en Aguas Blancas– porque la prensa, en este caso extranjera, reveló versiones sobre lo realmente ocurrido. Ávila Villegas aún “analiza” la recomendación de la CNDH sobre el caso. El Gobierno Federal ha optado por el silencio, aprovechando la tragedia que vive Guerrero, producto también de otro crimen de Estado.
Diecinueve años después de Aguas Blancas, seguimos en el México de la falsedad y las mentiras. Enrique Peña Nieto, presidente de la “Alianza para el Gobierno Abierto”, encabeza un gobierno que lejos de servir a la ciudadanía, la violenta y la asesina; un gobierno incapaz de asumir responsabilidades y que continúa buscando ocultar sistemáticamente las atrocidades que comete; un gobierno que ha optado por “pactar” con la “oposición” para encubrirse mutuamente. Peor aún: un gobierno que cada día es más difícil distinguir del crimen organizado.
Apunte final: en este entramado de gravísimas violaciones a las garantías básicas de la población, el papel de la CNDH es estratégico y fundamental. Su titular debe ser una persona de trayectoria intachable, que cuente con la calidad moral suficiente para hacer frente a la profunda crisis que vive el país.