México: elecciones exitosas y ¿reformas exitosas?

Como se ha repetido en muchos espacios, el proceso electoral de 2018 fue el más grande en la historia de México. Un padrón electoral de 89 millones 332 mil 131 ciudadanos, 156 mil 792 casillas instaladas y la renovación de 18 mil 299 puestos de elección popular lo confirman. Además, con la participación de 1 millón 400 mil ciudadanos seleccionados al azar como funcionarios de casilla, de 30 mil observadores nacionales, 907 visitantes de 60 países y casi 3 millones de representantes de partidos políticos, estas fueron las elecciones más vigiladas en la historia.

La elección también confirmó la solidez técnica de los organismos electorales. Por un lado, el INE administró el padrón más voluminoso de la América castellanohablante. También se efectuó un trabajo de largo aliento, meticuloso y de precisión para la capacitación de los integrantes de casilla, acompañado de campañas para promover la participación con un voto informado y libre de coacción. El INE también manejó dos sistemas sin equivalentes en el mundo: el de fiscalización de las cuentas de los candidatos a cualquier cargo -reportadas de manera casi inmediata por los aspirantes- y el de la difusión de la propaganda partidaria en los medios audiovisuales de todo el país.

Por otro lado, el TEPJF y las salas regionales corroboraron su capacidad técnica para procesar dentro de los breves plazos de ley una cantidad creciente de demandas de los actores políticos por la práctica, cada vez más asentada, de llevar a los tribunales las decisiones de los órganos administrativos, los conflictos internos de los partidos e incluso los resultados electorales. Así, en el marco del proceso electoral, el TEPJF recibió, al 31 de agosto de 2018, 14,937 impugnaciones, que resolvió en un tiempo promedio de 10.4 días – cifra récord a nivel mundial (en contraste, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en 2017 recibió 6,315 medios de impugnación).

Es precisamente por este sólido desarrollo técnico y por la claridad de unos comicios con ganador indiscutido que, tras la elección de 2018, por primera vez en mucho tiempo no se perfiló con claridad ninguna exigencia de reforma electoral. Situación extraña en un país que se ha distinguido en América Latina por la frecuencia y la amplitud de las reformas políticas y electorales que han seguido a cada elección presidencial en las últimas décadas. Este nuevo escenario tiene algunos efectivos positivos: por un lado, ayuda a una mejor comprensión e interiorización de las normas existentes, favoreciendo su cumplimiento; por otro, tanto el INE como el TEPJF pueden trabajar sin complicaciones con el actual marco normativo.

En efecto, los trabajos y estudios de IDEA Internacional establecen un diagnóstico compartido por una pluralidad de actores políticos, académicos, asociativos e institucionales: el modelo institucional y las reglas electorales han alcanzado madurez y permiten el libre juego. Casi no hay voces que llamen a un rediseño fundamental. Además, como se mencionó, a diferencia de otras etapas postelectorales cuando la cuestión electoral estaba en el centro del debate, en 2018 la agenda estuvo marcada por otras prioridades (como las reformas ya impulsadas o anunciadas en materia de seguridad, energía, educación).

Este enfoque es compatible con propuestas de reforma y ajuste, de asuntos puntuales o sectoriales que hagan más funcional al sistema, sin impactar en su estructura. IDEA ha detectado cuatro temas centrales:

1) Financiamiento de la política. Persiste la percepción que los partidos reciben demasiados fondos públicos. Lo aceptan tanto críticos como simpatizantes del gobierno, y se esboza un triple consenso mínimo: la disminución no debe afectar la capacidad de funcionamiento; la oposición no debe quedar en una situación demasiado vulnerable; se necesita acotar aún más la influencia de los fondos privados.

2) Candidaturas independientes. Las modalidades de funcionamiento no han convencido. Se propone facilitar el acceso a la boleta y generar condiciones de mayor equidad durante la campaña, en especial en el acceso a fondos y a los espacios en medios de comunicación.

3) Democracia interna de los partidos. Se considera indispensable generar más procesos competitivos para la selección de dirigentes y de candidatos; recuperar el papel del militante, del afiliado que dedica tiempo y recursos a su organización, y cuyo papel ha casi desaparecido.

4) Figuras de la democracia directa. Aunque existen diferencias de opinión entre actores sobre su idoneidad en una democracia representativa, se esboza el consenso alrededor de asegurar que todas las figuras de la democracia directa (referendos, revocatorias de mandato) tengan reglas imparciales, con criterios y controles bien definidos.

¿Cómo asegurar que estas reformas sean exitosas? A partir de la experiencia internacional, al menos tres ingredientes aseguran que una reforma sea aprobada y legítima. Primero, que parta del diálogo más amplio posible, con especialistas, sociedad civil y autoridades, garantizando que se incluyan las necesidades y visiones de un amplio espectro de actores. Segundo, la visión de largo plazo para evitar tentaciones de obtener ventajas inmediatas que desequilibren el juego político. Por último, la experiencia comparada de otros países, a fin de reducir la curva de aprendizaje, incorporar mejores prácticas y evitar errores pasados, un campo donde la colaboración de IDEA Internacional, y otras instituciones internacionales, puede resultar valiosa para los actores e instituciones mexicanos.

@malaraotaola | @OpinionLSR | @lasillarota

Miguel Ángel Lara Otaola

Jefe de la Oficina de IDEA Internacional para México y Centroamérica. Doctor y Maestro en Ciencia Política por las Universidades de Sussex y la London School of Economics.

Salvador Romero Ballivián

Ex Presidente Corte Nacional Electoral de Bolivia. Doctor y Maestro en  sociología política por el Instituto de Estudios Políticos de París. Consultor de IDEA Internacional.




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