En nuestro sistema electoral que, a pesar de las anunciadas reformas electorales, sigue teniendo como base la desconfianza, el diseño, aprobación, producción, traslado y custodia de la documentación y materiales electorales tienen un costo elevadísimo para nuestra democracia.
El diseño y producción de nuestra documentación electoral es, sin duda, una de las tareas centrales de las autoridades electorales. Contar con documentación y material electoral que simplifique la labor de los ciudadanos, tanto de los votantes como de los integrantes de las mesas directivas de casilla, depende en gran medida de la claridad de su diseño, de la facilidad de su compresión, de la simplicidad de su llenado y, por supuesto, de una adecuada capacitación de votantes y funcionarios de casilla.
Antes de la reforma política electoral, algunas entidades federativas estaban facultadas por la ley para determinar el papel y la forma en la que debían elaborar su documentación electoral. A nivel federal, por ejemplo, las boletas se imprimen en papel seguridad, traído desde Chihuahua al Distrito Federal por carretera, custodiado por elementos de seguridad del estado, y es entregado directamente a Talleres Gráficos de México quien se encarga de imprimir, entre otras cosas, las boletas electorales con, por lo menos, 8 medidas de seguridad, entre las que se encuentra, tal como dice la norma, que estén foliadas. En algunos estados, las boletas no se imprimían en papel seguridad y se producían en una imprenta local. El artículo 216 de la legislación electoral recién publicada, uniforma las medidas y requisitos con las que deben producirse los materiales y documentación electoral al establecer que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobará los mecanismos de seguridad con que deben elaborarse las boletas. Mientras que el artículo 266 de la Ley ya establece, taxativamente, varias de estas medidas de seguridad: las boletas deberán estar adheridas a un talón con folio, del cual será desprendibles y que contará con la información referente a la entidad federativa, distrito electoral y elección que corresponda, las firmas impresas del Consejero Presidente y Secretario del Consejo del INE, en el caso de la elección para Presidente de la República, entre otras, lo cual deja a la autoridad electoral nacional con pocas posibilidades de innovar y, como consecuencia, de abatir costos en este tema.
Por otra parte, la ley establece la forma y los plazos en los que debe distribuirse el material y documentación electoral, en el caso de los Consejos Distritales, quince días antes de la jornada electoral y a los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, cinco días antes del anterior al de la jornada electoral. En todos los casos, se procede al conteo y enfajillado de las boletas que deberán, además, estar firmadas al dorso por el presidente del Consejo Distrital, las que se entregarán a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla que deben resguardar la documentación. Cada una de estas actuaciones deberá realizarse en presencia de los consejeros electorales del Consejo Distrital y de los representantes de los partidos políticos. Al término de la jornada electoral los paquetes electorales deben ser resguardados en el Consejo Distrital.
Recordemos el caso de las boletas de la elección de Presidente de la República en el año 2006. En virtud de la impugnación de la elección presidencial y de los conflictos postelectorales derivados de lo cerrado de la contienda electoral, las boletas y el material electoral tuvieron que conservarse, resguardadas por elementos de seguridad, por más de dos años en las bodegas de las Juntas Distritales Ejecutivas para ser concentradas en 32 bodegas estatales del IFE y resguardadas por elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, hasta el 27 de marzo de 2013 en que se concluyó el traslado y almacenamiento de la documentación electoral en una bodega nacional. Este traslado fue realizado en 12 rutas, del 13 al 27 de marzo, en 84 tráileres y 9 thortons, con un costo total, sólo del traslado, de 1,601,295.74 pesos, según consta en el informe presentado al Consejo General del IFE en mayo de 2013. La destrucción de los materiales y documentación del proceso electoral 2005-2006, comenzó el 4 de septiembre y culminó a principios de octubre del año pasado, más de siete años después de la jornada electoral para Presidente de la República.
De un análisis a elecciones llevadas a cabo en otros países de América, es posible concluir que nuestro país es en el que mayores costos y medidas de seguridad y resguardo se incurren para la elaboración de la documentación y materiales electorales. En Panamá, por ejemplo, la documentación y materiales electorales se distribuyen a los funcionarios de casilla el día de la elección, una hora antes de la apertura de las casillas, las boletas no se encuentran foliadas ni adheridas a un talón con folio, son firmadas, en ese momento, por dos funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla. Las boletas que no contengan esas firmas son anuladas y, una vez realizado el escrutinio y cómputo de cada una de las mesas, las boletas no utilizadas, antes de iniciar esta etapa, y una vez realizado el cómputo, las boletas que fueron contabilizadas, son destruidas en ese momento por los funcionarios de la casilla en presencia de los representantes de los partidos políticos, de los observadores electorales y de la ciudadanía que se encuentre presente.
En ese país, por ejemplo, los ciudadanos no cargan con el costo de la producción de las boletas con tantas medidas de seguridad, ni el resguardo antes, durante y después de la jornada electoral: el material y documentación electoral se distribuye una hora antes de la jornada electoral y las boletas se destruyen una vez realizado el escrutinio y cómputo. El voto electrónico, por cierto, eliminaría los tiempos y costos que implica la votación tal y como se desarrolla en este momento en México. Con el voto electrónico los resultados electorales son casi inmediatos lo que disminuiría el riesgo de impugnaciones y conflictos postelectorales.
En nuestro país, con todo lo sensible que fue este tema en la elección del año 2006, el problema no está en la organización de las elecciones o en el cómputo de la votación. El mayor reto para los ciudadanos, partidos políticos y autoridades electorales está en lograr contiendas electorales equitativas: restringir el financiamiento ilegal en las campañas electorales, acceso equitativo a radio y televisión, un adecuado sistema de rendición de cuentas, medidas y sanciones preventivas que inhiban las faltas administrativas por parte de los partidos políticos y los candidatos, entre otras, por lo que una reforma en este tema hubiera sido importante para simplificar los procesos y reducir los costos de nuestra democracia.
@C_Humphrey_J