El reciente fracaso de la reforma eléctrica y la ruptura de diálogo entre las fuerzas políticas representa un mal augurio para la discusión de la iniciativa político-electoral.
La creciente fractura entre la oposición y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cancelaron cualquier negociación o acercamiento en el corto plazo; incluso, los partidos contrarios a la ideología de Morena ya declararon que no la aprobarán y que presentarán una propuesta alterna.
Nos cuentan que tampoco se anticipará un periodo extraordinario para debatir el tema, ya que el partido en el poder no cuenta con los votos suficientes para ganar la batalla en la Comisión Permanente, pero eso no es todo, en el siguiente periodo que inicia en septiembre la discusión se centrará en la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos para el 2023.
En consecuencia, un debate más amplio para el análisis y posible aprobación de la reforma electoral sería en abril de 2023, cuando el sexenio del presidente López Obrador entre a la recta final.
Los que más saben dicen que una legislación electoral implicará la reformulación y reordenación de por menos cinco leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley de Partidos Políticos y Ley Federal de Consulta Popular.
Además, para que una reforma constitucional pueda estar vigente para las elecciones del 2024, debe estar publicada a más tardar a fines de junio de 2023, esto es, 90 días antes del inicio de los comicios, lo que es prácticamente imposible de concretar.
Tampoco debe perderse de vista que en junio del próximo año habrá elección para renovar gubernaturas en Coahuila, último bastión priísta, y en el Estado de México, entidad clave en el proceso sucesorio, lo que podría complicar cualquier negociación futura.
No hay que olvidar que desde la reforma política de 1977 y hasta la de 2014 suman un total de ocho reformas electorales constitucionales y todas se llevaron a cabo luego de amplias consultas entre los diferentes actores políticos.
La iniciativa que está en el Congreso plantea desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad independiente y fortalecer al Tribunal Electoral.
El naciente organismo absorbería las funciones de los entes públicos locales, es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal.
También plantea eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y que éstos cubran sus gastos a través de aportaciones de sus simpatizantes y militantes.
El objetivo del gobierno es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles con recursos lícitos. El financiamiento público se mantendría solo para gastos de campañas durante la contienda electoral.
El erario destina cada año más de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos para actividades ordinarias de los partidos políticos, lo que incluye plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles, es decir, para la manutención de estos aparatos burocráticos.
Los expertos insisten en que la dimensión de la reforma hace casi imposible que se apruebe, por lo que nos dicen, los cambios tendrán que esperar a la siguiente administración.
Así las cosas…