Las reformas al Código de Justicia Militar y Procedimientos Penales aprobadas de madrugada en el Senado, oficializan la tentación del ejército de saldar cuentas con quienes en la historia reciente del país les han dado la espalda y los han exhibido como la última instancia de combate contra el crimen organizado y al mismo tiempo como la institución involucrada en el mayor número de violaciones a los derechos humanos.
Las exigencias de secretarios de la Defensa Nacional como Clemente Vega y Guillermo Galván para que el congreso dotara a las fuerzas armadas de instrumentos y de un esquema jurídico, de una especie de blindaje para operar contra los cárteles de la droga, se cristalizaron por otras vías, de otras maneras, con los cambios logrados en la madrugada del sábado 30 de abril.
Se trató de una jugada maestra por parte de la Sedena, que vislumbró una posibilidad para acceder al blindaje que otras administraciones le negaron. No fue una iniciativa enviada a diputados y senadores. No fue necesario, al final, cabildear un apoyo para logar cambios constitucionales porque el objetivo fue alcanzado por otra vía: las propias leyes militares.
Sin embargo, las claves de la reforma al Código de Justicia Militar también tienen que ver con tiempos y negociaciones más allá de los cuarteles. La imposibilidad de cumplir con los plazos y formas en el tema del Mando Único, por ejemplo, fue un elemento clave que decidió el apoyo irrestricto, en aplanadora, a la Sedena en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Abril se terminó y con él se agotaron los plazos políticos para lograr la consecución del mando unificado como estrategia nacional contra el crimen. También se llegó al límite en los tiempos para la certificación policial, que desde el inicio se perfiló como un fracaso anunciado.
Y de regreso a la zona de desastre, ¿quién se hará cargo de combatir a la delincuencia si los civiles siguen en su desorden y son incapaces ya no se diga de reformar, sino de limpiar a las corporaciones policiacas del país?, se preguntan los militares.
La respuesta es clara e inevitable, sólo que ahora la participación de soldados y marinos se dará con otras reglas, con otros esquemas que blindarán la operatividad militar desde las instalaciones de las fuerzas armadas.
Las órdenes de cateo con las que el Ejército y la Marina podrán ingresar a domicilios particulares y a oficinas de gobierno cuando existan denuncias o sospechas de que sus habitantes y ocupantes tengan algún nexo o participación con el crimen organizado.
Diputados y senadores a favor de los cambios aseguran que éstos obedecen a la necesidad de adecuar y empatar las leyes judiciales militares con el nuevo sistema penal acusatorio, que entrará en vigor en unas semanas más.
La medida es polémica y delicada, porque en los hechos otorgan al fuero militar las facultades que le habían sido canceladas hace unos meses, cuando el mismo congreso determinó acotarlo para redefinir que la justicia militar sólo operará sobre sus pares y no sobre civiles en ninguna forma. Con lo aprobado durante la madrugada del sábado esto será historia.
Cienfuegos presionó al máximo hasta obtener lo que deseaba y más; no sólo revirtió las acotaciones al fuero militar, sino también logró colocar cambios que blindarán la actuación del ejército en el esquema de lucha contra el crimen organizado y además revistió dichas transformaciones en el contexto de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio.
Esto marcará la desaparición de los Consejos de Guerra Ordinarios y Extraordinarios y traerá consigo la creación de tribunales militares de juicios orales que deberán contar con jueces que realmente sean abogados y que además cuenten con especialización certificada en Derecho Militar.
La Sedena no cumplirá en el mediano plazo con esta parte de la exigencia para la transformación de sus sistema de justicia y sí, en cambio, se embarcará en una dinámica operativa que deberá privilegiar de manera especial –mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas efectiva– el respeto a los derechos humanos, agenda en la que la institución que encabeza el general, Salvador Cienfuegos Zepeda, no marcha.
Por eso el mal humor.
CENTINELA.- Desde la tarde del 29 de abril, personal de la Procuraduría de Justicia Militar se presentó en las instalaciones del 19 Regimiento de Caballería Motorizado (RCM) con sede en Reynosa, Tamaulipas, para desarmar y trasladar a un número indeterminado de elementos de dicha unidad como parte de una investigación interna por probables hechos de corrupción relacionados con el crimen organizado.
De acuerdo con familiares de los militares detenidos, los funcionarios de la PGJM le informaron al comandante de la unidad sobre el traslado, para lo cual las tropas del regimiento fueron concentradas en el patio del cuartel.
Ahí recibieron la orden de entregar sus armas, fornituras y equipo porque los iban a llevar a un adiestramiento.
Esa fue la primera versión que los militares les dieron a sus familias cuando les informaron que los llevarían a otro cuartel.
Y así sucedió; los integrantes de 19 RCM fueron trasladados a las instalaciones del 18 RCM que se encuentra en San Fernando, Tamaulipas, en donde declaran desde el 29 de abril, según han dicho sus familiares cercanos.
Al mismo tiempo la Sedena ordenó el traslado del 55 Batallón de Infantería hacia las instalaciones del 19 RCM con el fin de cubrir las operaciones de dicha unidad mientras la PGJM continúa las investigaciones.
Extraoficialmente se ha señalado que algunos de los integrantes del 19 RCM figuran en una nómina del crimen organizado, hallada recientemente tras los enfrentamientos que varias unidades militares y navales tuvieron con miembros de grupos criminales que operan en Tamaulipas.
Este martes deberá conocerse la situación legal de los miliares detenidos en Reynosa.
Por cierto, en junio de 2014 el general secretario Salvador Cienfuegos visitó las instalaciones de ese RCM, así como las del 18 RCM y del 77 Batallón de Infantería en Tampico y de otras unidades militares en Tamaulipas.
Cienfuegos pasó revista y comprobó que todo estaba en orden.
No se trata de uno o dos o tres militares presumiblemente involucrados con el crimen organizado. Se trata de todo un regimiento.
¿Qué ocurrió en estos dos años con esa unidad?