Como cada tres años, los cuestionamientos sobre el alto costo de las elecciones en nuestro país han puesto sobre la mesa de discusión la necesidad de reducir el generoso financiamiento público que reciben los partidos políticos, e incluso recientemente el PAN presentó de nuevo -ya lo había hecho en septiembre del 2009 sin éxito- una iniciativa en la Cámara de Diputados para modificar la fórmula por la cual se calcula dicho financiamiento que resulta de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del salario mínimo diario vigente para el DF.
No debemos perder de vista que en un exceso, los legisladores introdujeron esta fórmula en el artículo 41 constitucional por lo que para modificarla se requiere de dos tercios de la votación así como su aprobación en 16 congresos estatales por lo que la ruta es larga y aún en caso de prosperar -lo que no parece probable pues más allá del discurso no se percibe verdadera disposición de quienes tienen en sus manos esa decisión-, difícilmente aplicaría para el presupuesto correspondiente a 2016 que se discutirá en las próximas semanas.
Sin duda la reducción en el financiamiento público que se destina a los partidos y que es de alrededor de 3 mil millones de pesos tan sólo a nivel federal -pues también reciben financiamiento local que se incrementó sustancialmente en la pasada reforma electoral-, es necesaria particularmente ante la situación económica que enfrenta el país y los niveles de desigualdad y pobreza, pero no resuelve el problema de fondo.
En primer término, para disminuir realmente el costo de las elecciones en México, que de acuerdo con Luis Carlos Ugalde en este año anda aproximadamente en 50 mil millones de pesos, se requiere revisar integralmente nuestro modelo de organización electoral ya que lejos de simplificarlo, se ha vuelto más complejo en cada reforma aumentando significativamente las atribuciones que se le imponen al Instituto Nacional Electoral lo que naturalmente demanda mayores recursos.
Como ejemplo, en la última reforma de 2014 los legisladores decidieron transformar al entonces IFE en autoridad nacional, otorgándole entre muchas otras la facultad exclusiva de fiscalización tanto en el ámbito federal como local, pero conservando a la vez a los órganos electorales estatales con lo que se duplica el gasto.
Por otra parte, hay que reconocer que si bien en un principio tenía una razón de ser el otorgarle cuantiosos recursos públicos a los partidos para generar condiciones de equidad y evitar que el dinero privado fuera determinante en el resultado de las elecciones, lo cierto es que en la actualidad está demostrado que dicha medida fracasó.
Los miles de millones de pesos que se destinan año con año a los partidos políticos han servido más bien para alimentar a sus insaciables cúpulas, pero es un hecho que ante la percepción de que para poder ganar se necesitan muchos recursos que hay que conseguir donde sea y al precio que sea, los candidatos recurren cada vez con mayor frecuencia a dinero privado para financiar sus campañas que obviamente no se reporta a la autoridad electoral y cuya procedencia en no pocas ocasiones es incierta.
Esto es muy peligroso para nuestra democracia ya que además de los costos económicos, se crean compromisos que muchas veces atentan contra el interés público -e incluso se potencializa el riesgo de que penetre dinero de la delincuencia organizada como quedó evidenciado en Iguala- y ni que decir de la calidad de las contiendas en las que prevalece la guerra de estructuras por encima de la propuesta y el debate. Por ello, me parece positivo que disminuya el financiamiento público a los partidos, pero me parece que está muy lejos de ser suficiente si realmente queremos generar los incentivos correctos para fortalecer nuestro sistema democrático y blindarlo de la influencia y el poder del dinero.