Los sucesos del viernes pasado en Tanhuato, Michoacán, son interpretados por un número creciente de funcionarios públicos y de analistas como una posible venganza de fuerzas federales ante ataques sufridos a manos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De confirmarse ello, se trataría del proceso de degradación más grave que se haya conocido en México en décadas. Pero también, pondría de manifiesto un estado de guerra no declarado entre las policías federales y efectivos militares contra el CJNG, que controla a sangre y fuego las actividades del crimen organizado no sólo en Jalisco sino en Michoacán –tras la virtual desaparición de Los Caballeros Templarios-, Colima y Nayarit, en alianza con el Cártel del Pacífico.
Indicios acumulados durante los últimos meses apuntan en el sentido de que el esfuerzo central de la autoridad en este caso es evitar que el CJNG domine un segmento importante del territorio al sur del estado, con presencia de zonas serranas que comunican a múltiples comunidades mediante intrincadas veredas difíciles de supervisar aun por aire.
La noche del 21 al 22 de marzo pasado, justo dos meses antes de los hechos de Tanhuato –ubicado a 20 kilómetros de La Barca, Jalisco, y a poco más de 130 de Guadalajara-, sicarios del CJNG atacaron en la población jalisciense de Ocotlán a una partida de la Gendarmería. Un tiroteo en el que se dispararon más de 2,000 balas dejó al final cinco gendarmes muertos, ocho más heridos y seis víctimas mortales más entre civiles.
El pasado 1 de mayo un helicóptero de la policía federal fue derribado dentro de un aparatoso despliegue del CJNG que emprendió o cerca de 40 bloqueos, pegando fuego a vehículos, gasolineras y otros establecimientos. Una jornada de terror que demostró el poder acumulado por un cártel cuyos productos –metanfetaminas y otras drogas de diseño- han sido detectados no sólo en Estados Unidos y Europa sino en naciones de Asia.
El brazo armado de este cártel se extiende también a puertos de Veracruz y Tamaulipas, además de Manzanilla y Lázaro Cárdenas, por donde ingresan los precursores químicos indispensables para operar laboratorios en bodegas y domicilios, mucho más discretos que los plantíos de mariguana o amapola.
La humillación de las autoridades federales sufrida el primer día de mayo, fue registrada por la prensa internacional como una nueva señal de debilidad del gobierno mexicano ante el crimen organizado. La autoridad tiene su versión de los hechos, pero difícilmente podría negar que ha tenido reportes continuos del fortalecimiento del CJNG a lo largo de los últimos años.
Este cártel absorbió las operaciones que el grupo de Los Valencia desarrolló por décadas en la región de Michoacán, con extensiones en otros estados. La mayor parte de sus líderes son michoacanos, pero se asentaron en Jalisco, primer en las zonas limítrofes, luego en regiones cercanas como Autlán y El Grullo, que se convirtieron en la cabecera de una especie de narcogobierno que instalaba células para contralar la vida pública de las comunidades, los accesos carreteros, las policías locales, los gobiernos municipales….
Desde el inicio de la administración Peña Nieto dio señales de desconfianza sobre funcionarios de los gobiernos de Jalisco y Michoacán especialmente sobre los mandos en las procuradurías y las policías estatales. Los operativos federales en esa región se fueron multiplicando, lo mismo que las detenciones de capos clave. A cada acción de la autoridad las mafias han respondido con ataques y emboscadas.
Los hechos del primero de mayo trajeron un fuego cruzado de acusaciones entre autoridades estatales particularmente de Jalisco, y federales, en especial la Policía Federal. Se reiteraron señalamientos contra actores locales, pero también surgieron presuntas pruebas de que el mortal ataque contra un helicóptero habría contado con la complicidad de un mando de la propia policía federal al que se la habrían detectado mensajes comprometedores. A ello se han sumado evidencias de la protección de efectivos policiales a favor de sicarios del CJNG.
Este es el telón de fondo de los hechos ocurridos en Tanhuato, donde un destacamento de agentes federales protagonizó una matanza de al menos 42 civiles identificados como sicarios del CJNG. Los sucesos se produjeron no en una sola zona, el rancho El Sol –como se dijo oficialmente- sino en por lo menos dos –La Tinaja de Vargas fue la otra área. Las primeras fotografías muestran a gente descalza, incluso semidesnuda. Han empezado a surgir múltiples dudas sobre cómo ocurrieron los hechos.
Los análisis disponibles apuntan hacia la posibilidad de Tanhuato marque una nueva y sangrienta etapa en la batalla del Estado mexicano contra el crimen organizado. Una etapa de la que, al parecer, el país no saldrá pronto ni sin mayor sufrimiento.
robertorock@lasillarota