Opinión

Mayoría acrítica

El arranque del periodo legislativo ya ha dejado ver la posición y los modos de Morena en la LXIV Legislatura como fuerza mayoritaria. | Marco Adame

  • 18/09/2018
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Inédito y disruptivo, por decir lo menos, está resultando el largo proceso de transición que transcurre entre la elección del 1º de julio y la toma de posesión del presidente electo el 1º de diciembre. De acuerdo con la última reforma constitucional, a partir del próximo sexenio el cambio de poderes será en el mes de octubre, con lo que se acotará el interregno.

Sin embargo, el dato más significativo y sorprendente no es la duración del periodo de transición sino la cesión anticipada de la presidencia de la República por parte del presidente Peña. Aunque de manera formal el presidente actual sigue ejerciendo sus funciones, la agenda política y mediática es ocupada de facto por López Obrador, lo que en opinión de algunos constitucionalistas se aproxima al supuesto del artículo 214 del Código Penal Federal que dispone: “comete el delito de ejercicio indebido de servicio público el servidor que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima”.

Más allá de estas consideraciones que sin duda son polémicas y materia de un debate ético y jurídico, lo importante es constatar el efecto en la agenda pública del país de los dichos y hechos del presidente electo y lo que en paralelo acontece en la arena legislativa a consecuencia de las promesas de campaña y los compromisos del propio López Obrador.

Amnistía anticipada y bancarrota

Al inicio de sus giras de agradecimiento, el presidente electo ha hecho declaraciones preocupantes. Sin ninguna consideración a los señalamientos e investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción incluidos en la llamada “Estafa maestra”, exoneró a Rosario Robles, la señalada ex secretaria de Sedesol y hoy titular de la Sedatu. La amnistía anticipada ha generado todo tipo de reacciones en la opinión pública, la más extendida es la indignación por la reedición de la agenda de impunidad en favor de una antigua compañera de lucha a quien cubrió con la figura de chivo expiatorio; y no menos importante es la descalificación a algunos medios de comunicación por considerar que son parte del ciclo mediático para satisfacer agendas de la mafia del poder. 

Con igual estridencia se han replicado en las últimas horas las declaraciones del presidente electo sobre la respuesta de su futuro gobierno a las demandas sociales más sentidas sobre la situación del país, calificada luego de las elecciones como de estabilidad y orden institucional y hoy como de bancarrota, lo que ha generado diversas reacciones en los sectores económicos nacionales e internacionales, en especial por los efectos nocivos que este tipo de aseveraciones pueden traer para conservar la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica y financiera del país. En el primer caso parece la ejecución de una estrategia para acotar las expectativas de la población, aplicando la receta clásica del “se hará lo que se pueda”; y en el segundo asunto, francamente no se entiende bien a bien lo que quiere comunicar, las especulaciones van desde una señal de ruptura quirúrgica con personajes del régimen a la posición justificadora ante los grandes desafíos como para “amarrarse el dedo antes de cortarlo” lo que no deja de ser inquietante ante la alta incertidumbre sobre el futuro inmediato o los efectos de la cuarta transformación.

Respetar el estado de derecho

En paralelo, el arranque del periodo legislativo ya ha dejado ver la posición y los modos de Morena en la LXIV Legislatura como fuerza mayoritaria. Traen prisa, se ha dicho, y yo agregó que también determinación de sacar adelante su agenda, lo que es natural y explicable. Lo que parece un despropósito es querer hacerlo de cualquier forma y a cualquier precio, en especial cuando se trata de aprobar ordenamientos que tienen que estar bien elaborados y procesados a fin de que puedan aplicarse y sirvan al propósito de generar bienes públicos, como el caso de la reciente aprobación de la minuta sobre remuneraciones topadas para los funcionarías públicos. 

El tema al que hago referencia tiene que ver con una minuta enviada por el Senado y que estuvo en la congeladora legislativa siete años. Con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios se inscribió para su discusión y se votó a favor en lo general. También se hicieron las reservas sobre contenidos obsoletos que hacen inoperante la ley por los cambios sufridos en la administración durante los últimos años. No hubo espacio para la razón, la mayoría acrítica del grupo más numeroso votó en contra de cada una de las reservas, lo que hace incierto el futuro de esta legislación ante la posibilidad de las observaciones que haga el Ejecutivo o su publicación con las inoperancias comentadas. Es sin duda, una ley mal hecha.

Como se puede advertir, estamos en plena transformación de la agenda pública. Lo deseable es que esos cambios sean para bien del país y en ese propósito todos estamos comprometidos, tanto en el gobierno como en la oposición. Habrá que recordar que el mandato de cambio está soportado por la voluntad mayoritaria de los electores y que ésta se legitima en la concreción de reformas que respeten el estado de derecho y que beneficien a lo población, no hacerlo sería traicionar la voluntad soberana del pueblo. Conviene no olvidar que no hay peor mal que el bien mal hecho.

El informe que no fue

@MarcoAdame  | @OpinionLSR | @lasillarota

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