De pronto, como si se hubieran enterado apenas, al señor Eduardo Medina Mora se le encuentran todos los pecados capitales del sistema político mexicano; el más peorsísimo –que se dice en mi tierra– es el de la presunta corrupción.
Esto es: se ha dicho que tiene depósitos estratosféricos en bancos del extranjero y que tanto él como su familia se enriquecieron de forma ‘desorbitada’ durante las gestiones de gobierno del ahora ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y de ahí en adelante cada día, desde su renuncia como Ministro de la Suprema Corte de la Nación, el 3 de octubre, se han venido desgranando cosas que ‘antes’ no se sabían de la vida pública de quien fue director del Cisen, Fiscal de la República, Embajador y Ministro de la Corte.
Y sí. Tiene que aclarar todas esas sospechas que recaen sobre su persona luego de que la Unidad de Delitos Fiscales encuentra más y más pruebas cada día –según dice– de sus movimientos financieros aún inexplicables. Y será la autoridad judicial la que determinará si en todo esto hay delito o no; culpabilidad o no; sanciones o no. Y es esa autoridad la única autorizada para decirlo.
Pero mientras son peras o son perones al señor Medina Mora lo están achicharrando en su imagen pública día a día. Dice el presidente López Obrador que esto no es una venganza política, sin embargo si no lo es, se le parece mucho.
El presidente dijo el 4 de octubre en su conferencia matutina: “Considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, no sé cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República”. Y de ahí en adelante la suma de hechos que al final de cuentas, lo dicho: tendrá que aclarar frente a la autoridad judicial.
Sin embargo otra ruta que lleva esta renuncia tiene que ver con la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los tres poderes que integran al sistema político mexicano, a la República y al Estado mexicano.
Queda claro en las leyes mexicanas que cada uno de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tiene plena autonomía y soberanía en sí mismos; que ninguno depende del otro y que son factores de equilibrio para la mejor convivencia de la vida del país y sus habitantes.
Pero esto que parece ser un monumento a la razón y a la ley y justicia no siempre se cumple en México. No se ha cumplido por años. No es una novedad que durante décadas el poder Legislativo ha sido una ramificación del poder Ejecutivo y que el poder Judicial –sus integrantes– le debe mucho al poder Ejecutivo quien asume con esto la omnipresencia ejecutiva, legislativa y judicial...
Así ha sido y queríamos que se acabara con esa dependencia envenenada que lo único que hacía era fortalecer al sistema presidencial para jugar al republicanismo, lo que derivaba en corrupción política, burocrática y de toda índole. Impunidad. Leyes a modo. Facturas políticas por pagar... Y todo ese enjambre en el que se envolvía la vida política y pública del país...
Y por lo mismo, por ese atosigamiento y fastidio social es que se votó en contra de todo aquello. De una forma más que evidente el voto de 30 millones de mexicanos decía que querían parar ya aquellos atropellos y desvergüenzas en las que dos poderes estaban sometidos al poder supremo, que era el presidencial.
Hoy parece que estamos frente a la repetición de aquellas viejas historias de arreglos, de composiciones institucionales a modo; de obediencias y abyecciones.
Un Congreso mexicano en donde predomina la mayoría de un solo partido y en donde sus pequeñas rémoras acceden a todo para recibir migajas de poder y migajas de beneficio público. Ahí los partidos de oposición se agotan en sí mismos porque no tienen fuerza suficiente ni modos ni estrategias para enfrentar esa avalancha de decisiones cupulares que surgen desde la presidencia de la República.
Ya lo hemos visto en la Cámara de Diputados y la de Senadores con aprobaciones a veces ridículas como cuando aprobaron obedientes las modificaciones necesarias para que Paco Ignacio Taibo II pudiera ser Director General del Fondo de Cultura Económica... y más casos así.
Ya vimos cómo se mueven en los congresos locales, como fue en Baja California con la Ley Bonilla para pasar de dos años a cinco años de mandato nada más porque sí; o la famosa “Ley Garrote” de Tabasco para proteger la todavía inexistente refinería en Dos Bocas...
Ahora se quiere el control total del otro poder, el de la Suprema Corte. Y si, está en ley que el presidente mande una terna de donde habrá de salir el sustituto de Medina Mora. Lo hará con alguien que le sea fiel. Se dice que no podía ser de otro modo... Pero sí debe ser de otro modo...
Porque precisamente para cambiar este tipo de decisiones antidemocráticas y atentatorias del sistema político mexicano y de la República, según la Constitución, es que se requiere esa independencia de poderes; esa autonomía; esa vida propia y esa responsabilidad nacional en cada uno de sus ámbitos...
Las buenas intenciones del actual gobierno se enturbian con este tipo de decisiones que nos remiten a lo peor de nuestro pasado político. Pero lo peor está en lo que habrán de ser los resultados de todo esto. Un poder supremo y dos poderes subordinados. ¿Es sano eso en una República y en democracia?