Mucho antes de los terribles sismos de septiembre, ya existía un reclamo ciudadano importante para reducir la cantidad de dinero público que se destina al financiamiento de los partidos y al aparato electoral en su conjunto.
Cabe recordar la iniciativa de reforma presentada por el diputado independiente Pedro Kumamoto que posteriormente se convirtiera en ley en el Congreso de Jalisco y cuya constitucionalidad fuera avalada posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ello sin considerar una serie importante de iniciativas legislativas de diferentes partidos políticos que se habían presentado previamente en el Congreso de la Unión, en las que se contemplaba ajustar a la baja la fórmula para el cálculo de financiamiento público.
Austeridad en las autoridades electorales
El reclamo social para moderar el gasto electoral también ha alcanzado a las autoridades electorales. Basta recordar que a principios de este año, el INE anunció la cancelación del megaproyecto de ampliación para las instalaciones centrales en “Viaducto – Tlalpan” que ascendería a 1070 millones de pesos, además de implementar diversas medidas de austeridad en esa institución.
Posteriormente se anunciaron otros ahorros, tales como la cancelación del servicio de pensión de estacionamiento para vehículos oficiales y de trabajadores en oficinas centrales, así como la no adquisición de plantas de emergencia. Recientemente, el INE también anunció que reintegraría a la Tesorería de la Federación 115 millones de pesos, producto precisamente de las medidas de austeridad y racionalidad presupuestal implementadas por ese organismo a principios de año.
Por su parte, el Tribunal Electoral, junto con la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura anunciaron una reducción en 1900 millones de pesos al implementar diversas medidas tales como el diferimiento de proyectos de obra pública no prioritarios, la racionalización de viáticos, pasajes y gastos de ceremonia y difusión, además no utilizar los ingresos excedentes en el año.
Una aplicación móvil
Recién en agosto pasado, el INE aprobó dos acuerdos[1] que regulan, entre otras cosas, la forma en que los aspirantes a candidatos independientes podrán recabar los apoyos ciudadanos necesarios de acuerdo con las leyes electorales para poder ser registrados como candidatos a una diputación, senaduría o Presidencia de la República.
Desde la reforma constitucional de agosto de 2012 que introdujo las candidaturas independientes a nivel nacional, la forma en que se acreditaba el apoyo ciudadano requerido por la norma electoral era a través de la presentación de manera impresa de las cédulas de afiliación ciudadana de apoyo a la o a el aspirante a candidato independiente.
Ello implicaba un gasto considerable para quienes aspiraban a convertirse en candidatos independientes al necesariamente contar con todo un equipo de personas que recabara, imprimiera, sistematizara y entregara las afiliaciones requeridas por la Ley. Por otra parte, la autoridad electoral a través del Registro Federal de Electores, también tenía que incurrir en diversos gastos operativos, al tener que contratar al suficiente personal eventual para revisar, digitalizar y contabilizar cada una de las cédulas ciudadanas presentadas por los aspirantes a una candidatura independiente.
A partir de este año, el INE introdujo una aplicación móvil que evitará el uso de papel para la elaboración de las cédulas de respaldo ciudadano y que, además, permitirá conocer a los aspirantes a una candidatura independiente el número de apoyos ciudadanos efectivamente recibidos, evitando el error humano en el procedimiento de captura de la información. Incluso como parte de la aplicación, se contempla la posibilidad de que se tome una fotografía a la persona que desea manifestar su apoyo a favor de alguna candidata o candidato. Lo cual disminuye el riesgo de que se presenten cédulas de apoyo ciudadano apócrifas o alteradas, o bien que no cuenten efectivamente con el consentimiento del ciudadano en cuestión.
Cabe destacar que los lineamientos aprobados también contemplan que en caso de que los aspirantes a una candidatura independiente enfrenten impedimentos que hagan imposible el uso de la aplicación derivados de condiciones de marginación o vulnerabilidad, se podrá solicitar autorización para recabar las cédulas de apoyo de manera impresa como hasta ahora se venía haciendo.
Después del 19 de septiembre, la presión política, mediática y social ha impulsado a que prácticamente todos los partidos políticos ofrezcan “donar” parte o la totalidad de su financiamiento público a los damnificados por los sismos, sin que exista uniformidad en los montos o porcentajes propuestos para ello, ni en la ruta legal para llevarlo a cabo. Todo indica que la discusión sobre los cómo, cuándo, dónde y los mecanismos para regresar una parte o la totalidad del financiamiento público se extenderá todavía algunas semanas más.
Sin embargo, habría que reconocer que hasta ahora las autoridades electorales han hecho su parte en el ajuste al gasto público y que, incluso, producto de ello, ya existen mejoras e innovaciones en sus procesos como es el caso de la aplicación móvil para registrar los apoyos de los aspirantes a una candidatura independiente.
[1] (INE/CG/386/2017 e INE/CG/387/2017)