Al ordenarle al PRD retrasar en el Pleno de la Asamblea Legislativa el Proyecto de Decreto de Ley de Amnistía, Miguel Ángel Mancera ratificó su vocación represora para criminalizar las protestas sociales.
Perdido el respeto político, sin consideración alguna a las formas que deben normar la convivencia civilizada entre poderes, el jefe de Gobierno se entromete, de forma cada vez más descarada, en las decisiones que sólo corresponden a la Asamblea Legislativa.
Así lo demostró, sin recato, el pasado jueves 27, cuando el PRD presentó por instrucciones de Mancera Espinosa, ante el Pleno del organismo parlamentario, una Moción Suspensiva respecto de la Iniciativa de Ley de Amnistía, que el grupo parlamentario de Morena presentó el 14 de octubre de 2015 ante el Pleno del organismo legislativo.
Por increíble que parezca, pese a que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea la había aprobado hace más de un mes, con lo que se daba como un hecho la anuencia del Pleno a la Ley de Amnistía, el PRD optó por enviarla al túnel del tiempo.
Con esta negativa, Mancera confirma su verdadera careta de represor, y el PRD ratifica que ha perdido por completo el espíritu popular y la ideología de izquierda que en alguna ocasión fueron su brújula y su impulso.
Ante tal escenario cabe preguntarse: ¿Qué pensarían del actual PRD algunos fundadores de ese partido?, como Raúl Álvarez Garín y el ingeniero Heberto Castillo, injustamente encarcelados en 1968, el primero por formar parte del Consejo Nacional de Huelga, y el segundo por apoyar abiertamente al movimiento estudiantil.
Sobresale, asimismo, el talante faccioso que predomina en la Asamblea, que se autonombra como un “Parlamento Abierto”, toda vez que de manera ilegal, con lujo de arbitrariedad el presidente de la mesa directiva impidió que familiares de los presos políticos y de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ingresaran al recinto de Donceles a escuchar el debate. En contraste, toda vez que en la misma sesión se discutía la creación del Instituto de Atención Animal de la Ciudad de México, se permitió la entrada al recinto a mascotas. Qué bueno que se legisle para evitar el maltrato de seres vivos, pero que mal que se impida el ingreso a los afectados familiares de los presos de conciencia, mientras se les abren las puertas a los animales.
Entretanto, cuatro presos políticos, todos jóvenes, continúan injustamente encarcelados en los reclusorios capitalinos por el solo hecho de haber participado en manifestaciones críticas al régimen. Por haber cometido el “crimen” de solidarizase con las demandas de otros luchadores sociales.
Al enviar la Ley de Amnistía a la congeladora, Mancera y el PRD hacen caso omiso de la inexistencia absoluta de pruebas condenatorias en contra de Fernando Sotelo, Jesse Alejandro Montaño, Abraham Cortés y Fernando Bárcenas. Y dan la espalda a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, organismo que emitió seis recomendaciones mediante las cuales documenta el enorme cúmulo de violaciones cometidas por la administración de la capital en agravio de los derechos humanos de cientos de ciudadanos que participaron en manifestaciones y marchas desde finales de 2012 a 2015.
Pero los hechos son más reveladores que las trampas verbales y los disimulos. En efecto, en su reciente comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico de la administración capitalina, dictó línea a la Asamblea Legislativa, al conminar a los diputados a buscar argumentos, a encontrar salidas extra jurídicas para liberar a los presos de conciencia.
Cabe también subrayar que alrededor de 500 ex presos políticos, ya en libertad, continúan el proceso en riesgo de ser de nuevamente encarcelados. De tal manera se demuestra que son Mancera Espinosa y sus cómplices quienes pretenden torcer la ley para que los ex presos de conciencia no reciban compensación por los agravios derivados de su injusto encarcelamiento, y para que los cuatro muchachos aún encarcelados salgan por la puerta trasera, en lo oscurito. Carentes de ética, Mancera, Granados y el PRD olvidan, sin embargo, que los chicos sí tienen principios y, por consiguiente, quieren salir del presidio con la cabeza en alto porque no cometieron absolutamente ningún delito.
Y como la Ley de Amnistía promueve precisamente el olvido, no el perdón, porque únicamente los culpables son susceptibles de ser perdonados, la administración capitalina, por la interpósita persona del PRD en la Asamblea Legislativa, la ha congelado o pospuesto en busca, tal vez, de liberarlos a través de un desistimiento penal, en un intento por ocultar que fueron encarcelados por ejercer su derecho humano a la libertad de expresión y manifestación de ideas.
Si la Ciudad de México aspira a vivir en una cultura basada en los derechos humanos, es preciso garantizar el derecho a la protesta, pues a partir de que Miguel Ángel Mancera se convirtió en jefe de Gobierno, los habitantes de la capital hemos estado sujetos a la criminalización de las manifestaciones públicas y pacíficas, a las aprehensiones arbitrarias y a la acción penal en contra de inocentes.
En resumen: La única y verdadera razón por la cual el PRD impuso la Moción Suspensiva fue la de ocultar el carácter autoritario y represor de la administración de Miguel Ángel Mancera.
Morena reconoce la actuación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, razón por la cual le solicitará convocar, en lo inmediato, a los diputados del PRD, PAN y PRI para de nueva cuenta analizar sus observaciones, y en su caso incluirlas, con la finalidad de aprobar en definitiva la Ley de Amnistía, porque lo importante es devolver la libertad a los presos políticos de la Ciudad de México.