Opinión

Matar el FORTASEG significa matar a la sociedad

Suprimir los recursos que reciben las autoridades encargadas de la seguridad pública de los municipios, es dejarlas desprotegidas. | Francisco Rivas

  • 19/11/2020
  • Escuchar

El pasado jueves 12 de noviembre quedó aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), un presupuesto que toma en consideración las preocupaciones e intereses del presidente -crecen los recursos Dos Bocas y los otros proyectos destinados al fracaso- insignias de esta administración, y olvida las necesidades de seguridad y justicia de los mexicanos.

De 2018 a 2019 vimos profundos recortes presupuestales para las policías locales, las procuradurías y fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR), para las áreas de atención a los desaparecidos, a las áreas forenses, para combatir la delincuencia organizada, la corrupción y para proteger a las mujeres, a los periodistas y activistas en materia de derechos humanos.

Dicho recorte, en total llegó a superar el 10% respecto a los recursos designados a la seguridad en 2018, llegando a ser el menor porcentaje del PIB destinado a la seguridad de los últimos 20 años.

De 2019 a 2020 el total dirigido a todo el tema de seguridad tuvo un ligero crecimiento, pasó del 0.89 al 0.96% del PIB. No obstante, dicho incremento, por un lado, no logró reponer los recursos que se habían perdido en el año anterior, por otro, incrementó el presupuesto para el Ejército y debilitó aún más a las instituciones locales de seguridad y justicia.

Para 2020 los mayores recortes fueron para policías municipales, estatales, procuradurías y fiscalías estatales y para la FGR.

Además, este año la pandemia por covid-19 llevó a que la Federación autorizase a los estados y municipios a usar los pocos recursos disponibles para la seguridad, en la atención a la pandemia.

En esta ocasión el Congreso fue más allá, eliminó el fondo clave para la capacitación y profesionalización de los encargados de atender la mayor parte de delitos que sufrimos los ciudadanos: el FORTASEG.

Es fundamental recordar que más del 90% de los ilícitos que se cometen en el país son del orden común, es decir, responsabilidad de las policías locales. Dichos ilícitos son los que más afectan la vida de los ciudadanos, en 2019 la mayor parte de ellos llegó a su máximo histórico y, si en 2020 muchos de estos se redujeron de manera sustancial, fue sólo como efecto del confinamiento, por lo que debemos esperar que, en la medida que la actividad social se regularice, estos habrán de regresar a los niveles previos a la pandemia.

Dicho de otra manera, el Congreso puso en marcha una serie de acciones que ponen en riesgo la vida, la integridad física, el patrimonio y la seguridad de los mexicanos.

Si la mayor parte de los ciudadanos reporta tanto en encuestas de victimización como en las de confianza institucional que es la policía municipal una de las instituciones en las que menos confía, la desaparición del FORTASEG agravará la situación.

Este recorte impide que las instituciones de seguridad pública municipales se fortalezcan para mejorar su desempeño en la prevención de la violencia y la delincuencia; para renovar las condiciones de dignidad de las policías; así como para capacitar en materia de derechos humanos e igualdad de género.

Suprimir los recursos que reciben las autoridades encargadas de la seguridad pública de los municipios a través del FORTASEG, es dejarlas desprotegidas, que enfrenten solas la difícil tarea de garantizar la seguridad de todos los mexicanos e implica incumplir con los compromisos federales.

Por ejemplo, parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y del Programa Sectorial de Seguridad descansaban en los efectos que habría de tener implementar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, un muy buen modelo en el que la actual administración federal hizo una fuerte inversión inicial y que de esta manera no podrá beneficiar a los mexicanos.

El escenario en materia de seguridad es sumamente desalentador y preocupante, en los próximos meses las entidades y municipios deberán enfrentar el impacto de la crisis económica, el abandono de la federación y el consecuente crecimiento de los delitos.

Si la actual bancada de Morena en el Congreso quiere ser seria y mostrar un compromiso con la seguridad de los mexicanos, es imperativo que reconsidere su decisión.

Matar el FORTASEG significa matar actividades económicas, culturales, sociales y propiciar la pérdida de la vida de muchos mexicanos que están siendo abandonados por el principal partido en el Congreso y por el gobierno federal.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.