Su señoría, el señor Juez sexto de distrito en procesos penales federales, Alejandro Caballero Vértiz, atendiendo la petición (¿o instrucción?) de la Procuraduría General de la República (PGR) desde el pasado 8 de febrero, pretende convertir la justicia penal en una nueva versión de la Santa inquisición.

¿Por qué?


El juzgador pretende restringir todas las visitas de la profesora Gordillo en su domicilio debido a que su actuar –el recibir a persona– "podría desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano".

Según el acuerdo de Caballero, las visitas y comunicaciones telefónicas o electrónicas de la maestra solo serán permitidas con las personas previamente autorizadas y, en el caso de sus abogados y personas de confianza, deberán demostrar tal carácter ante los elementos de la Agencia de Investigación Criminal encargados de la vigilancia.


Se prohíbe a las personas autorizadas para visitarla el ingreso al inmueble que habita actualmente con cualquier instrumento de comunicación, como en su caso teléfonos, laptops, tabletas digitales, dispositivos de almacenamiento, entre otros

Dice la restricción  de juez.

Además, el juzgador estableció un horario para las visitas, será de las 9:00 a las 20:00 horas, salvo eventualidades.

De acuerdo con la PGR, el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desplegado para vigilar a Gordillo Morales, no tiene la posibilidad de observar directa y permanentemente al interior del departamento confinado para la prisión preventiva domiciliaria.

La dependencia señaló que solo se cuenta con vigilancia en la periferia del edificio y del exterior del departamento, lo que genera que no se tenga conocimiento objetivo de las comunicaciones y temas que se entablan con las personas que visitan a la hoy procesada.

En el escrito enviado al juez, la PGR resalta que se están violentando los alcances y consecuencias de las medidas de seguridad de prisión domiciliaria, porque de facto los hechos superan al mandato del juez, dándole un efecto extendido de lo que es la prisión domiciliaria.

La PGR solicitó explícitamente limitar los "medios de comunicación" de Elba Esther y "tener mayor control del lugar en donde se encuentra".

Sin embargo el juez negó la petición de  la PGR para volver a colocarle el brazalete electrónico. Como sabemos, desde el 22 de diciembre de 2017, la maestra no tiene ese dispositivo de control, tampoco tiene agentes de la PGR dentro de su domicilio y eso no les gusta a muchos, ya que al no tener "ojos y orejas", la profesora Gordillo puede hablar con quien quiera de todos los temas, incluyendo de política.

El pecado de la ex lideresa es hacer proselitismo político a favor de uno de los candidatos a la presidencia de la República: AMLO.

Por lo que su equipo de abogados va a recurrir a la justicia porque el acuerdo del juez es violatorio de la privacidad e intimidad de la maestra.

"¿Pretenden ingresar los policías y estar checando el teléfono? Eso no puede ser, eso es patético, ¿y la computadora y correos electrónicos? Esa es una violación al domicilio porque la prisión domiciliaria tiene solamente un propósito, que es que no salga de allí", comentó el abogado Del Toro, según una nota de Abel Barajas de Reforma.

El juez dio un plazo de 24 horas a la maestra para que le entregue el nombre, identificación oficial y comprobante de domicilio de sus visitantes, así como el carácter en que acudirán a verla.

Y lo más grave es que "en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se suspenderán temporalmente las visitas de familiares y amigos de buena reputación, hasta en tanto se haga del conocimiento los datos antes requeridos".

¿Buena reputación?


¿Qué es eso, señor juez? Hay que decir que Gordillo, a diferencia de otras personas que han tenido prisión domiciliaria, no tiene agentes dentro de su casa, pero afuera hay agentes que la vigilan las 24 horas. No hay ninguna posibilidad de que se escape.

Hemos seguido de cerca el caso y hemos detectado una serie de irregularidad en este proceso penal. Así lo hemos documentado en este espacio de Opinión LSR.

Muchas de las acciones de la justicia hacen ver el asunto como un acto político, la frase del poeta Auden es contundente:


La ley, dice el juez con su mirada de menosprecio, hablando con claridad y suma dureza, la ley es como ya os dije, la ley es como, supongo, sabéis es, la ley, pero dejadme que os lo explique otra vez, la ley es la ley...

Retrospectiva


Todo empezó aquella tarde del martes 26 de febrero de 2013 cuando la entonces dirigente magisterial era arrestada en el aeropuerto de la Ciudad de Toluca junto con otras tres personas, cuando descendía de un avión Cessna Citation Encore, modelo 560, procedente de San Diego, California. Como sabemos, el avión fue asegurado y después se le aplicó la figura del abandono, empero cinco años después una jueza ha dicho que las cosas las hicieron mal, para variar, y el asunto está en litigio. 

Rosa Montaño Martínez, Juez Décimo Quinto en Amparo Penal de la Ciudad de México, anuló el acuerdo de abandono dictado el 23 de julio de 2013 sobre el Cessna porque la empresa propietaria no fue debidamente notificada del aseguramiento.

Al descender del jet le fue presentada a la señora Gordillo una orden de aprehensión, girada dos días antes, por el Juez Alejandro Caballero Vértiz por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tipificado como grave, y sin derecho a fianza. Horas después, a las 22:49 horas, ya estaba recluida en la penitenciaría de Santa Martha Acatitla donde había sido conducida mediante un aparatoso operativo con nueve vehículos de la Policía Federal y de la Marina, procedente del hangar de la PGR. No había necesidad de ello, pero así fue para hacerlo espectacular.

Minutos antes, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, convocaba a una rueda de prensa donde no hubo preguntas ni respuestas, solo se leyó la "información relevante":


Como ustedes entenderán –precisó el procurador–, se trata de una averiguación (previa) que todavía le falta mucho, que tendremos que presentarla ante el juez y por ello es que no puedo contestar preguntas...

Días después, a las veintidós horas con quince minutos del 4 de marzo de 2013, el juez Caballero decretaba auto de formal prisión en su contra como probable responsable de:

1. Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, prevista y sancionada en el artículo 2, fracción I, hipótesis sexta, con relación al diverso 4, fracción II, inciso A; con relación a la primera y las restantes en el inciso b, del mismo ordenamiento; y;

2. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Hace unos meses el mismo juez le confirmó la prisión formal por los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada y, aunque le negó una y otra vez la prisión domiciliara, al final  y gracias a sus abogados le fue concedida como una "gracia".

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Debemos decir que de los tres juicios que enfrentaba Gordillo, solo queda uno por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La historia del caso es larga. Han pasado casi cinco años desde entonces y ahora que está de moda llevar esos temas a la televisión, no descartemos que pueda realizarse una serie de Netflix.

El quid es que después de mucho batallar, su equipo de abogados pudo lograr la prisión  domiciliaria con lo que implica.

Y ahora el mismo juez de la causa ha dicho que Elba Esther Gordillo ha convertido su prisión domiciliaria en una "oficina de despacho". Increíble...

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@fredalvarez | @OpinionLSR | @lasillarota



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