Opinión

Memorándum: ¿error o maniobra?

México vive un proceso de transformaciones profundas, el mandato popular ha sido que los cambios sean dentro del margen de la ley y la democracia. | Marco Adame

  • 24/04/2019
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El Presidente de México, emitió el pasado 16 de abril un “Memorándum” con relación a la Reforma Educativa en el que instruyó a los secretarios de Estado a “dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada Reforma Educativa”, lo cual ha sido calificado por actores políticos y expertos juristas como un gravísimo error con visos de inconstitucionalidad.

Las instituciones que se han pronunciado sobre el tema, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, han coincidido en que a través del “Memorándum” el presidente se extralimita en sus funciones, violenta la división y equilibrio de poderes, e incita a los secretarios de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública a violar la Constitución lo cual implicaría incurrir en responsabilidades administrativas e incluso penales.

Al tomar posesión de su cargo, el presidente juró “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” y en nuestro orden jurídico, el Ejecutivo no tiene ninguna facultad para faltar a la norma fundamental ni para instruir a sus subordinados a hacerlo. Por el contrario, el artículo 89 constitucional lo obliga a “ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión”. La única forma para reformar nuestra Constitución es a través del Poder Legislativo.

Ante este escenario en el que la violación a la Constitución, así como la extralimitación de funciones por parte del presidente son de tal magnitud y tan evidentes, ha habido quienes han afirmado que el mandatario requiere asesoría jurídica con urgencia. Pero ¿realmente carece de asesoría legal o detrás del memorándum presidencial hay una maniobra política?

Memorándum


Es notorio que el “Memorándum” está diseñado de tal forma que no se ejecute y exima de su cumplimiento a la vieja usanza del “obedézcase, pero no se cumpla”. De acuerdo al artículo 92 constitucional “todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos” y el escrito emitido por el presidente carece de la firma de los secretarios de estado aludidos.

A su vez, según el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) referente al artículo 16 constitucional, “todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso”[1]. En el documento presidencial no hay ninguna referencia a algún precepto legal por lo que tampoco cumple este mandato constitucional.

Por otra parte, mientras que los secretarios de estado no cumplan lo mandado por el presidente no incurren en responsabilidades administrativas y penales. Es necesario que lo establecido en el “Memorándum” se transforme en actos administrativos concretos para proceder judicialmente contra ellos.

Cabe mencionar que uno de los engaños tras el “Memorándum” radica en que el presidente se lava las manos argumentando que el documento se justifica dado que “hasta la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada reforma educativa”.

Reforma Educativa


Lo anterior es falso ya que la iniciativa que está en proceso de discusión en el Legislativo es la que fue enviada por el presidente y en las reuniones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han estado presentes el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, a pesar de que constitucionalmente la facultad para decidir sobre la Reforma está en el Poder Legislativo. Y dado que el oficialismo en Cámara de Diputados cuenta con las condiciones para construir la mayoría calificada que permita la aprobación de la reforma, se puede concluir que el presidente no ha logrado los acuerdos necesarios con su aliada la CNTE.

Así las cosas, todo indica que estamos ante una maniobra política pensada para resolver las presiones internas del Ejecutivo generadas por sus insaciables aliados de la CNTE.

Cualquiera que haya sido la motivación, sea un error o una maniobra política, el presidente está obligado a respetar la Constitución y la división de poderes, así como a fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. México vive un proceso de transformaciones profundas pero el mandato popular ha sido que los cambios se den dentro del margen de la ley y la democracia, cualquier cosa distinta llevaría a la discrecionalidad y al autoritarismo.

Es importante que el presidente rectifique su decisión y que siempre tenga presente la máxima juarista “mi deber es hacer cumplir la ley no sólo con medidas del resorte de la autoridad, sino con el ejemplo…”. El presidente siempre debe de actuar bajo el principio de legalidad, el cual establece que la autoridad únicamente puede ejercer atribuciones o realizar actividades que expresamente le permita la ley.

La tremenda Corte

@MarcoAdame | @OpinionLSR | @lasillarota


[1] Tesis 260, Ap 1995, Séptima Época, 394216, Segunda Sala, Tomo VI, Parte SCJN, Jurisprudencia (Común)