México ya está en 2018. La batalla postelectoral, los cambios en el gabinete y el ajuste de cuentas al interior de los partidos políticos hacen evidente que las decisiones se tomarán de aquí en adelante en función de los intereses en torno a la elección presidencial.
El 5 de junio marcó el inicio de procesos en los partidos políticos para asimilar los resultados de las contiendas electorales y, con base en la experiencia reciente, empezar a perfilar quiénes podrían ser las y los abanderados a las diversas contiendas que el primer domingo de julio se llevarán a cabo en nuestro país. Los cambios en el gabinete del presidente, y el curioso acomodo de perfiles es otro de los claros signos de que comienzan a alinearse las decisiones con la mira puesta en 2018.
De aquí a que acabe este sexenio atestiguaremos un sin fin de cambios en diversos cargos públicos; licencias de diversos diputados y senadores para contender por otro cargo de elección popular; las maquinarias de los partidos políticos enfocadas en conseguir recursos para financiar precampañas y campañas electorales y las decisiones públicas tendrán siempre como objetivo sumar votos para el 2018.
Dos temas adicionales son importantes para enmarcar este momento. El primero, que las reglas del juego ya están puestas y no cambiarán para el 2018. Con respecto a este asunto, uno de los temas centrales el dictamen contra la violencia política por razones de género, no ha sido aprobado y, de conformidad con el artículo 105 constitucional, ya no puede realizarse ningún cambio en las leyes electorales 90 días antes del inicio de un proceso electoral, por lo que con este marco normativo y sin protección para las mujeres que ejerzan sus derechos en materia política, se llevarán a cabo las elecciones de julio del año entrante. El segundo tema, tiene que ver con la complicidad entre la Corte y unos cuantos senadores que de manera inconstitucional y con argumentos por demás falaces, consiguieron extender el plazo del nombramiento de magistrados a modo para que cumplan cabalmente las instrucciones de sus jefes y defiendan sus intereses en la elección presidencial de 2014. Violentando nuestra Constitución es la forma en la que operan en México los Poderes de la Unión.
La baraja de posibles contendientes en la elección presidencial tanto por la vía partidista como por la independiente, está más o menos clara. Tenemos enfrente, en el 2018, la prueba más importante a la que se enfrentarán las autoridades electorales en todo el país. Nunca antes en la historia nacional habían contendido tantas elecciones como en el año que entra. Nuevos distritos electorales aprobados por el INE operarán en todo el país para las siguientes elecciones.
En este momento las autoridades electorales tendrán que encargarse de vigilar que se cumpla la ley, que las precampañas y campañas inicien dentro de los plazos legales y, con particular relevancia, hacer una escrupulosa revisión de los ingresos de partidos y candidatos para evitar el flujo de recursos de fuentes ilegales y en caso de que se acredite ésta o cualquier otra causal de nulidad, sancionar a las o los responsables y, llegado el caso, anular la elección.
La elección de 2018 debe cuidarse desde ahora para frenar de tajo cualquier suspicacia o intento de descalificarla cuando aún no ha comenzado.
@C_Humphrey_J