Qué responderían los capitalinos si se les preguntara:


¿Qué prefieren?: ¿100 mil millones para un meganegocio, o la construcción de 100 mil viviendas?

La pregunta no es ociosa, es obligada ante el vergonzoso acto ocurrido este 7 de noviembre, cuando las bancadas del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y PVEM intentaron aprobar, con la fuerza derivada del golpismo legislativo, la friolera de 100 mil millones de pesos para la construcción de una planta incineradora de basura destinada a venderle electricidad al Metro.

En una maquinación que hizo trizas los protocolos que deben regir la coexistencia respetuosa y democrática en la Asamblea Legislativa, los diputados de los referidos partidos, empeñados en cumplir las instrucciones que les dictó el Jefe de Gobierno, intentaron entregarle esa multimillonaria concesión a la trasnacional Veolia.

Morena detuvo esta tentativa con la toma de la tribuna en el organismo parlamentario, pues estamos decididos a impedir que a los capitalinos se les endosen los costos de este súper-negocio.

En los recovecos de la fallida concesión se oculta el acto de mayor corrupción en la historia de la Ciudad de México, pues si la maniobra prosperase, a lo largo de treinta años los capitalinos deberíamos pagar 100 mil millones de pesos a la firma multinacional.

En los hechos, este proceso equivale a una semiprivatización del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pues su funcionamiento dependería del fluido proporcionado por una corporación extranjera. Y por si fuera poco, lo compraría con un marcado sobreprecio.

La opacidad, falta de transparencia y de información sobre esta operación, impiden conocer los verdaderos montos de recursos públicos que se destinarán a la planta. Se desconocen datos duros sobre la solicitud de autorización y los anexos correspondientes, es decir, de la letra chiquita, a través de la cual acostumbran filtrarse sobreprecios, permisos adicionales y cochupos de índole similar.

Lo que sí conocemos es que además de financiarle a Veolia la construcción de la planta con dinero del erario, los platos rotos de este agravio los pagaría de manera directa el Metro.

De acuerdo con los datos disponibles, la edificación de la planta costaría 12 mil millones de pesos, cuando, según acreditados estudiosos en el tema, su precio real es de 9 mil millones. Es decir, que quedaría un sobrante de 3 mil millones de pesos, los cuales irían a dar al cochinote de Miguel Ángel Mancera para financiar su campaña presidencial.

La solicitud de autorización para la afectación de remanentes de participaciones federales que le corresponden a la Ciudad de México, presentada a la Asamblea por los legisladores al servicio de Miguel Ángel Mancera, no es sino un mecanismo de especulación financiera en favor de un proyecto criticado, de forma drástica, por Greenpeace y otras organizaciones en defensa de la ecología.

En efecto, de manera reiterada, Greenpeace ha señalado que en vez de los supuestos beneficios del tratamiento de la basura que la administración capitalina le atribuye a la planta, esta ocasionaría gravísimos daños a la salud de la ciudadanía y al medio ambiente.

Al respecto, sostiene:


(El incinerador de basura) "Sepulta la posibilidad de minimizar las elevadas cantidades de basura que se generan diariamente, (lo que acentuaría la de por sí enorme) contaminación del aire"


Es decir, se nos obligaría a respirar, además de otros desechos orgánicos e inorgánicos, residuos de plástico que, como es sabido, provocan cáncer. Desde luego, también se afectaría la salud en las entidades vecinas. Y de forma preponderante, el Estado de México.

La administración capitalina también se compromete a entregar los residuos de forma indiscriminada, sin importar si se trata de residuos orgánicos o inorgánicos, lo que impediría reciclar la basura con las consiguientes pérdidas económicas y afectaciones al medio ambiente.

Tampoco se toma en cuenta el inevitable desarrollo tecnológico, pese a ser muy probable que en tres décadas a la electricidad la reemplace otra fuente de energía. Si así fuera, la capital quedaría atada al monopolio de una empresa arcaica e ineficaz.

La codicia, sumada a los innumerables beneficios que ha brindado a inescrupulosos empresarios para que apoyen sus aspiraciones presidenciales, le impiden a Mancera solidarizarse con las víctimas del movimiento telúrico que cimbró a nuestra capital el pasado 19 de septiembre.

En consecuencia, procura disimular que con los 100 mil millones de pesos que su administración ambiciona canalizar a este meganegocio, podrían construirse 100 mil viviendas, a pagar también en treinta años, el plazo promedio en el que se liquidan las habitaciones de interés social.

Por eso la bancada de Morena se opone a este nuevo intento de desvalijar a la ciudadanía.

Y ratifica su convicción de que, en las amargas circunstancias que enfrentamos, los recursos públicos deben orientarse, sobre todo, a la reconstrucción de la ciudad, a restaurar escuelas, a restituirles su vivienda a los damnificados y a solucionar el problema, siempre apremiante, de la insuficiencia de agua, que con el sismo se acentuó a extremos alarmantes.

Luego pues, no abrigo duda alguna de que, a la pregunta formulada en las primeras líneas de esta columna, la inmensa mayoría de los capitalinos respondería que opta por la construcción de 100 mil viviendas.

@craviotocesar|@OpinionLSR | @lasillarota



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