Lo que parecía casi imposible, la llamada madre de todas las reformas y en torno a la cual se hicieron todo tipo de especulaciones sobre la resistencia civil y la reacción de grupos radicales para impedir su avance, la reforma energética y sus leyes secundarias, han quedado prácticamente aprobadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
En México, la energía y particularmente el petróleo fueron blanco e insignia del nacionalismo revolucionario, la corriente ideológica concebida por Lenin y Nath Roy en 1921, en el marco del segundo congreso de la Internacional Comunista y de la llamada III Internacional, para impulsar la revolución socialista en las naciones "semi feudales" o "semi capitalistas" hoy denominadas en vías de desarrollo o emergentes.
La tropicalización del nacionalismo revolucionario tomó forma en nuestro país en acciones como la expropiación petrolera en 1938, hecho que materializó lo que más tarde Rolando Cordera y el recientemente fallecido Arnaldo Cordova, referirían al afirmar: "En México el nacionalismo no procede del sustantivo nación, sino del verbo nacionalizar". Tendencias ideológicas y tesis que más tarde serían asumidas por el PRI como originarias de la Revolución Mexicana, bajo la influencia del entonces presidente de su Comisión de Ideología, Enrique Ramírez y Ramírez.
Durante tres cuartos de siglo el petróleo ha sido sacralizado, convertido en leyenda y bandera de una revolución mal entendida y de un régimen político que lo utilizó para perpetuarse en el poder manteniendo la pobreza y ampliando la desigualdad social, un régimen que fracasó en la explotación racional de los recursos naturales para generar riqueza y equidad y que, en el momento de su mayor decadencia, lo instrumentó como símbolo de un nacionalismo trasnochado y en defensa de una soberanía nacional desenfocada.
A la vuelta del tiempo, hoy sabemos que con esa visión ideológica sobre nuestros recursos naturales, sobre la energía y el petróleo, no somos un país ni más rico, ni más justo, ni más sustentable. Tarde llegamos a la conclusión de que con esas reglas nuestras industrias de petróleo y electricidad estaban destinadas a la quiebra y a la dependencia tecnológica de naciones con mejores diseños institucionales, más modernas y desarrolladas. A un costo muy alto aprendimos que nuestras finanzas públicas no soportan más la "petro adicción" con la que se sostiene hasta el 40% de la ineficacia del sistema fiscal mexicano, sin que esto se refleje en mayores y mejores obras sociales, en más educación y mejor salud para los dueños soberanos del petróleo.
Por ello debemos celebrar la reforma energética, impulsada con claridad conceptual, coherencia histórica y determinación política por el Partido Acción Nacional, a través del Pacto por México. La reforma en energía reivindica un postulado histórico y un derecho de los mexicanos al uso y aprovechamiento social de los bienes nacionales. De ser correctamente aplicada, ampliará las oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos y fortalecerá la soberanía nacional sin comprometer, como pretenden hacernos creer sus detractores, la propiedad sobre los recursos estratégicos de la nación.
Visto así, puede entenderse más no justificarse, la vehemencia con la que se levantó la bandera de la "privatización" del petróleo durante todos estos años para oponerse a los cambios; también la fuerza con la que se impulsa la consulta ciudadana, hasta ahora sin manifestaciones callejeras, de cara al proceso electoral del 2015. Lo cierto es que, como lo demuestra la evidencia empírica internacional, aún en los países autodenominados socialistas, la apertura del sector energético es condición indispensable para garantizar el crecimiento y desarrollo económico del sector y del país entero. Quizá por eso, cuando llegó la hora del debate fue un tanto patético ver que los argumentos de la izquierda para modelar, como es su derecho en un régimen democrático y plural, una reforma social a la política energética del país, fueron substituidos por una mascarada con la figura del general Lázaro Cárdenas del Río. Congruencia ideológica acaso, pero no fuerza transformadora como la necesita y la merece nuestro país.
Los días que le restan al proceso legislativo y los meses por venir, previos a las elecciones intermedias, serán una oportunidad para consolidar las reformas. La consulta ciudadana, incorporada a nuestra legislación electoral en la reforma política, será un ejercicio para ampliar el debate sobre temas delicados y de trascendencia para el presente y el futuro de México.
Por principio, deberá quedar claro que el sólo crecimiento de la industria no es garantía de desarrollo ni de justicia social. Por ello, bien hacen los legisladores en dejar claro el destino social de la renta petrolera y las condiciones de transparencia y participación social en la apertura del sector energético. Por todo esto, no es menor la precisión y límites que se deben poner a la integración y uso del nuevo fondo petrolero; ni la polémica sobre la conversión en deuda pública del déficit pensionario. Con toda razón, también se han hecho propuestas para incorporar el concepto de energías limpias para garantizar la adecuada transición energética y la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales del país.
Como puede advertirse, son aún muchos los pasos que hay dar para obtener el primer barril y el primer kilovatio de la reforma, no menos de cinco años, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional; algunos años más para ver la primera generación de mexicanos con mayores y mejores oportunidades de desarrollo, si logramos que estos cambios conserven como propósito fundamental cubrir la hipoteca social que deben a esta y a las futuras generaciones.