Eso es lo que siempre dicen los diputados que harán con el presupuesto. La verdad es que hacen lo contrario. La mayoría de las modificaciones al proyecto presentado se concentran en pequeños proyectos que no están debidamente integrados, que jamás se evalúan, que por su número es prácticamente imposible de fiscalizar y que responden, en el mejor de los casos, a compromisos políticos y simple corrupción. Las recientes historias de los célebres “moches” reflejan como en se ha acentuado el fenómeno y, sobre todo, lo natural que hoy resulta la práctica de asignar recursos sin control. Al mismo tiempo, lo fundamental del presupuesto no se cuestiona, salvo temas como el cálculo del precio del petróleo, con la idea de que se generen más recursos que repartir. Desde 1997 en México hemos decidido que el congreso juegue un rol no menor en las decisiones de gasto, al principio eso se tradujo en útiles obligaciones de transparencia que se mantienen (como los informes trimestrales o la creación del Ramo 33), pero cada vez más eso se traduce en peor gasto público.
El juego presupuestal no ha cambiado. El Ejecutivo envía un proyecto con asignaciones bajas para rubros que normalmente interesan a los diputados, como carreteras, caminos rurales, fondos para el campo, metropolitanos y regionales, para universidades estatales y los que sirven para etiquetar pequeños proyectos de cultura, deporte y pavimentación. La negociación será resuelta por alguna re estimación de una variable que afecté a la alza los parámetros de ingreso (petróleo, tipo de cambio, crecimiento, eficiencia recaudatoria) que pagará por el precio que imponen los diputados para aprobar el paquete. El resultado es que la mayor parte del gasto en caminos rurales nunca se ejerce por la inviabilidad de los proyectos (es una bolsa con la que siempre cuenta la SCT para reasignar), el gasto carretero se fragmenta, los recursos del campo son capturados por las organizaciones campesinas, las universidades viven en la incertidumbre de que sus fondos cambien año tras año y miles de millones se desperdician en infraestructura cultural y deportiva que nadie planeo, nadie mantiene y quién sabe si se utiliza.
Son claras las acciones que se pueden hacer para mejorar el presupuesto, aunque pocos los incentivos para impulsarlos:
1) Incluir en el gasto presupuestario normal los que se ejercerán para implementar la reforma energética. Curiosamente, el Artículo 4 Transitorio de la Ley de Ingresos permite que se pueda gastar sin control del Congreso una bolsa para las agencias que se derivan de la reforma con recursos del Fondo Petrolero. Eso explica el mayor endeudamiento, por encima de lo permitido por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Se trata del primer gran nuevo espacio de discrecionalidad presupuestal que se genera desde hace muchos años.
2) Utilizar las múltiples evaluaciones de gasto para asignar mayores recursos a los programas sociales que funcionan y condicionar a los que no. México gasta una buena cantidad de recursos en evaluaciones de buena calidad, que han servido para mejorar la operación y el despeño de las políticas pero sin efecto alguno en las asignaciones de gasto. Por cierto, si la idea es que el renombrado Prospera tenga mejores resultados que Oportunidades pues habría que asignarle más recursos, ya que si compraran rubros similares se registra una caída presupuestal de -2.2%. Es preocupante que el gasto en educación media superior tenga una caída de más de 7%.
3) Se deben exigir garantías de que el gasto en infraestructura tenga condiciones de ejercicio reales. El proyecto incluye una previsión de 16 mmdp para el nuevo aeropuerto y 15 mmdp para los distintos proyectos de trenes. En ambos casos los procesos de licitación o no ha iniciado o se encuentran en etapas iniciales, existe amplias posibilidades de que este gasto en infraestructura no se concreté en 2015, por lo que la inversión pública no sirva para reactivar la economía.
4) Privilegiar proyecto carreteros integrales, que permitan conectar regiones y a productores con centros de consumo y exportación, lo que implica renunciar a demandas particulares de diputados para favorecer a sus distritos, a cambio de una estrategia que mejoré la conectividad del país.
5) Aprobar solamente proyectos debidamente evaluados y registrados. Evitar el etiquetado de pequeños proyectos de los que solamente se conoce el nombre y que no corresponden a esquema de plantación alguna. En cambio, se requiere aprobar un fondo para financiar proyectos complejos de inversión que sirvan para que en procesos futuros en el Legislativo se pueda elegir entre proyectos viables, con una buena rentabilidad social. Es decir los diputados deben renunciar a la discrecionalidad e irresponsabilidad de usar el presupuesto de manera patrimonial.