La violencia en México no logra controlarse, México sigue padeciendo el mismo índice de homicidios, -incluso- ha ido en aumento las agresiones al personal de la Guardia Nacional en distintas entidades federativas. Esto no es nada nuevo, quienes manejan los estados de fuerza de personal, saben que diario hay enfrentamientos, muertos, heridos, accidentes, encamados o enfermos. Ahí radica la importancia de que el comandante supremo cuide a sus tropas, porque son quienes llevan el peso para mantener el orden interno en seguridad nacional e interior.
Ante la falta de una estrategia que contemple el buen desarrollo de la metodología de una política criminal, es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública tome mayores decisiones inmediatas, para que se puedan producir los resultados que requiere la ciudadanía a corto, mediano y largo plazo. Se requiere de manera urgente una estrategia que pueda unificar el sistema de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.
La herencia de una estrategia fallida por parte del hoy candidato Durazo, provocó que en muchas ocasiones durante la investigación inicial, no se pudieran reunir los elementos materiales probatorios para que el ministerio público federal pueda desarrollar correctamente el ejercicio de la acción penal en contra de los delincuentes que causan los delitos de mayor impacto en México.
México requiere implementar la unificación y sumar esfuerzos, no necesitamos más división que solo les beneficia a unos cuantos, quienes sólo velan por sus intereses particulares. Basta observarlos para darse cuenta que no son leales ni siquiera a su ideología como partido político. Todos ansían el poder, como lo hemos podido ver con los actuales legisladores que cambian de camiseta, como cambiar de calcetines.
Aún muchos no quieren despertar de un letargo que nos alcanzará tarde que temprano, ya sea debido a la pandemia, o a la inseguridad. La quiebra, en caso de ser empresario; la falta de trabajo o empleo bien remunerado, y la hambruna en las áreas marginadas y de pobreza extrema.
Es momento de luchar por ideas que den resultados al interés público y social. Es necesario que como sociedad civil nos eduquemos, igual que otros países que han surgido de sus cenizas. Necesitamos funcionarios que dejen solo de cobrar y que den resultados.
Los índices delictivos de la mayoría de los estados y municipios del país, están en crecimiento, pero la gran mayoría de esos delitos son del fuero común, por lo que deberían ser las autoridades municipales y estatales quienes deberían estar investigando, persiguiendo y previniéndolos. Pero hacer el trabajo no es algo que le guste a los políticos, pues es más fácil dejar esa obligación a la autoridad federal, llámese Guardia Nacional, Ejercito o Marina, ya que si el trabajo sale mal será más fácil echarles la culpa y deslindarse de responsabilidades. Si la autoridad federal tiene buenos resultados, entonces salen a dar la noticia que las autoridades locales realizaron los operativos y acciones correspondientes con apoyo de la autoridad federal. Así toman el crédito del trabajo que realizan las fuerzas federales, pero en caso de que los resultados no se den, entonces siempre tendrán el argumento de que la federación no está cumpliendo con su obligación de brindar la seguridad pública y poder golpear políticamente al enemigo político.
Durante estos años nos hemos acostumbrado a ver en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, los videos de delincuentes asaltando la combi, al transeúnte, al automovilista, el domicilio particular, etc y etc. Pero ¿nos hemos preguntado porqué siempre desviamos la atención de lo importante? Que la autoridad no emprende acciones para prevenir los delitos, y ya ni hablemos de la persecución de los delincuentes.
En México queda claro que la impunidad es de las más altas del mundo, ya que de acuerdo a lo publicado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), en el Índice Global de Impunidad del 2020, México es de los 10 países del mundo con mayor impunidad. Sólo 1.7 % de los delitos son castigados con una pena. Analicemos por qué el trabajo policiaco es limitado y deficiente: cuando al detener por fin detener a un presunto delincuente pasamos ante las fiscalías locales y federal, donde el denunciante tendrá que ser revictimizado para poder denunciar un delito cometido en su contra; además de no confiar en las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos, los malos tratos que reciben, y las amenazas de los presuntos criminales y sus familias tendrán que ser requeridos en un sinfín de veces por la autoridad judicial, -si es que se tiene la fortuna de que se vincule a proceso al delincuente-, para posteriormente esperar todo un proceso penal que termine en una condena. Esto lo seguirá hasta la última instancia que es el amparo directo en caso de no haber conseguido su libertad antes de esa etapa procesal.
Lo más increíble de todo esto es que solo una persona de cada cien que denuncian, podrá ver al delincuente cumplir con una pena de prisión. Así de increíble es nuestro sistema de justicia, y en realidad es solo una pequeña parte de todo un sistema que se encuentra entrampado en la burocracia, la impunidad y la corrupción.
En diferentes países del mundo, se ha podido reducir la incidencia de los delitos con la implementación de un mando único, ya que se entiende y lo hemos visto, que las autoridades municipales son las más propensas a ser utilizadas y copadas por los grupos criminales. Debido a su poco presupuesto, preparación y estructura, las convierte en otro componente de los grupos criminales que, debido al crecimiento de los grandes cárteles de la droga que operan en el país, utilizan la violencia como medio de control. Ese control busca que todos los movimientos criminales de las regiones territoriales que dominan sean única y exclusivamente realizadas por ellos, lo que ha hecho que incluso los criminales menores sean mucho más violentos y preparados que el delincuente tradicional que conocimos en años anteriores. A esto hay que sumarle el hecho de que las autoridades municipales muchas veces son el vínculo que une al criminal con la autoridad regional, siendo muchas veces un contrapeso de las autoridades estatales y federales.
Como hemos visto frecuentemente, la autoridad municipal responde a los intereses de determinado delincuente regional, las policías estatales a intereses distintos, y así hasta llegar con la autoridad federal que ve en las policías estatales y municipales no a un aliado, si no a un enemigo con uniforme. Uno de los ejemplos más claros, es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron detenidos por policías municipales y posteriormente desaparecidos, y aunque las autoridades militares participaron en la investigación y hechos ocurridos en aquel 26 de septiembre de 2014, la realidad -por más vueltas que se les dé y versiones que quieran inventar- es que las policías municipales de dos municipios del estado de Guerrero fueron quienes detuvieron y posteriormente participaron en la desaparición de los normalistas. Eso es un hecho real y consumado, no una suposición. Como este ejemplo, podemos señalar cientos de casos parecidos donde son las autoridades municipales quienes trabajan en coordinación con los grupos criminales regionales y son utilizadas como brazo armado y vigilantes de los intereses de los criminales locales.
Es necesario el fortalecimiento de las secretarías de seguridad pública de los estados y municipios, pero como eso no es de interés para los políticos porque no deja votos, prefieren seguir echándoles la culpa a la federación y a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina de todo lo malo que pase en sus municipios o estados.
La realidad es que es obligación de cada mandatario municipal y estatal es brindar la seguridad mínima necesaria a los ciudadanos. Sin embargo, siempre es más fácil echarle culpas a los demás y desviar la atención. Se confunde y se toma como enemigo al elemento de la Guardia Nacional, al soldado y al marino, cuando la realidad es que no es su responsabilidad.
Seamos todavía más claros, en ningún país democrático deberían estar sus Fuerzas Armadas realizando funciones policiacas, pero ante la necesidad de nuestra crisis de seguridad pública se ha tenido que utilizar al personal militar para proteger al ciudadano. Debe obligarse a las autoridades municipales y estatales a cumplir con su trabajo, de lo contrario no importan todos los esfuerzos y trabajos que realicen la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Será imposible acabar con el crimen si se pelea contra el enemigo y además los traidores. De esto nadie habla, al contrario, tratan de acusar de todo a las Fuerzas Armadas y al Gobierno de la República, pero eso es responsabilidad de cada estado y municipio. Si no pueden, que renuncien a los presupuestos de seguridad y que se forme un mando único para que quienes sí tienen las ganas y la capacidad realicen el trabajo.