De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto de Política de Migración estadounidense (Migration Policy Institute) los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos forman el cuarto grupo más grande de inmigrantes con educación universitaria, después de los de la India, China y Filipinas. La cantidad de inmigrantes mexicanos con una licenciatura o superior aumentó de 269,000 en 2000 a 678,000 en 2017.[1]
El referido dato no es menor, y mucho menos en tiempos en que el discurso anti inmigrante, en particular hacia la comunidad mexicana, es de descalificación en todo sentido y bajo las formas más bajas con propósito politiqueros básicamente provenientes del presidente Donald Trump.
La migración es un fenómeno que tiene raíces históricas en el nacimiento de la vida humana, imposible de frenar y que se ha criminalizado. Sin embargo, esa criminalización tanto del fenómeno en sí como de las personas migrantes, viene a ser producto o consecuencia de la falta de atención y compromiso de los estados países por atender las necesidades más elementales de sus ciudadanos. Desde aquellos concebidos como países de origen y tránsito, hasta los países destino como en el caso, Estados Unidos de América.
En este sentido, el fenómeno migratorio si ha crecido exponencialmente durante las últimas décadas, ha sido en buena medida debido la falta de cooperación y entendimiento entre los países más impactados con dicho fenómeno, hablemos en este caso de México, Estados Unidos de América y los tres países que conforman el llamado triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.
Todos desde sus posiciones geográficas, política, económicas, sociales y culturales, de una u otra manera han generado condiciones para la migración. Tengamos claro -en principio-, si las personas migran, esto se debe en mayor medida a la falta de oportunidades para cubrir sus necesidades más elementales de subsistencia y desarrollo. En este contexto, sin embargo, se inscriben otros factores que hacen de la migración una oportunidad de mayor desarrollo para las naciones, cosa que parece no entenderse aún.
Debido a los enormes desafíos que presenta la migración, en diciembre de 2018, se adoptó en el seno de la Organización de las Naciones Unidas el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que comprende veintitrés objetivos para mejorar su tratamiento a nivel local, nacional, regional y mundial, entre los que destacan: 1. Mitigar los factores adversos y estructurales que impiden a las personas construir y mantener medios de vida sostenibles en sus países de origen; 2. Reducir los riesgos y las vulnerabilidades a las que se enfrentan los migrantes en las diferentes etapas de la migración, respetando, protegiendo y cumpliendo sus derechos humanos y brindándoles atención y asistencia; 3. Crear condiciones propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer nuestras sociedades a través de sus capacidades humanas, económicas y sociales, y así facilitar sus contribuciones al desarrollo sostenible a nivel local, nacional, regional y global, entre otros.[2]
El tema es complejo y representa altísimos niveles de desarrollo en las políticas migratorias de todos los países, suscribir compromisos históricamente no ha significado un problema concreto, el asunto es el cumplimiento o incumplimiento de esos compromisos internacionales.
En el estudio “Pensando Regionalmente para Competir Globalmente, aprovechar la migración y el capital humano en Estados Unidos, México y Centroamérica” [3] publicado en mayo de 2013, por el Migration Policy Institute y Wilson Center, se advierte un análisis certero de la problemática. Los países centroamericanos antes mencionados, México y Estados Unidos de América, deben crear políticas que promuevan no sólo condiciones dignas de permanencia y desarrollo en los lugares de origen de los migrantes, sino en los lugares de tránsito y acogida, indica: El objetivo en una reforma migratoria debe tener clara la legalidad, el orden, la justicia, la seguridad y el respeto de los derechos de todos los nacionales extranjeros.
El dato del número de mexicanos universitarios que han migrado a Estados Unidos, es un indicativo de innumerables factores sociales, políticos y económicos. Estudiar y actuar sobre este fenómeno, su origen y sus causas, es importante, pero más importante sería atender un problema de raíz, la educación.
Ser universitarios, para nuestros connacionales migrantes mexicanos, no les garantiza -en absoluto- un futuro prometedor en la nación norteamericana, si no dominan el idioma inglés y, si sus títulos o estudios universitarios no son reconocidos en ese país, ahí es donde quizá el gobierno mexicano debe centrar esfuerzos, elevar el nivel educativo con una educación bilingüe y, lograr acuerdos de cooperación con Estados Unidos para el reconocimiento académico y profesional de los migrantes a fin de integrarlos dignamente al mercado laboral.
* Mtro. Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.