La noticia es buena y oportuna. El gobierno de la CDMX dio a conocer los nuevos mecanismos de coordinación entre las autoridades que intervienen en la atención de bloqueos de vialidades primarias, como parte de la protesta social en la Ciudad de México.
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Todos sabemos que las marchas y mítines causan un gran malestar ciudadano, han provocado daños cuantiosos en la infraestructura urbana y también grandes controversias en la clase política. Por eso y por muchas cosas más, siempre logran captar el interés de los medios de comunicación y las redes sociales.
La legitimidad de la protesta es incuestionable. Pero la violencia que a veces genera debe tener límites, no solo para las autoridades sino también para la sociedad. Como recurso esencial de la democracia, la movilización social no puede ser reprimida violando los derechos humanos, como sí está sucediendo en varios países de América Latina.
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Las amenazas y riesgos de que los conflictos sociales deriven en situaciones de crisis están latentes. Por eso, el gobierno de la CDMX da un paso más en el diseño del marco legal. En primer lugar, para recurrir al uso de la fuerza pública, pero con límites bien establecidos En segundo, para asegurarse de que no se criminalizará la protesta social.
Las acciones para que así suceda y se logre reducir el impacto de las afectaciones no son nada fáciles. La ventaja hoy es que del acuerdo anunciado se desprende un nuevo protocolo, que ha puesto en blanco y negro la forma en que participan y coordinan las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, así como “otras dependencias en caso de que la protesta social se relacione con los temas que les corresponden”.
El nuevo plan está vinculado con dos protocolos que se formalizaron en 2017:
Estamos, por lo tanto, frente a la construcción de un nuevo paradigma en los mecanismos de respuesta de las autoridades de la CDMX ante los manifestantes.
Destacan tres razones
1. Las autoridades privilegiarán el diálogo. Antes que nada, buscarán el consenso con los manifestantes para permitir el tránsito de vehículos, priorizando los de emergencias. De igual forma "exhortarán y propondrán formas alternas para continuar su manifestación y facilitar el tránsito en las vías primarias”.
2. El acuerdo anuncia abierta y claramente el uso de la fuerza, pero con limitaciones. Una de ellas, que los policías no dispondrán de “un arma letal”. Si las autoridades no encuentran “las condiciones para continuar con el diálogo o que haya un peligro real e inminente hacia la vida e integridad de las personas”, éste se suspenderá. Acto seguido, intervendrán elementos de Seguridad Ciudadana para retirar el bloqueo.
3. Serán sancionados los policías y autoridades que abusen de la fuerza. Para que no haya duda, “queda estrictamente prohibido el uso ilegal, irracional, incongruente, inoportuno y desproporcionado de la fuerza” y quien cause daño “a la integridad de las personas manifestantes, será sujeto de rendición de cuentas y sanción de conformidad con la normatividad aplicable”.
En otras palabras, la fórmula aprobada privilegiará, por un lado, el diálogo, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Pero, por el otro, no descarta el uso de la fuerza ni la sanción o rendición de cuentas a quienes se propasen.
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Además, el nuevo plan establece que la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno de la CDMX desarrollará “estrategias para informar sobre las causas de los bloqueos y las alternativas viales, que garanticen los derechos a la vía pública y a la movilidad”.
La decisión anterior es necesaria, pero se percibe insuficiente. La experiencia nacional e internacional ha demostrado que las autoridades deben contar, además, con protocolos detallados de manejo de conflicto y crisis en materia de medios de comunicación y redes sociales.
Existe evidencia de que los errores operativos pueden ser tan graves como los errores de comunicación. El nuevo modelo tendrá que ponerse a prueba y demostrar su eficacia. Para saber si funcionará, no pasará mucho tiempo, pues en nuestra ciudad hay todos los días protestas, movilizaciones y bloqueos.
Al tiempo.
Recomendación editorial: Miguel Ángel Ramírez Zaragoza (Coordinador). Movimientos sociales en México. Apuntes teóricos y estudios de caso. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2016.