La política económica reciente del controvertido presidente venezolano, y su respectivo análisis, representa uno de los nuevos hitos que polariza posiciones en la opinión pública y en la academia que aborda el caso venezolano. Por un lado, hay quienes comienzan a hablar de que Maduro está orquestando un giro neoliberal y, por el otro, están aquellos que más bien la enmarcan en lo más rancio y natural de los ajustes que han hecho los socialismos reales.
Aunque es un proceso que se puede rastrear desde 2014, en 2018 y 2019, el jefe de las Fuerzas Armadas comenzó a optar por medidas para tratar de hacer frente a la grave crisis que enfrenta el país sudamericano y evitar el efecto de las sanciones económicas. Entre ellas se puede destacar: a) dolarización, b) apertura del control cambiario, creación de mercado de divisas y megadevaluación del tipo de cambio oficial, c) eliminación del control de precios, d) reducción de la cantidad y monto de bonos, e) supresión de beneficios laborales y eliminación de contratos colectivos a partir del memorándum 2792, f) reducción del gasto público: supresión del salario mínimo y retiro del Estado en temas de salud, educación, servicios e infraestructura, g) privatizaciones de empresas previamente nacionalizadas: Cadena Éxito, Arroz del Alba S.A., Desaparición de PDVAL y creación de la privada Tiendas CLAP, h) flexibilizaciones a transnacionales, i) devolución de tierras a los antiguos y nuevos terratenientes, j) reducción del crédito comercial, k) cese de expropiaciones para atraer inversiones, l) incentivos a empresas transnacionales para participar en el Arco Minero del Orinoco.
Entre las anteriores, la dolarización de facto representa uno de los ajustes más agresivos por el efecto de dolarizar al país sin dolarizar el salario (reducción del gasto público). Los trabajadores públicos han visto congelado su salario irrisorio mientras los precios no dejan de subir en dólares y, debido a esto, son cada vez más frecuentes las protestas de este sector. Las familias venezolanas (específicamente se estima que sean unas 13 millones de personas) perciben, por concepto de remesas o pagos complementarios, unos 90 dólares al mes. Esto significa que aproximadamente 40% de la población tenga ingresos en dólares, sin embargo, el restante 60% debe hacer recorridos maratónicos para buscar productos subsidiados, comprarlos a sobreprecio, esperar las bolsas CLAP, bajar el consumo de alimentos o simplemente emigrar.
Existe incertidumbre sobre la sostenibilidad (es posible que en algún punto Maduro vuelva una política de control férreo) y consecuencias de estas medidas, sin embargo, ya cumplieron su principal cometido: la permanencia de Maduro en el poder. Eliminar el control de precios y flexibilizar el control cambiario es una confirmación de los errores de Maduro en la forma en que ha venido atendiendo la crisis y resaltan su responsabilidad en la misma. Resta esperar también cómo será la respuesta social ante esos ajustes aunque ya han surgido protestas en barrios pobres y de la organización de base chavista en contra de los efectos de varias de ellas.
La aplicación de estas medidas coincide con el reino del terror impuesto por las FAES (cuerpo represor del Estado), aspecto que ya ha sido denunciado en diferentes arenas por las violaciones a derechos humanos. Pero más que coincidencia, podría verse más bien como una consecuencia.
Las FAES representan un claro ejemplo de criminalización de la protesta y de la pobreza y operan a través de una represión criminal en barrios otrora símbolos del chavismo. El objetivo de este cuerpo no solo es la disidencia política sino bandas delictivas sin proceso justo (lo que, en la práctica, significa criminalización de la pobreza). Es decir, aunque las FAES tienen efectos de sostenimiento del régimen más amplios, también funcionan como el brazo armado de las medidas de ajuste económico de Maduro; estas últimas exigen pacificación.
El reciente tiroteo en la avenida Francisco Fajardo es muestra de esto: la pretendida reactivación económica, junto con el nuevo empresariado ligado directa o indirectamente al gobierno, comienza a demandar acabar con el hampa. En ese sentido, es probable que inicie una clausura de las llamadas zonas de paz en las que dominan grupos de crimen organizado, lo que podría desatar una ola de violencia importante que muestre que el mencionado acontecimiento no fue aislado.
La aparente apertura económica busca garantizar estabilidad política. En ese sentido, vale la pena preguntarse ¿El sector opositor de clase media podrá seguir transformando su descontento en alguna clase de acción colectiva o las concesiones económicas lograrán también el objetivo de sofocar su descontento al constatar que lo económico deja de ser urgencia?
Maduro no gana tiempo con diálogos o con negociaciones, gana tiempo con la dolarización (que funciona como una especie de CLAP para clases medias y altas). ¿Todo esto supone un giro a la derecha en Venezuela? No. Que un gobernante de izquierda militar autoritaria ejecute políticas neoliberales no es contradictorio, sino que es una muestra de lo que tiene que hacer para mantenerse en el poder.
Igualmente, ¿si las medidas de Maduro son de corte neoliberal, podrá detonarse el tipo de descontento y respuestas sociales que suele generar dicha política económica en la región? ¿Seguirá Maduro teniendo éxito en la aplicación de su maquinaria autoritaria para asfixiar cualquier atisbo de acción colectiva? ¿Las medidas son solo una burbuja superficial o el inicio de una recuperación económica más importante? ¿Son el primer paso para un nuevo acuerdo de gobernabilidad y cohabitación?
* Dr. Carlos G. Torrealba Méndez
Licenciado en filosofía por la Universidad Central de Venezuela
Maestro en sociología política por el Instituto Mora
Doctor de investigación en ciencias sociales por la Flacso México