Opinión

Memorandos

Los comunicados formales del presidente generan confusión y atentan contra el Estado de Derecho. | Adolfo Gómez Vives

  • 29/04/2019
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En el México reciente, los presidentes de la República han ponderado el uso de medios informales para comunicarse con los titulares de las Secretarías de Estado, en razón del alto grado de confianza que debe prevalecer entre ellos.

La comunicación informal —telefónica o cara a cara— tiene una ventaja para el presidente que a la vez representa una desventaja para sus subordinados. Si algo sale mal, no queda constancia por escrito y aquél puede remover a quien “cometió” el desacierto, con lo que se controla el daño a su imagen. Esa es la razón por la cual los secretarios de Estado funcionan como auténticos «fusibles».

El caso de Esteban Moctezuma


Esteban Moctezuma Barragán, actual secretario de Educación Pública sabe bien lo que esto significa. Él fue uno de los cuatro secretarios de Gobernación de Ernesto Zedillo. Le tocó la responsabilidad de negociar la paz con el subcomandante “Marcos” en los primeros días de 1995. Se reunió con éste por varias horas para dialogar los términos de la conclusión del conflicto que perduraba a pesar de la existencia de la Ley de Amnistía.

Algo cambió en el ánimo de Zedillo y los acuerdos verbales a los que había llegado Moctezuma con el líder del EZLN se fueron por la borda. No mucho tiempo después el gobierno reveló la identidad de “Marcos” y dio la orden de detenerlo, con lo cual se reavivó la posibilidad de la violencia. Las acciones de Zedillo no le dejaron a Moctezuma otro camino que la renuncia, pues se convirtió de pronto en un secretario sin capacidad de interlocución y sin credibilidad, por más que hubiera alcanzado acuerdos con el subcomandante zapatista.

Los acuerdos de Colosio


Otros ejemplos de informalidad en la comunicación fueron los acuerdos que mantuvo Carlos Salinas de Gortari con Luis Donaldo Colosio, cuando éste fue secretario de Desarrollo Social.

El 21 de octubre de 1993, Luis Donaldo Colosio se reunió con Carlos Salinas para tratar 19 asuntos, entre los que destacaban el «avance en la integración del presupuesto 1994», el «avance en el Programa de Vivienda», los «problemas financieros del estado de Guerrero» —que Salinas ordenó revisar con el secretario de Hacienda, Pedro Aspe— y el contenido de una carta que se enviaría al fundador del Turtle Island Restoration Network, Todd Steiner, sobre la cual Salinas instruyó que mejor se atendiera a través de una llamada telefónica por parte de María Angélica Luna Parra, a la sazón coordinadora de Vinculación y Concertación Social de Sedesol.

La existencia de este tipo de acuerdos demuestra que los presidentes muy rara vez utilizan la comunicación formal —oficios o memorandos— para instruir a sus subordinados. Y de existir, dichas comunicaciones no son difundidas a la opinión pública, a menos que se pretenda enviar mensajes políticos a destinatarios diferentes de quienes van remitidas.

El memorándum de López Obrador


Es el caso del memorándum firmado el 16 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigido a los secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda.

El análisis de sus puntos medulares arroja cuestiones interesantes. En el primer inciso, luego de un diagnóstico introductorio cuestionable por subjetivo e impreciso —por ejemplo, que las reformas se impusieron “mediante actitudes autoritarias” y no mediante el proceso contemplado en la propia constitución para ser reformada— el presidente dice que: “la educación pública debe ser obligatoria, laica, plural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad”.

Estos conceptos están contenidos en su totalidad en el artículo 3o constitucional desde la reforma del 29 de enero de 2016, lo que significa que desde entonces constituyen obligaciones del Estado y no una generosa concesión de López Obrador.

Desde luego que se exceptúa lo referente a la expresión “todos los niveles de escolaridad”, pues de su subjetividad no se puede establecer si dicho mandato incluye al nivel licenciatura o también a los niveles de maestría y doctorado. La Constitución habla de la obligatoriedad para los niveles de educación básica y media superior. Dicha imprecisión atenta contra el principio constitucional de seguridad jurídica.

La intención explícita puede leerse como positiva, pero tiene el problema de que no existen los recursos para atender la demanda obligatoria de educación “en todos los niveles”, ni aun suponiendo que dicha expresión se refiera únicamente a la licenciatura.

El Presupuesto de Egresos para 2019 contempla apenas un incremento de 9.62 por ciento en el ramo 11 Educación, en relación al presupuesto autorizado en 2018, que fue de casi 281 mil millones de pesos. Por esta razón, puede entenderse la urgencia de López Obrador por desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que este año recibiría poco más de 697 millones de pesos. Sin embargo, su desaparición atenta contra la «calidad» de la educación, pues la evaluación de los docentes es una condición indispensable para su aseguramiento. No fue suficiente eliminar el componente punitivo que tanto incomodó a la CNTE; había que desechar la evaluación en su totalidad.

Más adelante, el memorándum se vuelve impreciso cuando señala que las dependencias “dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, pues no establece con claridad cuáles son éstas, lo que deja a los secretarios en estado de indefensión jurídica, que los obliga a no actuar, a menos que estén dispuestos a violar los preceptos constitucionales, con las consecuencias jurídicas que ello pudiera representarles, pues tanto la Constitución como la Ley General de Educación contienen obligaciones que deben cumplirse forzosamente, hasta en tanto no existan nuevas normas que las sustituyan.

En el siguiente inciso, la instrucción del presidente sólo puede entenderse como un chascarrillo de mal gusto. Dice que “la nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, ‘aviadores’ y cualquier otra forma de corrupción”.

De entrada, el argumento pareciera enviar un mensaje de desconfianza contra Esteban Moctezuma, pues así expresado, se entiende que éste es incapaz de impedir las formas de corrupción a las que alude y que, por tanto, la tarea debe encomendarse al titular de Hacienda, aunque ello pudiera significar una flagrante violación al principio de legalidad, a la cual López Obrador es tan afecto.

Por otro lado, el presidente parece ignorar mañosamente que, desde diciembre de 2013, el último párrafo del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal establece con precisión que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo —que incluye a la nómina docente— “será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, lo cual significa que desde hace más de cinco años el control de la nómina docente está centralizado y controlado por la SHCP.

Más grave aún resulta la instrucción a la Secretaría de Gobernación, a quien pide realizar “las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas”. ¿Quién en este punto puede determinar cuáles son esas “causas sociales justas”? ¿Sabrá el presidente que el indulto se debe conceder “conforme a las leyes” pues así lo establece el 89 constitucional? ¿Alguien le habrá informado que sólo procede si existe sentencia irrevocable y previo dictamen del órgano ejecutor en el que se demuestre que el sentenciado no representa peligro para la tranquilidad y la seguridad públicas?

La eventual aplicación de las medidas expresadas en su memorándum hace pensar en la expresión del derecho castellano: “obedézcase pero no se cumpla”, pues pareciera que, en tratándose de un texto político y no jurídico-administrativo, lo relevante es enviarle un guiño a los integrantes de la CNTE, sin importarle el interés superior de la niñez, ni la calidad de la educación que se les imparta.

En el mismo sentido va el memorándum que López Obrador le dirigió a la titular de la Secretaría de la Función Pública, pues pareciera que Irma Eréndira Sandoval, al presentarle un expediente con supuestos casos de corrupción, le pidió instrucciones al presidente para proceder o para dejar de hacerlo, por aquello de que lo suyo no es la venganza. En el segundo caso, sería ella quien estaría infringiendo el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, por lo tanto, cometiendo un ilícito.

Una historia de fraude

@gomezvives | @OpinionLSR | @lasillarota



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