Opinión

Medios, credibilidad y ciudadanía

Ejercer el derecho de acceso a la información puede servir como método para verificar la veracidad de las informaciones difundidas por medios y gobernantes.

  • 02/01/2022
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En junio del año pasado, la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters, publicaron la décima edición de una encuesta diseñada para medir el grado de confianza que tienen las personas consumidoras de noticias, en más de 40 países.

El informe, intitulado Digital News Report, también analiza la afectación que produjo el coronavirus en los patrones de consumo de noticias; la desinformación, la imparcialidad y la percepción que tienen diversas comunidades, en relación a la cobertura que realizan los medios de comunicación en torno a ellas.

Entre sus hallazgos, sobresale Finlandia como el país en el que sus consumidores de noticias manifiestan tener la credibilidad más elevada, con 65 por ciento de los encuestados; mientras que, en México, los consumidores de noticias apenas manifiestan tener 37 por ciento de credibilidad en las informaciones que consumen.

El análisis del caso mexicano estuvo a cargo de la doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra, María Elena Gutiérrez-Rentería, quien pone énfasis en la problemática que enfrentan los medios de comunicación nacionales: polarización social, contracción económica, efectos de la pandemia, pero también los ataques que reciben por parte del presidente de la República, cuya popularidad es inversamente proporcional a la confianza que tienen los consumidores en los medios.

Precisa la doctora Gutiérrez-Rentería, que otra explicación de la poca confianza que tienen los consumidores de noticias en México, se debe a la difusión de informaciones catalogadas como falsas o engañosas. Proceso en el que intervienen algunos medios, pero también los propios actores gubernamentales.

“En nuestra encuesta, el 69% dice haber visto información falsa o engañosa sobre el coronavirus y un 52% información falsa o engañosa sobre política en la última semana: ambas son cifras considerablemente superiores al promedio de todos los mercados”.

Los resultados del análisis efectuado por la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters, permiten aventurar una provocación al público lector: verificar por sí mismos las informaciones que reciben, provenientes del gobierno federal, de los gobiernos locales y, en general, de cualquiera de los organismos del Estado, considerados como sujetos obligados por las leyes de transparencia.

Si, por ejemplo, el presidente de la República señala que canceló el aeropuerto de Texcoco por haber hallado evidencias de corrupción, los consumidores de noticias podrían solicitar a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Función Pública, copia de dichas evidencias, así como de los acuses de recibo de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.

La intervención ciudadana en el ejercicio de verificación de las informaciones que difunden los gobernantes, permitiría determinar —recurriendo a las fuentes primarias a través del derecho de acceso a la información— quién dice la verdad y quién miente.

Cuáles son las razones por las que el gobierno ha reservado los contratos de adquisición de vacunas contra la covid-19, dónde están los ahorros que el gobierno federal dice haber alcanzado en los ejercicios fiscales de los años 2019 a 2021; cuánto ha invertido realmente en sus obras de infraestructura —comprobantes de por medio— y las razones por las cuales la famosa vacuna Patria que prometieron tener para diciembre del año pasado, nunca llegó a las y los mexicanos.

El ejercicio del derecho de acceso a la información también representa mayor involucramiento de la ciudadanía en la verificación de las informaciones que difunde el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales y, desde luego, los propios medios de comunicación. ¿Están dispuestos a ejercerlo? Este podría ser un muy buen propósito de inicio de año…

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