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Mando Único

La tragedia de Ayotzinapa debe hacernos pensar sobre la viabilidad de que los municipios conserven esa facultad.

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Escrito en OPINIÓN el

La política es un juego de incentivos. La premisa esencial es articular los incentivos correctos de tal forma que las instituciones funcionen de manera correcta en beneficio de la sociedad. Por el contrario, una indebida alineación de incentivos, produce que los intereses se distorsionen y se produzcan efectos corruptores del servicio público.

 

En esa medida, el arreglo institucional y las facultades que se otorga a los distintos órdenes y poderes de gobierno, deben de articularse de forma tal, que los incentivos tiendan a resultados positivos y propicien el buen desempeño de los funcionarios. En el diseño permanente de ese arreglo institucional, debe de considerarse el óptimo deseable, tomando en cuenta el momento histórico determinado que se vive y, sobre todo, a donde se desea llegar.

 

El municipio como la división territorial y el ayuntamiento como órgano político, es el orden de gobierno político más próximo a la gente. Sus funciones se relacionan directamente con el nivel y calidad de vida de los centros de población. Los servicios públicos encomendados a los ayuntamientos por la Constitución, son el agua potable, alumbrado público, disposición de residuos, mercados, panteones, rastro, calles y jardines, así como la muy importante y trascendental facultad del desarrollo urbano municipal y el consecuente cobro de los impuestos por el uso de suelo.

 

Sin embargo, existe una facultad que la Constitución otorga a los municipios, que si bien desde una perspectiva meramente institucional pudiera parecer adecuada, el momento histórico y social por el que atraviesa la sociedad mexicana, hace que se cuestione los efectos corruptores que genera. Se trata de la facultad de seguridad pública que, en términos del artículo 21 constitucional, comprende la prevención de delitos, y la investigación y persecución para hacerla efectiva.

 

La tragedia de Ayotzinapa debe hacernos pensar sobre la viabilidad de que los municipios conserven esa facultad. Es decir, el orden de gobierno más próximo a la gente, es también el más endeble y susceptible de ser cooptado por el crimen organizado. Esa debilidad deriva sobre todo, del hecho de que el Municipio ostenta la facultad de seguridad pública. De no tenerla, el incentivo para penetrar la autoridad municipal por parte de grupos delictivos, se reduciría en extremo.

 

Es una premisa elemental. El crimen organizado tendría pocos alicientes para penetrar en un municipio, si éste no tuviera a su cargo la función de seguridad pública. De ahí que es pertinente retomar la iniciativa de reforma que presentó tardíamente, en octubre de 2010, el presidente Calderón, sobre mandos únicos, tomando como base  el principio de subsidiariedad. En breve, la propuesta de esta iniciativa se traduce en que la función de policía corresponde originariamente a los gobiernos estatales y su mando recae en el Gobernador. A su vez, en casos excepcionales, la federación podría asumir las funciones de policía estatal. Es decir, se elimina el mando municipal sobre la policía preventiva y la seguridad pública.

 

Naturalmente que el gobierno de un estado puede ser infiltrado o cooptado por el crimen organizado, pero al tratarse de un orden de gobierno con mayores recursos y capacidades institucionales, las posibilidades que ello ocurra, se reducen. Parte del drama de Ayotzinapa es que los autores materiales del delito, fueron policías municipales. Se trata de la distorsión más prostituida de una institución de estado.

 

A problemas institucionales, se debe de dar una respuesta y arreglo institucional. La prioridad es encontrar a los normalistas, encontrar a los responsables y reparar los daños ocasionados a las víctimas. Pero el daño ocasionado a la sociedad, sólo podrá ser resuelto con medidas de Estado, a través de soluciones duraderas que compongan las instituciones corrompidas. Una propuesta viable, es el mando único. En nuestro momento social histórico, la policía en manos de los Municipios, genera un incentivo que no hace sino distorsionar la esencia del Estado y del servicio público.

 

@gstagle