Si alguna razón y, por tanto, alguna bandera tiene sentido para distinguir a la izquierda de otras alternativas políticas, es la de la justicia social. La ubicación y, en buena medida, la creación de los enemigos ideológicos o políticos, a partir de los términos del nuevo vocabulario, tienen su fuerza en la distinción binaria: los unos y los otros. En esto, el “primero los pobres”, es la frase que sintetiza no sólo la prioridad respecto de una parte de la población, pero no necesariamente resume el entendimiento de qué tipo de sociedad se tiene como objetivo general.
La duda no solamente se genera a partir de la falta de un proyecto claro y explícito de largo alcance que justifique el pretensioso calificativo de “transformación”, sino porque los principales instrumentos con los cuales el proyecto político debe convertirse en gobierno se han difuminado y desarticulado desde el principio: el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos de la Federación. El primero es un documento retórico; el segundo ha sido ya abandonado como referente del gasto por las posteriores medidas de austeridad.
En este escenario, ¿cómo se va enfrentando la pobreza?
Es en este terreno en el que se destaca sea la ausencia de una visión de política acerca de los derechos sociales o bien una política regresiva. Si se toma por ejemplo la salud o la educación como derechos paradigmáticos, podremos apreciar los contrastes.
Tratándose de salud, más allá de los severos problemas de desabasto de medicamentos y de desmantelamiento de clínicas de salud, se desmantela también el seguro popular sin tener un claro planteamiento que lo sustituya, más allá de las frases comunes de “salud para todos”. Se ofrece un sistema de salud universal sin explicar su forma de financiamiento, su estructura institucional, la vinculación con los sistemas de seguridad social.
Tratándose de medidas de política que son relevantes para enfrentar problemas de salud pública como en el etiquetado de alimentos y bebidas, el comportamiento de los actores políticos pareciera ser más bien proclive al cabildeo de los grandes grupos económicos. Cómo se atienda y resuelva la tensión entre mejorar la información que tome en cuenta la situación de salud pública o acoger los argumentos de los empresarios, implicará preferir a la población vulnerable o un tipo de relación clientelar “premium”.
De predominar la presión de los grupos económicos, nos mostraría para mal que la acción política del nuevo gobierno prefiere preservar las ligas privilegiadas con grandes clientes.
En otros aspectos como el de educación, se han hecho ya las elecciones: en lo fundamental se retorna al papel preponderante de los grupos de presión sindical, diluyendo alarmantemente el perfil del nuevo órgano de “mejora continua” de la educación. En ese aspecto, la reforma educativa restaura relaciones clientelares y sacrifica la calidad educativa.
Si en el futuro se confirma la ruta descrita, la transformación sólo sería un cambio del poder con viejos remedios: las clientelas y no los derechos; dominación pero no legitimidad.