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México, escusas inaceptables

El Estado mexicano se encuentra muy lejos resolver cualquier problema de seguridad y procuración de justicia en el país

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Escrito en OPINIÓN el

Durante el 165 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebró del 23 al 27 de octubre del presente año en la ciudad de Montevideo, Uruguay, se abordaron tres importantísimos temas sobre la violación a derechos humanos en México.

Primero, el seguimiento especial del caso Ayotzinapa. La desaparición de 43 estudiantes tiene más de tres años sin respuesta satisfactoria para sus familiares ni para la sociedad en su conjunto, pues el paradero de los jóvenes sigue sin conocerse y, por tanto, el caso aún no se resuelve, ya sea porque las autoridades no quieren que la verdad se sepa o, en todo caso, son incapaces de esclarecer los hechos. En cualquiera de las dos situaciones, las hipótesis planteadas son igualmente funestas y la injusticia prevalece, al parecer, como lo señalaron los padres en la audiencia, el Estado apuesta por el olvido a lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Segundo, el uso desmesurado de la prisión preventiva en el país. Si bien la medida cautelar es entendida como el periodo de privación de la libertad temporal de una persona acusada de la comisión de un delito grave, se aplica para asegurar el adecuado desarrollo de un juicio, garantizando que el imputado se presente al proceso penal, de la misma forma proteger a las víctimas, agraviados o testigos del delito y para evitar afectaciones en la investigación de los hechos. No obstante, esta medida debe ser aplicada de forma extraordinaria, es decir, no debe emplearse como una regla general para todos los delitos, en todo caso, deben aplicarse otras medidas cautelares diferentes cuando las circunstancias así lo permitan, sin embargo, los colectivos sociales que pusieron el tema en la agenda nacional e internacional señalan que en México, lejos de que esto ocurra, existen diversas iniciativas de reforma constitucional al artículo 19 para aumentar el catálogo de delitos que contemplen de manera oficiosa la prisión preventiva en el país.

En este contexto, el uso excesivo de la medida se ha convertido en una pena anticipada al juicio en un gran número de casos, así lo demuestran las cifras expuestas en la audiencia, pues se estima que a nivel nacional, aproximadamente el 38 por ciento de las personas privadas de la libertad se encuentran, precisamente, en situación de prisión preventiva y a la espera de una sentencia firme, contraviniendo, incluso, la jurisprudencia interamericana en la materia.

Finalmente, la tercera audiencia giró en torno a las denuncias de asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila, que se contabilizan por miles y se les reconoce, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, como hechos constitutivos de crímenes contra la humanidad por su carácter generalizado, de orden sistemático y como parte de una política de Estado.

En respuesta a todo lo anterior, las autoridades mexicanas pretextaron ante su ineficacia en los casos expuestos, una serie de yerros compartidos con los Estados Unidos, país a quien se le acusó de ser el principal consumidor de drogas del mundo y principal proveedor de armas para la delincuencia organizada. A esta última, se le atribuyó ampliamente la violencia en el territorio nacional, por la lucha del control de plazas para para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

La falta de reconocimiento de que los niveles de violencia extrema que vive el país, no sólo son producto del crimen organizado, sino que dicha violencia, en diversas ocasiones proviene de los propios órganos del Estado, o en un tercer escenario, proviene del pleno contubernio de esos dos ámbitos. Es necesario también apuntar que la incapacidad e ineficacia para resolver estos temas, entre muchos otros, obedece a las deficiencias estructurales y funcionales de las principales instituciones encargadas de prevención e investigación del delito, situación que se ve reflejada en la profunda crisis en la que se encuentra inmersa la Procuraduría General de la República, que actualmente no tiene titular. La transición hacia una fiscalía general autónoma no se vislumbra en el horizonte cercano, la remoción del funcionario encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la falta de nombramiento del fiscal anticorrupción, dan cuenta inequívoca de que el Estado mexicano se encuentra muy lejos de resolver cualquier problema de seguridad y procuración de justicia en el país, apuntalando la corrupción e impunidad imperante.

@OpinionLSR | @lasillarota